TUXTLA
GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El juez de paz y reconciliación indígena de
San Juan Chamula, Ricardo López Hernández, desmintió la supuesta
detención de la niña tzotzil Roxana “N”, a quien su madre vendió en 24
mil 700 pesos, y aseguró que él nunca llevó el caso.
En
entrevista, manifestó que quienes tomaron el asunto fueron las
autoridades tradicionales indígenas, a petición del joven “comprador”
que exigió la devolución de su dinero, debido a que nunca se concretó
una relación formal con la pequeña de 14 años.
De acuerdo con López Hernández, al percatarse de que se había tratado de un delito de trata de personas, las autoridades tradicionales empezaron a indagar y detuvieron por varias horas a la madre, pero nunca a la adolescente.
Señaló que después de tres meses de vivir en Chamula con el hombre que la compró, la joven de Mitontic regresó a su casa, por lo que aquel exigió que se le regresara el dinero que había pagado por ella.
Dijo que el sujeto pagó 24 mil 700 pesos, pero la madre fue emplazada a devolver sólo 20 mil pesos en un plazo de 15 días.
El organismo no gubernamental Melel Xojobal y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) consideraron grave que ese tipo de hechos que violentan los derechos de las niñas y adolescentes sigan ocurriendo en Chiapas, particularmente en la región de Los Altos.
Señalaron que actos de autoridad como el de Roxana no sólo vulneran la libertad de decisión de las niñas y adolescentes, sino que también perpetúan las condiciones de opresión por su condición de género y edad, y la violación de derechos que generalmente se originan en las uniones tempranas, entre ellos el sano desarrollo psicosexual, además de las rupturas en sus entornos sociales, la continuación de los círculos de violencia y la violación de sus derechos sexuales y reproductivos.
Por ello, exigieron que se realice una revisión del caso y se otorgue una enmienda sobre el mismo, la cual debe ser representativa y justa para que las comunidades también puedan avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes que ahí viven y superar los estereotipos machistas que continúan vigentes.
Asimismo, señalaron que los usos y costumbres de las comunidades en ningún momento pueden pasar por encima de los derechos humanos de las personas que las integran, mucho menos por encima del interés superior de niñas y niños.
De acuerdo con Lucía López Díaz, indígena tzotzil de Chamula, es costumbre que si a un joven de ese lugar le gusta una muchacha, habla con los padres de ella para que se la “vendan”, y si aceptan el trato piden una cantidad que va de 20 mil a 25 mil pesos.
Si no se llega a consumar el matrimonio o la relación marital, añadió, la familia de la mujer debe devolver lo que pagó el hombre.
Además, sostuvo, las mujeres pueden ser apartadas o compradas desde los 12 y 13 años, por lo que muy jóvenes se convierten en madres.
A las mujeres pocas veces o casi nunca se les toma en cuenta en la decisión que toman los padres y el hombre que las compra.
Bajo esas condiciones, indicó, se da mucho el maltrato físico hacia las mujeres, pues el sujeto la considera de su propiedad y no como su pareja.
Además, la infidelidad en las mujeres es severamente castigada, pero al hombre le es permitido tener las parejas que pueda mantener.
Las autoridades tradicionales y hasta el juez, según Lucía, siempre apoyan a los hombres, nunca a las mujeres.
De acuerdo con López Hernández, al percatarse de que se había tratado de un delito de trata de personas, las autoridades tradicionales empezaron a indagar y detuvieron por varias horas a la madre, pero nunca a la adolescente.
Señaló que después de tres meses de vivir en Chamula con el hombre que la compró, la joven de Mitontic regresó a su casa, por lo que aquel exigió que se le regresara el dinero que había pagado por ella.
Dijo que el sujeto pagó 24 mil 700 pesos, pero la madre fue emplazada a devolver sólo 20 mil pesos en un plazo de 15 días.
El organismo no gubernamental Melel Xojobal y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) consideraron grave que ese tipo de hechos que violentan los derechos de las niñas y adolescentes sigan ocurriendo en Chiapas, particularmente en la región de Los Altos.
Señalaron que actos de autoridad como el de Roxana no sólo vulneran la libertad de decisión de las niñas y adolescentes, sino que también perpetúan las condiciones de opresión por su condición de género y edad, y la violación de derechos que generalmente se originan en las uniones tempranas, entre ellos el sano desarrollo psicosexual, además de las rupturas en sus entornos sociales, la continuación de los círculos de violencia y la violación de sus derechos sexuales y reproductivos.
Por ello, exigieron que se realice una revisión del caso y se otorgue una enmienda sobre el mismo, la cual debe ser representativa y justa para que las comunidades también puedan avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes que ahí viven y superar los estereotipos machistas que continúan vigentes.
Asimismo, señalaron que los usos y costumbres de las comunidades en ningún momento pueden pasar por encima de los derechos humanos de las personas que las integran, mucho menos por encima del interés superior de niñas y niños.
De acuerdo con Lucía López Díaz, indígena tzotzil de Chamula, es costumbre que si a un joven de ese lugar le gusta una muchacha, habla con los padres de ella para que se la “vendan”, y si aceptan el trato piden una cantidad que va de 20 mil a 25 mil pesos.
Si no se llega a consumar el matrimonio o la relación marital, añadió, la familia de la mujer debe devolver lo que pagó el hombre.
Además, sostuvo, las mujeres pueden ser apartadas o compradas desde los 12 y 13 años, por lo que muy jóvenes se convierten en madres.
A las mujeres pocas veces o casi nunca se les toma en cuenta en la decisión que toman los padres y el hombre que las compra.
Bajo esas condiciones, indicó, se da mucho el maltrato físico hacia las mujeres, pues el sujeto la considera de su propiedad y no como su pareja.
Además, la infidelidad en las mujeres es severamente castigada, pero al hombre le es permitido tener las parejas que pueda mantener.
Las autoridades tradicionales y hasta el juez, según Lucía, siempre apoyan a los hombres, nunca a las mujeres.
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