Viento Sur
Otro
8 de marzo, otro Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el que
uno de los aspectos dramáticos de la violencia de género que afecta a
millones de mujeres en el mundo vuelve a ser olvidado: la doble
violencia, la violencia extrema que sufren las niñas, jóvenes y mujeres
adultas de países en guerra.
Su particular drama no queda reflejado
en las pancartas de las manifestaciones callejeras, ni en los actos que
tienen lugar en tantas ciudades de tantos países. Es un tema tabú que
viven en silencio las mujeres violadas por las fuerzas enemigas,
aisladas, repudiadas a menudo por sus propias familias, por sus propias
comunidades.
Es un tema oculto, la mayoría de los medios de
comunicación lo dejan de lado en sus coberturas informativas sobre los
conflictos bélicos. A ello contribuye no solo que la mayoría de esos
medios están dirigidos por hombres, sino también al velo de silencio y
vergüenza que rodea a las víctimas, a sus familias y entorno que hace
que las denuncias, los testimonios, sean escasos.
En Octubre de cada año, cuando se cumple un nuevo aniversario de la Resolución 1.325 (1)
del Consejo de Seguridad de la ONU del año 2000 sobre la mujer en los
conflictos bélicos y en los procesos de paz, tienen lugar una serie de
actos institucionales tanto en España como en muchos países
desarrollados, reivindicando la importancia de la misma, el avance que
ha supuesto para la mujer semejante decisión y los autoelogios se
redoblan ante cada nueva resolución complementaria sobre el tema que es
aprobada.
La resolución es sin duda importante. En sus
considerados reconoce que “los civiles, y particularmente las mujeres y
los niños, constituyen la inmensa mayoría de los que se ven
perjudicados por los conflictos armados, incluso en calidad de
refugiados y personas desplazadas internamente, y cada vez más sufren
los ataques de los combatientes y otros elementos armados”. Sin
embargo, en esos actos institucionales en los que una vez al año se
recuerda la aprobación de esa resolución y se habla del drama que esta
aborda, prevalece un discurso totalmente autocomplaciente.
Pocos
en esos actos reconocen autocríticamente que la ONU tardó nada menos
que 55 años en sacar adelante su primera resolución sobre un aspecto de
la violencia de género, solo un aspecto, circunscrito a la doble
violencia que sufren las mujeres en los conflictos bélicos. Esta
resolución no habla del resto de la violencia que sufren las niñas y
las mujeres, algo aún pendiente, sino solo de este aspecto específico.
La propia ONU
reconoce ahora que el 70% de esas mujeres han sufrido alguna forma de
violencia a lo largo de su vida. En estos días se conocieron también
los resultados de la primera macro encuesta europea sobre el tema (2): 62 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género en su vida, una de cada tres europeas.
En
pleno siglo XXI se calcula que 140 millones de niñas y adolescentes
sufren mutilación genital, que 30 millones de niñas viven en las
calles, expuestas a la violencia sexual.
Diez millones de
niñas en el mundo son obligadas a casarse antes de los 12 años; 86
millones de niñas crecen sin educación alguna; miles de niñas en
Afganistán son atacadas por los talibán por atreverse a ir a la
escuela, las escuelas de niñas son consideradas objetivos militares.
Más de 5.000 mujeres mueren al año en el mundo víctimas de los llamados “crímenes de honor” realizados por sus propias familias.
El
90% de los autores de homicidios en todo el mundo son hombres, un
porcentaje que sube a casi el 100% cuando se trata de conflictos
bélicos. El 90% de la población penitenciaria también son hombres.
Desde
tiempos ancestrales son los hombres los que hacen las guerras, y aún
hoy, en el siglo XXI son mayoritariamente hombres los que las deciden y
las ejecutan.
Pero
en las guerras a esto se añade también la utilización premeditada y
masiva de la violencia sexual, de la violación, de los abusos contra la
hembra enemiga, sea esta niña, adolescente o mujer madura, como una
forma devastadora de castigar a toda una sociedad. En la primera mitad
de los años '90 entre 200.000 y 250.000 mujeres fueron violadas durante
las distintas guerras que desangraron y destruyeron la antigua
República de Yugoslavia.
No solo se consideraba parte del botín
del guerrero, sino que los mandos militares alentaban esas prácticas
porque eran conscientes de las gravísimas consecuencias que provocaban
con ellas. Niñas, adolescentes, mujeres, muchas veces embarazadas por
el violador, rechazadas a menudo por su propia familia, por sus
vecinos, por su entorno, familias deshechas.
En países como
Ruanda, donde también en los años '90 hubo una matanza de 800.000 hutus
en manos de la etnia tutsi, fueron violadas 200.000 mujeres, una cifra
inferior sin embargo a la de la guerra en la República del Congo, donde
se calcula que pudo haber hasta 500.000 casos. Y la situación se repite
una y otra vez.
