MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace 10 años un grupo de mujeres solicitó a la Secretaría de Trabajo del DF ser registradas como “trabajadoras no asalariadas”. Esta modalidad es una forma de reconocimiento del Gobierno del DF a personas que se dedican, en vía pública, a la venta de servicios (como los boleros) o de productos (como la comida o la ropa). Lo relevante de este grupo es que se trataba de las llamadas “prostitutas”, que consideraron que lo que hacen es un trabajo y, en consecuencia, pidieron ser reconocidas como tales: trabajadoras no asalariadas.
El hecho en sí mismo
es significativo, como lo fue la decisión de ampararse contra la
negativa que recibieron en 2004, y como también lo es la magnífica
resolución de la juez primera de Distrito en Materia Administrativa del
DF, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien finalmente les
concedió el amparo. Por su parte, la nueva secretaria del Trabajo,
Patricia Mercado, ha decidido acatar la resolución de la juez y
expedirles las credenciales del caso.
Se recordará que respecto a
la venta de servicios sexuales persisten dos paradigmas: uno es el que
considera que la explotación, el sometimiento y la violencia contra las
mujeres son inherentes al comercio sexual, y el otro es aquel que
plantea que se trata de una actividad laboral con un rango de formas
variadas de desempeño (al igual que otros trabajos) y que deberían
reconocerse los derechos y obligaciones de quienes se dedican a ella.
Las investigaciones sobre el comercio sexual muestran que no es un
fenómeno homogéneo, que se desarrolla de formas muy distintas,
dependiendo de diversas cuestiones, y que en lugar de existir un claro
contraste entre un trabajo libre y una explotación forzada, hay un
continuum entre variadas formas de una relativa libertad y de coerción.
Admitir
que las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con
formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, lleva a
aceptar que en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción
elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero,
mientras que en otros se vuelve una de las situaciones más espantosas y
degradantes que una persona puede vivir. Muchas mujeres ingresan por
desesperación económica, otras son inducidas por la droga, pero algunas
realizan una fría valoración del mercado laboral y usan durante un
tiempo la estrategia del comercio sexual para moverse de lugar, para
independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o echar
a andar un negocio.
Los padrotes y las madrotas funcionan como
los empresarios: hay buenos y hay malos. Lo mismo ocurre con los
clientes: hay violentos pero también hay decentes y amables. O sea, al
mismo tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal,
con mujeres engañadas e incluso secuestradas, también se produce un
comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y llegan a
hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e
incluso a casarse. Quienes insisten en que la prostitución es violencia
contra las mujeres, tienen razón, pero no en todos los casos. Quienes
sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas también
tienen razón, pero no en todos los casos.
Lo que es un hecho es
que, con el objetivo de combatir el “tráfico” y la trata, ciertos
gobiernos lanzan políticas restrictivas contra las trabajadoras
sexuales en general. Esto responde a una cruzada moralista (integrada
por la derecha religiosa y las feministas abolicionistas) encabezada
hace años por el gobierno de Estados Unidos, que ha logrado cierto
éxito al demonizar el comercio sexual mezclándolo con la trata.
Desde
hace años han aumentado los table dance y las strippers, los shows de
sexo en vivo, los masajes eróticos, los servicios de acompañamiento
(escorts), el sexo telefónico y el turismo sexual. Este crecimiento
viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y del
neoliberalismo, cuya desregulación del comercio ha permitido la
expansión de las industrias sexuales como nunca antes, con una
proliferación de nuevos productos y servicios sexuales. Los empresarios
tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes
y burdeles locales en varias partes del mundo, en un paralelismo con
las empresas trasnacionales de la economía formal. Y al igual que
éstas, algunas se dedican a negocios criminales.
Sin embargo,
aunque hay una gran diferencia entre la trata y el comercio sexual, la
representación que suele hacerse en los medios de comunicación de las
mujeres que se dedican al comercio sexual es cada vez más la de
víctimas que deben ser salvadas. Reiterar las horríficas historias de
las verdaderas víctimas de “tráfico” oscurece las historias de las
trabajadoras sexuales, y el tema de sus derechos laborales aparece como
irrelevante. Por eso es tan importante no sólo la sentencia de la juez,
sino asimismo la declaración que hizo hace unos días el procurador del
DF, Rodolfo Ríos: “Prostitución sí, trata no”. Sin el moralismo
rampante que circula tan fácilmente hoy en día en las declaraciones de
los funcionarios, el Gobierno del DF deslindó con claridad dos cosas:
el derecho a trabajar y el delito de la trata, lo cual es tanto un paso
fundamental en la defensa de las trabajadoras como en la lucha contra
la trata.
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