En diciembre de 2010 otorgó una extensión de servicios por un monto
adicional de 120 millones; el delito es considerado no grave y
alcanzaría libertad bajo fianza
Mario Ávila Lizárraga contendió por la gubernatura de Campeche en 2009. Foto: Especial
Autoridades de la dependencia federal confirmaron a 24 HORAS que, en el marco de las indagatorias relacionadas con los fraudes y blanqueo de recursos de Oceanografía, se integra una línea de investigación por los contratos autorizados por este ex funcionario, quien ha sido señalado públicamente como cercano a la familia Mouriño.
La irregularidad más evidente en que habría incurrido, como lo confirmó esta semana el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, es un contrato que firmó sin ejercer ya el cargo que le permitía hacerlo.En la Procuraduría confirmaron que se trata de la extensión (adenda) del contrato número 428237855 firmado en diciembre del 2010 entre PEP y Oceanografía SA, y el cual fue pactado originalmente en 2007 por un monto de 830 millones de pesos.
Dicho contrato era por el servicio de inspección estructural de plataformas marinas. La adenda otorgaría más de 120 millones extras al monto original.La irregularidad consiste en que Ávila, según los documentos con los que se cuenta, autorizó y firmó la adenda el 5 de diciembre del 2012, una semana después de que ya no ocupaba el cargo que lo autorizaba para ello, por lo que carecía de facultades.
Delito no grave
En la Procuraduría explicaron que de confirmarse esta situación se podría configurar el delito establecido en el numeral II artículo 214 del Código Penal Federal, que sanciona al que “continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se ha suspendido o destituido”.
Se trata de un delito no grave que alcanza fianza pues la penalidad es apenas de un año de prisión, pero en la PGR indicaron que podrían surgir otros delitos en la investigación.El Ministerio Público está a la espera de que concluya la investigación interna que realiza Pemex para conocer los alcances de las irregularidades en que habría incurrido Ávila, y la presentación de la denuncia formal de la paraestatal.
Una vez que esto ocurra Ávila Lizárraga podría ser citado a declarar. También se verificará pericialmente que la firma no haya sido falsificada.“Aún es prematuro para establecer una posible responsabilidad de Ávila. Hay que esperar la indagatoria interna que realice Pemex y el propio avance de la investigación de la Procuraduría. Por lo que se ve podría configurarse un delito pero hay que esperar”, indicó un funcionario federal con conocimiento del caso.
A más de un mes de iniciadas las investigaciones por las irregularidades relacionadas con Oceanografía SA, la Procuraduría aún no ha informado públicamente si ya solicitó órdenes de presentación o aprehensión en contra de probables responsables.
Cercano a Mouriño
Este diario publicó el pasado 7 de febrero que Ávila Lizárraga fue cercano al fallecido ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. Su apoyo fue fundamental para que buscara la candidatura del PAN al gobierno de Campeche. Previo a su ascenso como un alto ejecutivo de Pemex, Mouriño lo colocó en el 2002 delegado de Sedesol en Campeche, y en 2008 lo impulsó para contender por la gubernatura, que perdió ante el priista Fernando Ortega Bernés.
Las sospechas sobre su actuación irregular ya como directivo de Pemex no se limitan a Oceanografía. Desde ese cargo, también concedió contratos a otras empresas entre ellas Grupo Empresarios del Sureste por 422 millones de pesos. La apoderada legal de dicha empresa es la esposa de Ávila.
Establece IMSS dos formas para defraudar
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya, informó que la denuncia presentada contra la empresa Oceanografía se fundamenta en 30 “actos de autoridad” por los cuales se estableció el fraude a los trabajadores de dicha compañía.
Describió dos métodos aplicados por la empresa para evitar pagar la cotización exacta del salario de los empleados a través de outsourcing, y otras firmas por las que se contrataban y aseguraban a los trabajadores.Para evitar las auditorias e investigaciones fiscales, dichas empresas iban cambiando de nombre o se creaban otras nuevas.“Había dos esquemas, había una subcotización, por cada trabajador no se cotizaba exactamente lo que realmente ganaba; pero también parte de la problemática es que los pagos se hacían a través de otras compañías, no directamente con esta compañía.
“Cuando se hacía un acto de autoridad por parte nuestra, o quizás de otras autoridades, se iban cambiando las compañías, entonces eso dificulta el trabajo de fiscalización”, detalló el funcionario.
Subrayó que en este caso, los agravios no son en contra del IMSS, sino en perjuicio del patrimonio de los trabajadores de la empresa.“Lo importante, lo de Oceanografía se ha hablado que fue un fraude al IMSS, pero yo enfatizo y he enfatizado que en gran parte fue un fraude a los trabajadores porque no se cotizó lo que se tenía que cotizar”, subrayó el director del IMSS.La semana pasada, el IMSS presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República en contra de quien resulte responsable por el fraude.
“Es una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable por los hechos que se están mencionando alrededor de Oceanografía”, confirmó González Anaya.
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