De un modo insólito se ha colocado en el centro de la agenda nacional un tema crucial, abandonado durante varios decenios. Se trata de la dignidad del salario cuyo derrumbe ha estado en el origen de numerosos problemas que enfrentamos. Ha quedado claro que los salarios mínimos que se otorgan son contrarios a la letra y al espíritu de la Constitución. Que han estrechado dramáticamente el mercado interno, incrementado la informalidad laboral, sumido en la pobreza a millones de familias y multiplicado la migración. Esta ha sido la falta ética y el error económico más grave de las últimas administraciones.
El doctor Miguel Ángel Mancera presentó hace días el documento Por una política de recuperación de los salarios mínimos en México y en el Distrito Federal, propuesta para un acuerdo, elaborado por especialistas para respaldar a la clase trabajadora. Se trata de un análisis severo que cuestiona la conducción del país y el resultado de sus políticas, sobre todo, de la baja calidad de vida de su población.
De distintos ámbitos y sectores han expresado beneplácito para llevar a cabo un debate nacional. Dicho texto ha servido, además, como base para dos iniciativas presentadas este mes en la Cámara de Diputados.
El estudio no deja duda de que el estado de pobreza que agobia a la mayoría de las personas es generado por la política de restricción salarial que ha venido imponiendo el gobierno federal como elemento clave de su modelo económico, incurriendo en repetidas falsedades que justifican esa contención, argumentando que favorece a la inversión, competitividad, el fortalecimiento y la ampliación del mercado externo.
El salario mínimo no es un precio que resulte del mercado laboral; es una decisión política ejecutada por un organismo constitucional dependiente del Poder Ejecutivo. Claramente los salarios mínimos y los llamados topes salariales aplicados a las remuneraciones contractuales son parte de una política deliberada que alguien ha calificado como “la miseria por decreto”.
La terca decisión de la Secretaría de Hacienda que alega un impacto directamente proporcional en los índices inflacionarios es un mito que ha sido derrotado en las economías más avanzadas. Una visión del salario mínimo cuya función única sería la estabilización de la inflación, impacta negativamente el mercado interno y no permite mantener y menos incrementar, el poder adquisitivo de los trabajadores, cuyo valor en términos reales se ha deteriorado en más de un 80% desde que esta política comenzó.
El gobierno alega que este salario se aplica al 12% de la población trabajadora. Sin embargo, conforme a los datos aportados por el Coneval, el 60% de la población ocupada recibe menos de tres salarios mínimos; constituyéndose en el factor esencial que prolonga y profundiza la desigualdad en México.
Se propone, en un primer momento un acuerdo nacional para incrementar el salario mínimo en un 23%, con lo que dos personas podrían adquirir la canasta básica alimentaria. Este aumento se llevaría a cabo anualmente durante el sexenio hasta que la percepción alcance 171.03 pesos y rebase la línea de la pobreza.
En un segundo momento es necesario construir un acuerdo para reformar el artículo 123, a fin de fortalecer y transformar el mandato de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y convertirla en un organismo público autónomo, dependiente del Congreso de la Unión. Esta institución tendría competencia no sólo como Instituto Nacional de Salarios Mínimos sino también de productividad y reparto de utilidades.
El tercer punto es desvincular al salario mínimo como referencia de otros precios, como las multas y otro tipo de sanciones, mediante la emisión de una Ley General de la Unidad de Cuenta del Estado Mexicano que establecería los casos en que sería utilizada y los criterios para su fijación.
Se trata de acciones que hoy se encuentran en la esfera legislativa y que debieran haber sido puestas por delante como condición para signar otros pactos políticos. Tiene el Congreso de la Unión una responsabilidad propia e incanjeable respecto del futuro del país. Aprovecharla cabalmente sería a un tiempo probar su capacidad de decisión autónoma y su carácter de poder constitucional.
Comisionado para la reforma política del DF
No hay comentarios.:
Publicar un comentario