Se
encuentra en marcha una abrumadora campaña mediática del gobierno
federal que busca reducir la magnitud de la economía informal,
igualmente llamada economía subterránea o economía sumergida.
La dicha campaña pretende convencer a productores, comerciantes, comisionistas y otros prestadores de servicios de la conveniencia de pasar de la informalidad a la formalidad. Se les dice que con la formalización tendrán acceso a créditos institucionales y a la afiliación a la seguridad social.
Pero todo eso ya lo sabe el practicante de la informalidad. Como sabe o adivina que tanta felicidad tiene un costo: el pago de impuestos. La propia Secretaría de Hacienda lo expresa con crudeza: se trata de aumentar la recaudación fiscal, a través de la formalización en una primera fase de algo más de un millón de productores y comerciantes subterráneos.
Como es evidente, las ventajas y conveniencias de la formalización tienen carácter abstracto, es decir, son sólo una posibilidad, una promesa; en cambio, el pago de impuestos que busca la formalización será una realidad inmediata y muy desagradable. Los nuevos formalizados deberán entregar forzosamente una buena parte de sus ingresos al gobierno, es decir, se verán inmediatamente empobrecidos. Y por los años o décadas subsiguientes.
De modo que la decisión de formalizarse o de permanecer en la informalidad depende del análisis y aplicación del viejo principio económico fundamental: “Obtener el máximo beneficio con el menor costo”.
¿Le conviene al informal entregar al gobierno una parte de su ingreso a cambio de tener seguridad social y acceso a créditos oficiales? ¿La seguridad social no tiene costo o hay que pagar por ella? ¿Los créditos oficiales son gratuitos o hay que pagar una determinada tasa de interés?
Y si se da el caso muy frecuente de que las mercancías que vende un comerciante informal son producto del contrabando o del robo, ¿le convendrá adquirir la obligación de declarar ante el fisco?
Pensemos, por ejemplo, en el comercio de armas, de drogas y de sexo. ¿Qué le convendrá más a estos comerciantes? Formalizarse o continuar en la informalidad? ¿Y qué le será más conveniente entre esas dos posibilidades al comerciante callejero?
¿Puede pensarse que frente a una situación de grande y creciente desempleo la informalidad es una elección libre? ¿Y será una elección libre frente a una situación de salarios bajísimos, los que con justeza reciben el nombre de salarios basura o salarios miseria?
¿No será que la informalidad es un recurso a la mano para tener una ocupación remunerada? ¿Creerá Hacienda que la gente llega al mercado negro por gusto o vocación y no por necesidad?
¿Hará falta recordar que el boom de la informalidad se dio en México en el gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid y en el ultraneoliberal de Carlos Salinas de Gortari, con la política de privatizaciones de las empresas y los bienes públicos?
¿Ha cambiado o se ha atemperado esa política privatizadora, verdadero motor de la informalidad? ¿Puede esperarse sensatamente una caída en la informalidad cuando se sigue aplicando la misma política que disparó los mercados negros?
¿Ya son cosa del pasado los despidos de miles de trabajadores que de un plumazo (aunque sería mejor decir plomazo) se quedan sin empleo al ser privatizada una empresa pública, Petróleos Mexicanos, por ejemplo?
¿No es una contradicción (o un acto de esquizofrenia) fabricar desempleados por miles, arrojándolos a la informalidad y al mismo tiempo pretender que se reduzca la informalidad?
Parece que sin haber ido a Harvard, millones de mexicanos conocen y aplican de mejor modo el principio económico fundamental que los genios que gobiernan al país desde cómodos despachos con aire acondicionado en las oficinas recaudatorias.
Blog del autor: www.miguelangelferrer-mentor.
La dicha campaña pretende convencer a productores, comerciantes, comisionistas y otros prestadores de servicios de la conveniencia de pasar de la informalidad a la formalidad. Se les dice que con la formalización tendrán acceso a créditos institucionales y a la afiliación a la seguridad social.
Pero todo eso ya lo sabe el practicante de la informalidad. Como sabe o adivina que tanta felicidad tiene un costo: el pago de impuestos. La propia Secretaría de Hacienda lo expresa con crudeza: se trata de aumentar la recaudación fiscal, a través de la formalización en una primera fase de algo más de un millón de productores y comerciantes subterráneos.
Como es evidente, las ventajas y conveniencias de la formalización tienen carácter abstracto, es decir, son sólo una posibilidad, una promesa; en cambio, el pago de impuestos que busca la formalización será una realidad inmediata y muy desagradable. Los nuevos formalizados deberán entregar forzosamente una buena parte de sus ingresos al gobierno, es decir, se verán inmediatamente empobrecidos. Y por los años o décadas subsiguientes.
De modo que la decisión de formalizarse o de permanecer en la informalidad depende del análisis y aplicación del viejo principio económico fundamental: “Obtener el máximo beneficio con el menor costo”.
¿Le conviene al informal entregar al gobierno una parte de su ingreso a cambio de tener seguridad social y acceso a créditos oficiales? ¿La seguridad social no tiene costo o hay que pagar por ella? ¿Los créditos oficiales son gratuitos o hay que pagar una determinada tasa de interés?
Y si se da el caso muy frecuente de que las mercancías que vende un comerciante informal son producto del contrabando o del robo, ¿le convendrá adquirir la obligación de declarar ante el fisco?
Pensemos, por ejemplo, en el comercio de armas, de drogas y de sexo. ¿Qué le convendrá más a estos comerciantes? Formalizarse o continuar en la informalidad? ¿Y qué le será más conveniente entre esas dos posibilidades al comerciante callejero?
¿Puede pensarse que frente a una situación de grande y creciente desempleo la informalidad es una elección libre? ¿Y será una elección libre frente a una situación de salarios bajísimos, los que con justeza reciben el nombre de salarios basura o salarios miseria?
¿No será que la informalidad es un recurso a la mano para tener una ocupación remunerada? ¿Creerá Hacienda que la gente llega al mercado negro por gusto o vocación y no por necesidad?
¿Hará falta recordar que el boom de la informalidad se dio en México en el gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid y en el ultraneoliberal de Carlos Salinas de Gortari, con la política de privatizaciones de las empresas y los bienes públicos?
¿Ha cambiado o se ha atemperado esa política privatizadora, verdadero motor de la informalidad? ¿Puede esperarse sensatamente una caída en la informalidad cuando se sigue aplicando la misma política que disparó los mercados negros?
¿Ya son cosa del pasado los despidos de miles de trabajadores que de un plumazo (aunque sería mejor decir plomazo) se quedan sin empleo al ser privatizada una empresa pública, Petróleos Mexicanos, por ejemplo?
¿No es una contradicción (o un acto de esquizofrenia) fabricar desempleados por miles, arrojándolos a la informalidad y al mismo tiempo pretender que se reduzca la informalidad?
Parece que sin haber ido a Harvard, millones de mexicanos conocen y aplican de mejor modo el principio económico fundamental que los genios que gobiernan al país desde cómodos despachos con aire acondicionado en las oficinas recaudatorias.
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Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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