Miguel Concha
El
control, limitación o desaparición de espacios para la expresión de las
ideas en medios digitales pretende hacerse legal. Su censura está a la
vuelta de la esquina, si no es que ya llegó. En fechas recientes hemos
presenciado debates sobre puntos nodales en telecomunicaciones y
radiodifusión, en el Congreso está por abordarse el tema de la ley
secundaria al respecto y mucha gente se mantiene a la expectativa de si
se logrará concretar la tan publicitada reforma democrática en esa
materia.
Aunque muchas de las discusiones se han centrado en cómo se pondrá
de acuerdo a las grandes corporaciones en este ramo, es también
menester denunciar los intentos del gobierno por limitar la libertad de
expresión y el libre acceso a los instrumentos digitales. Esto plasmado
con claroscuros respecto de las libertades democráticas en medios de
comunicación, sobre todo en Internet, en el proyecto de ley que fue
redactado desde la oficina del titular del Ejecutivo federal.
En el borrador o última redacción, a la que tuvieron acceso diversos
impresos, sobresale en efecto que se faculta al gobierno para bloquear
e impedir las señales de comunicación que conforme al articulado de esa
ley serán transmitidas en
eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional. Y en la sección de
obligaciones en materia de seguridad y justicia, la propuesta establece un tinglado de artículos que legalizan entre otras cosas la censura para transmitir noticias o cualquier tipo de mensaje que sea contrario a la seguridad del Estado o al
orden público. Con lo que implícitamente se niega igualmente la neutralidad en Internet, y se restringe la información que circule por ese medio.
Estas propuestas habilitan que el Estado pueda perseguir a personas
o grupos que a su juicio ameriten la limitación e intervención de sus
comunicaciones, y sean por tanto objeto de investigaciones policiales.
Todo contando con el apoyo de empresas proveedoras de estos servicios,
y bajo los mismos pretextos con los que se estableció el mecanismo de
geolocalización incluido en el Código Nacional de Procedimientos
Penales.
Esa propuesta de ley violenta entonces de entrada el derecho de las
personas a la libertad de expresión, a su intimidad y privacidad, e
impide de tajo el derecho que tienen de acceder de manera libre y sin
regulación alguna a la información que circule por Internet. Confirma
también por un lado las intenciones obsesivas que el Estado tiene para
controlar todos los terrenos posibles, y por otro la forma como amplía
su plan legislativo para reprimir no sólo en los espacios públicos,
sino también en los virtuales.
El caso del sitio de Internet 1dmx.org así lo confirma, y delata las
prácticas arbitrarias y autoritarias del gobierno, orquestadas desde
las instituciones encargadas de la seguridad del país, en estrecha
colusión con empresas proveedoras de servicios en Internet, que
directamente responden a los intereses y órdenes del gobierno de Estado
Unidos. La semana pasada ello quedó al descubierto, al darse a conocer
información relacionada con la censura de este sitio virtual, que había
funcionado por poco más de un año como una herramienta de documentación
de las graves violaciones de derechos humanos, sobre todo en contextos
de protesta social.
Se
trata de un sitio de documentación, pero también de un proyecto de
vigilancia ciudadana, porque supone que cualquier persona puede ser
observadora de derechos humanos. Un proyecto que registra, comparte y
denuncia abusos de la autoridad. Es además una muestra de que este tipo
de esfuerzos tiene resultados efectivos para romper el cerco
informativo y obligar a las autoridades a asumir sus responsabilidades.
Recordemos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
obtuvo mucha información valiosa de esta página web, y que con ello
conformó la recomendación 07/2013 sobre lo acontecido el primero de
diciembre de 2012. Pues bien, esta página fue suspendida sin
justificación alguna. Cuando las personas que la administraban
requirieron información a la empresa GoDaddy.com, e investigaron más al
respecto, descubrieron que el gobierno mexicano, por medio de la
embajada de Estado Unidos, orquestó el cierre de la página, con el
argumento de que se encontraba bajo una investigación policial. Es
grave que se amenace con iniciar investigaciones policiacas contra
personas que documentan violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, hasta la fecha ninguna autoridad, mexicana o
estadunidense, ha reconocido contra quiénes o por qué se inició una
investigación. Ambos gobiernos tienen sin embargo la obligación de dar
una explicación sobre el caso y sobre cuál fue su participación. ¿Por
qué un sitio de Internet que recaba información sobre casos de
criminalización de la protesta social está bajo investigación del
Estado? ¿Será acaso porque los actuales gobiernos temen la organización
de la sociedad y el uso por ésta de las herramientas que proporciona el
Internet para defender sus derechos?
La configuración de un Estado autoritario pasa por la delimitación o
eliminación de todo tipo de espacios de organización y disenso social.
Las redes sociales, páginas web, plataformas audiovisuales y cualquier
tipo de medio digital que sirva para su organización y denuncia, corre
el riesgo de verse limitado o suspendido. Se pretende anular toda
posibilidad de seguir ampliando la vigencia de los derechos humanos
mediante una herramienta como la Internet. La restitución del sitio en
días pasados no elimina la censura.
Hasta ahora nadie ha asumido públicamente su responsabilidad por los
impedimentos para acceder al sitio durante tres meses. Mucho menos se
ha sancionado a los responsables. Se podría asegurar que el actual
gobierno perfecciona y moderniza sus mecanismos de censura con la
comparsa de empresas proveedoras de servicios. Y con la intervención de
gobiernos como el de Estados Unidos.
Pareciera que en México nos enfrentamos a un Estado que se perfila
para violentar ahora de manera sistemática derechos humanos digitales.
Ello no obstante, Internet es una herramienta clave para concretar la
democracia y los derechos a la libertad de expresión e información. Por
tanto, su censura es tan grave como la de cualquier otra forma de
comunicación.
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