Como si fuera motivo de orgullo, Felipe Calderón afirmó que en los treinta años previos a su mandato, “solo se construyeron seis penales federales”, mientras que al finalizar su administración se habrán entregado 22 más, “la mayor obra de infraestructura penitenciaria que se haya hecho en el país”. Así está aceptando que la delincuencia creció exponencialmente durante el actual sexenio, porque se fortalecieron las condiciones idóneas para ello debido a la nula atención a los problemas sociales, que se generaron por haber sido incapaz de crear los satisfactores que evitaran la terrible descomposición del tejido social en estos últimos años.
En efecto, nunca antes había crecido en tal forma el número de individuos que merecieran ser llevados a prisión, como resultado de la cancelación de oportunidades a miles de jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral. Por más que trata de confundir a la sociedad, lo cierto es que el desempleo aumentó como nunca antes en este sexenio; aunque trate de engañar a la población con cifras manipuladas que el grueso de la ciudadanía, siempre tan desinformada, no pone en duda porque parecen ciertas, la realidad es que con apenas poco menos de millón y medio de nuevos empleos creados en los últimos cinco años, es imposible superar un déficit acumulado de más de siete millones en el periodo.
Al hacer una visita al Complejo Penitenciario Número Tres de Papantla, Veracruz, catalogado como de “ultramáxima seguridad”, Calderón hizo un panegírico de su tarea constructora de penales, como si con ello se fueran a remediar los gravísimos problemas de violencia e inseguridad que padecemos. Vale decir que bien podría construir cien más en el país, y los mismos serían insuficientes para meter a cada vez más jóvenes que se ven forzados a delinquir porque no les queda otra alternativa. Como igualmente sería el caso si se aprobara en el Congreso la reforma laboral que tanto anhela para cumplirle a la oligarquía.
La dramática precarización del trabajo que se pondría en marcha, generaría más descontento social, y con ello más violencia, así como un crecimiento exponencial de actividades delictivas, por el imperativo de completar el gasto para los hogares y por el acelerado proceso de pérdida de valores, al vivir en una realidad canallesca y profundamente desigual e injusta.
Es claro que Calderón está imposibilitado para ver los fenómenos sociales en toda su dramática complejidad, como lo patentizan sus anteriores palabras. Pero también para tener un elemental sentido de autocrítica. Así lo demuestra su condena a la impunidad, cuando este sexenio se ha distinguido por el entorno de impunidad que caracteriza a su gobierno. ¿Cómo se atreve a demandar justicia, “justicia para una sociedad agraviada y humillada por la impunidad que prevalece en el país”, teniendo a su lado al secretario de Seguridad Pública, el funcionario más cuestionado de su gabinete, precisamente por la impunidad de que disfruta?
¿No es acaso Pemex una gran víctima de la impunidad de que gozan sus principales funcionarios, pese a que se han presentado pruebas contundentes de la corrupción con que ha sido manejada la empresa en la actual administración? Pero en vez de actuar con un verdadero sentido de justicia, ahora quiere que los trabajadores paguen las consecuencias de tanta corrupción y tantos desaciertos, como lo hizo patente en la ceremonia conmemorativa del 74 aniversario de la expropiación de la industria petrolera. Afirmó que el pago de las pensiones a los jubilados ponen en riesgo a la empresa, no la sangría tremenda de que es víctima, no sólo porque Hacienda se queda con el 80 por ciento de sus utilidades, sino por la voracidad de sus funcionarios, de la dirigencia sindical y de sus proveedores y prestadores de servicios.
Con su lógica antiobrera, sin que le tiemble la voz puntualiza que son los trabajadores los que deben cargar con la solución de un problema que ellos no han generado. Aun cuando no lo haya dicho abiertamente, dejó en claro que son ellos quienes deben desembolsar el costo de las pérdidas de Pemex, que el año pasado ascendieron a 91 mil 500 millones de pesos. Si tan solo se redujera el pago de los intereses del mecanismo Fobaproa, no habría necesidad de afectar a los pensionados de la paraestatal, aun cuando representan un pasivo muy fuerte, que se estima en 787 mil millones de pesos.
Mientras la corrupción no sea frenada, mientras la impunidad sea la principal característica de un régimen injusto e inequitativo, mientras se siga afectando de manera tan inhumana a los trabajadores, podrán construirse miles de cárceles de máxima seguridad, y el problema de la sobrepoblación en ellas seguirá creciendo. Pero desgraciadamente esto no parece entenderlo Calderón. Lo malo del caso es que aún faltan ocho meses para que se termine el sexenio.
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