En Africa, especialmente, la mujer juega un
papel clave en la sociedad, es ella la que acarrea agua, la que cultiva
la tierra, la que obtiene los alimentos, la que cocina, organiza la
casa, cría a los niños, cuida de su salud y sustituye también en todo
al hombre que se va a la guerra. Pero todo se ve alterado brutalmente
cuando es víctima de una de esas violaciones masivas de un ejército o
guerrilla enemiga, y no pocas veces también por parte de las fuerzas de
inseguridad locales. Por vergüenza o por rechazo de la sociedad
que la excluye, ya se encerrará, no cultivará la tierra ni irá a buscar
agua ni hará ninguna actividad fuera de su casa, toda la sociedad se
resiente.
No se ve al violador como el culpable, como el individuo a aislar o castigar, sino a la propia víctima, su drama se prolonga.
En
guerras como las de Afganistán en las que Occidente utilizó de forma
propagandista y oportunista la asfixiante opresión sufrida por las
mujeres como muestra de la crueldad del enemigo talibán, pero 13 años
después su situación no ha mejorado sustancialmente, tanto a causa del
retrógrado, corrupto y autoritario gobierno de Hamid Karzai aupado al
poder por EEUU y sus aliados, como por las tradiciones patriarcales, el
desprecio extremo hacia la mujer por parte de los señores de la guerra con los que comparte el poder.
En
Irak, tras 11 años de guerra, y cientos de miles de muertos después,
EEUU y sus aliados, en retirada por la puerta trasera, reivindican
haber estabilizado el país, cuando decenas de personas mueren a diario
en atentado, y, paradójicamente, las mujeres han perdido terreno en
materia de derechos y en su rol en la sociedad.
Históricamente
las mujeres iraquíes habían ido conquistado importantes derechos,
muchos más avanzados que en el resto de países de su entorno, teniendo
protagonismo en la vida social y cultural. Su apogeo lo tuvieron
durante los años '70, paradójicamente, bajo la dictadura de Sadam
Husein, que era, recordemos, un estado laico, como Siria.
En
guerras como las que sufrió Guatemala, donde murieron más de 200.000
personas, el mayor genocidio contemporáneo de América Latina, el
Ejército abusó y violó a decenas de miles de niñas, adolescentes y
mujeres adultas, mayoritariamente indígenas, algo que arruinó la vida
de tantas mujeres y que provocó un trama social generalizado en esa
comunidad.
Ante ese panorama
tan desolador que se le presenta a la mujer desde niña en tantos países
todavía hoy día, cualquier avance en su condición merece ser apoyado.
No se pueden minusvalorar los pasos que gradualmente y en forma
desigual se están logrando en muchos países, estimulados por la
Resolución 1.325 y otras posteriores, como la 1.820, de 2008, que
reconoció la violación en los conflictos bélicos como “crimen de
guerra”.
Pero tampoco se pueden sobrevalorar creyendo que su
simple existencia es de por sí garantía de un cambio profundo, radical,
en todo el mundo.
Sin embargo, el Tribunal Penal Internacional
con sede en La Haya, único organismo a nivel mundial para juzgar
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, no ha
condenado a nadie hasta el momento por violaciones masivas cometidas
durante un conflicto bélico.
Los crímenes de los cascos azules de Naciones Unidas
La propia ONU refleja enormes incoherencias con su discurso sobre el tema de la mujer.
En
66 años de operaciones de paz, ha habido sólo siete mujeres con rango
de representante especial del Secretario General de Naciones Unidas
para alguna misión y solo mujeres forman parte del equipo de 40
personas que componen la Secretaría General.
Todo ello,
paradójicamente, a pesar de que la Resolución 1.325 insta en su texto
al Secretario General de la ONU y a los Estados miembros a garantizar
un aumento de mujeres en todos los ámbitos de construcción de la paz,
así como en carácter de enviadas especiales.
¿Cómo es posible
que queden impunes las violaciones y abusos contra niñas y mujeres
cometidas por cascos azules encargados precisamente de protegerlas, de
dar el ejemplo? Muchas de esas mujeres han sido violadas por milicianos
o soldados en conflictos bélicos, y cuando logran refugiarse en un
campamento de la ONU o estar en una zona bajo control de los cascos
azules, vuelven a vivir esa pesadilla.
No han sido casos
aislados, sino que han sido muchos, en distintos países y con cientos
de cascos azules de la ONU de distintas nacionalidades involucrados.
A
través del llamado Informe Machel, elaborado por Gracia Machel, ex
ministra de Educación y Cultura de Mozambique y viuda de Nelson
Mandela, la ONU reconoció por primera vez públicamente en 1996 la
responsabilidad de sus cascos azules en violaciones, trata de mujeres y
abuso infantil en misiones desarrolladas en Angola, Mozambique,
Somalia, Ruanda, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Somalia, Camboya.
