3/09/2014

Nada que celebrar



Los derechos de las mujeres en Jalisco están lejos de festejarse pues la violencia de género llegó a una cifra récord en 2012

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"Más que como una ocasión para ‘celebrar’, debe ser una ocasión para reflexionar sobre las condiciones en las que vivimos las mujeres de todas las edades, condiciones sociales, niveles socioeconómicos, razas e identidades sexuales"

Pronunciamiento de ONGs en pro de derechos de las mujeres

La violencia que sufren las jaliscienses, en muchas ocasiones, pasa inadvertida para el gobierno Estatal, las autoridades de procuración de justicia y los gobiernos municipales.

Basta señalar que en la última consecuencia de la violencia de género, el feminicidio, apenas se ha consignado a un asesino con esos cargos.

Y es que desde la tipificación el 22 de septiembre pasado a la fecha el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene registro de al menos 61 mujeres asesinadas en todo el estado.

En lo que va de 2013 las mujeres víctimas de homicidio han sido 25, seis en el municipio de Zapopan y  tres en Guadalajara.

Los casos de feminicidio se agravaron en Jalisco desde 2010, pasando de 86 a 152 en 2012, pero además de los actos feminicidas existen muchos derechos que también son violentados por legislaciones, funcionarios públicos y gran parte de la sociedad jalisciense.

La agenda de género para el gobierno de Aristóteles Sandoval esta repleta de pendientes.

Según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) el 90 por ciento de las mujeres de todas las edades en Jalisco vive sin garantías pues quienes habitan en el interior del estado reciben una atención insuficiente.

En un informe realizado por CLADEM se enuncian al menos 10 temas pendientes en materia de género y derechos humanos para el gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

Pero hasta hace unos días y después del escándalo de paternidad que envolvió a Sandoval Díaz con la modelo regiomontana Christiane Flores Campos, el actuar del Ejecutivo hacia los temas de género no era el más adecuado, según activistas.

Y es que con el anuncio de una reforma administrativa pretendía desaparecer al Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) para integrarlo a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social ahora presidida por el ex diputado local Salvador Rizo Castelo.

Pero un colectivo de más de 20 asociaciones civiles, académicas y la titular del IJM María Elena Cruz Muñoz mostraron su inconformidad. Hasta entonces, el gobierno estatal entrante dio un paso atrás.

La labor del IJM y el resto de los institutos para las mujeres invita a las afectadas por violación a sus derechos a acudir a asociaciones civiles como Yocoyani a atender sus casos, pues no siempre reciben información y apoyo adecuado o un seguimiento dice Gabriela Aguilar Martín.

“Han llegado mujeres con nosotras que no fueron atendidas en el Instituto (Jalisciense de las Mujeres), que es probable que recibieron alguna información nada más y ahí se quedaron, no tuvieron un seguimiento en su caso”, señala.

En el Ayuntamiento de Guadalajara también existen asuntos de violación a los derechos de las mujeres por parte de policías municipales, en los que el gobierno de Ramiro Hernández no actuó con contundencia para castigar que como era debido a los responsables.

Es el caso de los arrestos realizados el 1 de diciembre del año pasado, en la manifestación de jóvenes de distintos grupos como #Yosoy132, Morena y el Frente Amplio de Jalisco, en la que elementos de la policía municipal agredieron física y verbalmente a algunas detenidas.

Al respecto la Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara Rosa María Castillero Manzano declaró en entrevista que es necesario acabar con los abusos policiacos hacia las mujeres:
“A los ojos de todos, fue lamentable lo que sucedió y es la muestra de la falta de capacitación en asuntos de derechos humanos de los agentes de policía que vienen teniendo una forma de ser y hacer la seguridad pública con el uso de la fuerza.

“Eso nos da pie, tanto al presidente municipal como al secretario de Seguridad Ciudadana y a nosotras mismas de poner un alto a esta manera de asumir la operación de la policía, con el uso de la fuerza, sin respetar a las mujeres”, expresó en el foro Seis Ciudades en enero pasado.

La capacitación de los policías municipales con perspectiva de género se empezó con el pretexto de la asistencia al foro en el que se discutió una “Política de Seguridad Ciudadana, con Perspectiva de Género y Derechos Humanos”.

En entrevista la representante de la asociación civil por la equidad de género Yocoyani Gabriela Aguilar Martín señala que la situación en el estado está lejos de mejorar con la administración entrante, pues existen antecedentes de autoritarismo:

“Vemos el panorama preocupante, este nuevo gobierno viene con el mismo autoritarismo que los otros. Jalisco es uno de los primeros lugares que ha vivido feminicidios. A pesar de que ya está tipificado, solo va un caso (registrado).

“Todos los días hay situaciones de violencia aunque no llegan a los feminicidios, van y se denuncia y las mujeres son maltratadas por los mismos ministerios públicos.

“A nivel social, a nivel político, se vive una gran violencia institucional. No podemos celebrar los derechos que no tenemos todavía y los que nos faltan”.

Más que festejar un “segundo día de las madres” como dice Aguilar Martín, la tarea es reivindicar el trabajo y la lucha de las mujeres; “nos siguen haciendo falta muchísimos derechos. No estamos todavía bajo los mismos derechos que los hombres y eso es lo que estamos exigiendo”.

Como reclamo ante la desigualdad de derechos, activistas por los derechos de las mujeres se manifestaron ayer para leer un pronunciamiento y preparar un flash mob en el que colgaron blusas por cada derecho que les ha sido violentado.

En el documento se hace pública la indignación por las condiciones dispares de políticas públicas en temas de pobreza, educación, sexualidad, justicia y derechos humanos en las que viven las mujeres jaliscienses y de otros lugares:


“Más que como una ocasión para ‘celebrar’, debe ser una ocasión para reflexionar sobre las condiciones en las que vivimos las mujeres de todas las edades, condiciones sociales, niveles socioeconómicos, razas e identidades sexuales.

“La pobreza, la falta de educación, la violencia en todas sus formas y la discriminación son sólo algunos de los factores que limitan el pleno desarrollo de las mujeres. Esto impacta en lo social, lo laboral, lo económico, lo académico, lo familiar y también en el ejercicio de nuestra sexualidad”.

“Por ello es que exigimos a las autoridades que realicen los cambios que sean necesarios para alcanzar la equidad género plena en todos los órdenes de la vida pública y privada”.

El pronunciamiento fue firmado por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDSSER Jalisco); CLADEM; Agenda Feminista Jalisco; Colectivo ¡Queremos seguir vivas!; y Yocoyani  A.C.

Agenda de género y derechos, pendiente 
Sobre igualdad de derechos entre mujeres y hombres la administración estatal pasada y los gobiernos municipales dejaron varios temas pendientes.

Aunque se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se tipificó el feminicidio como un delito, la impartición de justicia fue prácticamente nula para las víctimas.
Y es que con la Procuraduría Estatal anterior solo se consignó un caso como feminicidio.

Estos son diez de los temas que el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres considera prioritarios en la agenda de género y derechos humanos del Gobierno de Jalisco:
Equidad de género; Interrupción del embarazo electivo; Embarazo adolescente; Feminicidios; Reconocimiento de las familias LGBT; Acceso a la justicia para las mujeres rurales; Identidad de género; VIH; Instituto Jalisciense de las Mujeres; Seguridad ciudadana con perspectiva de género y derechos humanos.

Entre estos temas destacan problemáticas como la interrupción legal del embarazo que en entidades como el Distrito Federal está vigente desde abril de 2007 y que debe ser un asunto de derechos humanos, democracia, justicia social y salud pública, no de moral.

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