Por Ricardo Monreal Ávila
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Si Alejandro Poiré, secretario de Gobernación en 2010, hubiese testificado formalmente ante una autoridad ministerial la muerte de "El Chayo",
ahora mismo estaría enfrentando un juicio por "falsedad en
declaración", delito que se castiga con seis a 10 años de prisión y de
100 a 300 días de multa.
Pero como la tomadura de pelo
la hizo únicamente a 100 millones de mexicanos, la felonía de dar por
muerto a alguien que siempre estuvo vivo –Nazario Moreno, "El Chayo",
estuvo tres años y tres meses muerto, pero de la risa–, este delito
informativo se castiga únicamente con el escarnio y la burla públicas.
La
segunda muerte de "El Chayo" ha puesto en evidencia la manera
irresponsable, superficial y hasta paranoica con la que se condujo el
combate a la delincuencia durante el gobierno anterior.
No
está de más el recuento de las pifias: capos a los que se daba por
muertos, cuando en realidad seguían vivos; delincuentes a los que se
abatía incidentalmente, y hasta después se enteraban que era alguno de
los "más buscados", como "El Lazca"; inocentes a los que se confundía
con familiares de capos, como el supuesto hijo de "El Chapo" Guzmán,
que resultó ser un vendedor de autos usados; familias, niños y civiles
que murieron en medio del fuego cruzado y a los que se etiquetó como
"daños colaterales"; jóvenes a los que se presentaba de manera sumaria
como delincuentes, cuando en realidad eran víctimas del crimen
organizado, como el caso de Salvarcar en Ciudad Juárez; un "Chapo"
buscado por todo el mundo, cuando "todo el mundo sabe que vive en
Guanaceví, menos las autoridades", denunció el obispo de Durango;
recreaciones de capturas ad hoc para la televisión, violentando el
debido proceso, y que después devenían en conflictos internacionales
como el caso Florence Cassez; presentaciones mediáticas y
escenográficas de narcotraficantes capturados, que lejos de inhibir las
conductas delictivas terminaban haciendo apología del delito; "testigos
protegidos" cuyas falsas imputaciones tenían más fuerza y valor
probatorio que cualquier indagación ministerial; uso y abuso
sistemático de una figura inconstitucional como el arraigo;
descoordinación y enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del
Estado como el caso "Tres Marías", y la utilización y manipulación del
aparato de justicia contra adversarios políticos, son algunas de las
prácticas con los que se construyó en el sexenio pasado un Estado de
derecha, no un Estado de Derecho.
La segunda muerte de "El
Chayo" exhibe la simulación, manipulación e improvisación de algo que
debió ser desde su inicio una política pública ejemplar de Estado.
Quedaría
a nivel de incidente chusco de no ser porque esta simulación de Estado
costó más de 60,000 muertos, 20,000 desparecidos, y un gasto público
deficitario en materia de seguridad.
La ciudadanía ya se
cobró en las urnas esa simulación sexenal. Pero los agravios sociales y
familiares que dejó esa guerra fallida todavía están a la espera de un
juicio contra los responsables.
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