Esto
sucedió antes de la resolución 1.325, sí, pero se volvió a producir en
Haití a partir de 2004, y en Sudán, especialmente en la región de
Darfour; en Costa de Marfil, en Sierra Leona, en Kosovo, y en la
República Democrática del Congo, donde la propia ONU reconoció en un
informe en 2005 que se habían producido 105 denuncias contra cascos
azules. Los soldados de la ONU se aprovechaban de niñas y mujeres
congolesas desesperadas por la hambruna para practicar sexo con ellas a
cambio de comida o unas monedas. Las niñas ya no son enviadas a la
calle o a burdeles a prostituirse, sino a la puerta de los cuarteles de
las fuerzas de paz que supuestamente han ido allí para ayudarlas.
Organizaciones
humanitarias denuncian que el personal masculino de más de una Ong
explota también a menores bajo su protección, ayudando de esta forma a
fomentar la prostitución infantil.
¿Cómo se puede
compatibilizar la resolución 1.325 de la ONU con la Convención de
Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas, vigente desde 1946, y que
establece que el país receptor de cascos azules no puede juzgarlos en
su territorio aunque cometan en él delitos o crímenes?
¿Qué es
lo que hace la ONU ante denuncias de ese tipo entonces? La Oficina de
Supervisión Interna de la ONU es la encargada de investigar si un casco
azul ha violado un texto interno llamado Diez normas: Código de conducta personal de los Cascos Azules.
¿Y
qué puede hacer esa Oficina de Supervisión Interna si confirma las
denuncias? La ONU no tiene ningún tribunal interno, por lo que su única
opción es entregar al casco azul a su país de origen para que este lo
juzgue.
Hasta ahora sólo se conoce de un par de casos se
concretó esto, en el de cascos azules italianos que habían actuado en
Somalia, a pesar de que ya son cientos y cientos los soldados de
distintas nacionalidades denunciados. En la mayoría de los casos sólo
se adelanta la vuelta a casa del casco azul agresor, sin que esto lo
inhabilite para participar en otras misiones de paz en el futuro.
A
la violencia sexual que sufre la mujer habitualmente en los conflictos
bélicos se le suma su marginación en los procesos de pacificación
posteriores, empezando por las propias instituciones que los planifican
y llevan a cabo.
En 2010 el Gobierno de Rodríguez Zapatero defendió en la cumbre Mujeres, paz y seguridad,
celebrada en Bruselas por la Comisión Europea y la OTAN, una propuesta
para que se establecieran cuotas para lograr que las mujeres
participaran a todos los niveles, civil y militar, en los procesos de
paz y solución de conflictos. La idea no prosperó, y el primero en
rechazarla por “irrealista”, fue el propio secretario general de la
OTAN, Andres Rogh Rasmussen. El jefe máximo de la OTAN dijo que era
imposible lograr algo así en el seno de la Alianza Atlántica dadas “las
diferentes tradiciones nacionales de las que partimos”.
Y la
discusión se cerró. España tiene el doble de mujeres militares en
misiones exteriores que la media de la Unión Europea, lo que puede
ayudar a tener una mayor sensibilidad para tratar un tema como las
agresiones a las mujeres. Actualmente entre el 7% y el 9% del total de
soldados que tiene España involucrados en misiones de pacificación son
mujeres, cuando el promedio en el conjunto de la Unión Europea es de
sólo el 4%.
Es un dato alentador como lo es también el caso de
Liberia. En un país como ese, que estuvo sumergido en una cruenta
guerra desde inicios de los '90 hasta 2003, con más de 250.000 víctimas
mortales y un altísimo número de violaciones -con una de cada 10
mujeres violadas menor de 5 años-, la larga lucha de las mujeres ha
empezado a dar sus frutos hace algunos años. Ellas, con sus protestas
callejeras, con sus multitudinarias manifestaciones, jugaron un papel
clave en el fin de la guerra y en la construcción de la paz.
Hoy
día Liberia tiene presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, la primera
presidenta de Africa, quien en 2011 inició su segundo mandato. Gracias
a su labor y a la de tantas mujeres organizadas, hoy día el 20% de los
efectivos de las fuerzas de seguridad liberianas son mujeres.
Hace seis años se creó en Liberia el primer tribunal especializado en violencia de género de toda Africa.
Desde
el año 2000 Liberia cuenta con una Ley de Libertad de Información, la
primera también en Africa. Y ahí la ONU ha financiado la Radio
Democracia Mujeres Liberianas, que tiene cada vez mayor capacidad de
emisión a todo el territorio nacional.
Datos alentadores sin
duda, pero mientras el drama de las niñas y mujeres que sufren
doblemente las guerras no salga a la luz con toda su crudeza, y en los
países desarrollados que participan con cascos azules en misiones en el
extranjero no exista un estricto control sobre sus actividades y
comportamiento, esos violadores, esos depredadores, seguirán gozando de
total impunidad.
Notas
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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