Todo por culpa del agua

En este país defender el agua para fines sociales es un delito, pero envenenar el agua de un río es motivo de impunidad.

Manuel Fuentes 

lasillatoa.com

Pareciera una broma, pero la realidad rebasa cualquier fantasía. Mario Luna Romero secretario y vocero de la tribu Yaqui ya sabe lo que es estar en la cárcel desde el 11 de septiembre por oponerse a un proyecto del gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías que arrebata con dinero público el agua del río Yaqui a las comunidades para beneficiar a grandes empresas automotrices y cerveceras de Hermosillo.

Eso sí, ese gobernador que se rasga las vestiduras por las tropelías del Grupo México a pesar de solaparle todo tipo de negocios en el pasado reciente, anda molesto porque fue descubierto de poseer un rancho de al menos 600 hectáreas y una presa particular con la que se podría abastecer por más de un mes la ciudad de Hermosillo; pero no disimula con sus actos gerenciales perseguir a quién se opone a sus proyectos acuíferos de beneficio privado.

Padrés Elías sabe con quien se mete, con los campesinos sí, con el secretario de Gobernación no.  La causa de su rabieta fue la visita inesperada en sus tierras de inspectores federales de los que se atrevió a solicitar hasta su despido porque se atrevieron a entrar a las tierras de su reinado.  Cuando inició la contaminación del río Yaqui nadie sabía de él, se hizo el desaparecido, pero cuando la presión social lo rebasó empezó a balbucear la protesta para aparentar enojo y no se le vinculara de cómplice.

Ese tipo de funcionarios se burlan de las leyes, a pesar de que le han ganado cinco amparos sigue con la construcción del acueducto por medio de subterfugios legales, y no hay quien lo detenga.  Por eso no le incomoda detener a sus opositores como Mario Luna Romero, vocero yaqui, para hacer lo que le venga en gana, en esas las que dice, son sus tierras de Sonora.

Pero también en el sur del país se persigue a quienes defienden el agua potable con sentido social. En Carrillo Puerto, Quintana Roo se encuentran en la cárcel municipal tres personas por oponerse a cobros indiscriminados del servicio del agua potable acusados de cometer el delito de sabotaje.  Sin más fueron detenidos la dirigente social Teresa Brito Piña, el abogado Alfredo Esquivel y Cab desde el 18 de agosto y el periodista independiente y activista maya Pedro Canché Herrera el 30 de agosto pasado y otras 9 personas procesadas por la misma causa como una manera de apagar un movimiento que se opuso a cobros indiscriminados del agua potable.

En la población de Carrillo Puerto, que es la capital de la cultura maya por la defensa de sus tradiciones, hay gente aguerrida que está molesta por la represión de sus gobernantes. Ahora andan rondines constantes de patrullas para evitar todo tipo de protestas, apenas si ven personas que se empiezan a reunir y llega la policía municipal gritando: "¡Qué pasa aquí! ¡Desalojen, circulen!". 

En esa región del sur se ha impuesto un estado de sitio de facto para evitar surjan más movilizaciones populares.  La inconformidad social surgió por la instalación de esos medidores de agua, que tan eficaces son porque hasta registran la entrada de aire y eso también se cobra a los usuarios. El “delito” de las personas presas fue solicitar la gratuidad del pago del agua para las personas mayores de 60 años, a madres solteras y personas con discapacidad.

En una carta abierta del periodista Pedro Canché responsabilizó al gobernador del Estado de Quintana Roo; Roberto Borge Angulo por los actos represivos en Carrillo Puerto. Su labor, denunciaba el comunicador antes de su aprehensión, fue únicamente compartir información con diversos medios nacionales de lo que ocurría en el lugar y denunciar “el exceso de fuerza contra la población maya manifestante sin que los periódicos locales denunciaran esto”.  La respuesta gubernamental fue que ese periodista por su labor informativa era uno de los promotores de la inconformidad social.

Todo por culpa del agua la población se moviliza, mientras que los gobernantes inconscientes hacen negocios por ese vital líquido y usan acciones penales sin pena ni tardanza contra los opositores.  Eso sí, basta crear fideicomisos como el de Grupo México para que la impunidad impere.  Son los tiempos del México de hoy, pero no siempre será así, el pueblo también se organiza.

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