1. Se agota una fase del neoliberalismo en el campo…
El
campo mexicano lleva más de treinta años de despojo no sólo intenso
sino también consagrado por las leyes y las instituciones. La reforma
institucional impuesta a sangre y fuego durante los gobiernos de
Salinas y de Zedillo cumplió un papel importante: hacer funcionales
nuestras leyes y nuestras instituciones al nuevo ciclo de expansión del
capitalismo en el campo, ese que Blanca Rubio llama “la nueva fase
agroalimentaria global”. Con ellas se integró el país al manejo global
de los alimentos como “commodities”, como importador de cereales,
oleaginosas, cárnicos y lácteos a la vez dejaba de ordenar el mercado
de alimentos.
Los
instrumentos salinistas para lograrlo fueron: la contrarreforma
agraria, la apertura comercial, principalmente a través del TLCAN, la
política bancaria-financiera que llevó a la quiebra a miles de
productores –de ahí nació El Barzón, formidable movimiento de deudores
de la banca- la separación de los programas oficiales en programas para
los productores de “potencial” y los de “bajo potencial”, para hacer
más productivos y rentables a los primeros (Procampo) y a los segundos,
condenarlos a las políticas de compensación social (Oportunidades).
Para
contener la disidencia y acotar o cooptar a las organizaciones de
productores, el salinismo-neoliberalismo creó dos espacios de
concertación diferentes: el Consejo Agrario Permanente, para las
organizaciones campesinas y el Consejo Nacional Agropecuario, instancia
de los empresarios agrícolas de diversos niveles. Al interior de estos
espacios ha tratado el régimen, no de debatir lo esencial de sus
políticas hacia la agricultura, sino poner una válvula de escape y de
procesamiento de los conflictos que surgen con la implementación de sus
políticas excluyentes.
2. La acumulación por despojo en el campo mexicano
Con
el avance de la globalización y de los intentos de los Estados Unidos
y sus aliados, OTAN y empresas trasnacionales, por mantener un mundo
unipolar a toda costa y salvar su hegemonía amenazada, se inicia un
nuevo ciclo ya no sólo para mantener y conservar la dominación a
través del control de los alimentos, sino ahora también a través de la
utilización de las riquezas naturales, como son los recursos
energéticos, los minerales, el agua, como “commodities” en los mercados
financieros globales.
Por
eso se hace necesario para el neoliberalismo extractivista un nuevo
marco institucional para la explotación económica de los espacios
rurales y de dominación de los actores que en ellos operan, cuya lógica
de base es la “acumulación por despojo”, que conceptualiza David Harvey
e ilustra notablemente la declaratoria final de las Jornadas Nacionales
en Defensa de la tierra, el agua y la vida, celebradas en Atenco el 16
y 17 de agosto: “ El despojo es una realidad cotidiana que
padecemos todas y todos: despojo de la tierra, del agua, del aire, de
la biodiversidad, de nuestros saberes, del patrimonio familiar y
comunitario, de los bienes comunes, de nuestros derechos individuales y
colectivos, de nuestros sueños y nuestras esperanzas… Nos despojan los
proyectos mineros, las represas, las carreteras y ductos. Nos imponen
urbanización desordenada, desarrollos turísticos, privatización de los
servicios básicos, se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio,
comercializan y empobrecen nuestra riqueza cultural. Son los agro
negocios, los talamontes, los empresarios turísticos que se adueñan del
paisaje, el crimen organizado y el crimen de cuello blanco los
responsables de este saqueo”.
3. La reforma al campo que sí está en marcha
Este
despojo, característico de la “fase demencial del totalitarismo
neoliberal” como la llama el periodista argentino-canadiense Alberto
Rabilotta, se hace posible legalmente por las 21 reformas
constitucionales y de leyes secundarias en materia energética y las que
habrá a la Ley de Aguas y a la de Bioseguridad, entre otras. Este
nuevo marco institucional consagra una nueva forma de explotación
económica en el campo mexicano, cuyas principales implicaciones son:
Legalización
del extractivismo como la actividad económica prioritaria en el campo:
extracción de petróleo, gas natural, gas shale, aguas termales, de
agua, simplemente, minerales, por sobre todo uso agrícola, ganadero o
forestal del suelo. Despojo de los territorios a las comunidades,
ejidos o propietarios, bajo la forma de “ocupación temporal” o de
“servidumbre energética”; autorización del método de fragmentación
hidráulica para la extracción de gas de lutita, con los consiguientes
daños ambientales y agotamiento de acuífero.
Ahí
no termina la furia extractivista-entreguista del presidente Peña
Nieto, sus mandamases y sus aliados. Según la información de que
dispone la coalición “agua para tod@s”, el próximo período ordinario de
sesiones del Congreso, el Ejecutivo presentará un “paquete verde”, con
otra serie de reformas para dar la última vuelta de tuerca a la reforma
energética: a la Ley General de Aguas que permitan una total
desregulación para darle prioridad a los usos energéticos del agua:
megapresas, geotermia, enfriamiento de centrales nucleares, fracking,
etc. Reformas a otras leyes como la del Equilibrio Ambiental, la de
Vida Silvestre, la de Desarrollo Forestal, a de Bioseguridad, para
autorizar, entre otras cosas, la construcción de gasoductos en áreas
naturales protegidas, quitar funciones a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, PROFEPA, facilitar la explotación de
energéticos en selvas, humedales y suelos forestales y autorizar la
siembra de semillas transgénicas para la producción de bioenergéticas.
A
estas nuevas formas de despojo corresponderá una nueva forma de
dominación política, la que trata de construir el régimen de Peña Nieto
mediante un complejo proceso de presión-negociación-cooptación o
incluso represión a los actores del campo, con las consultas sobre “la
Reforma para el Campo”, las mesas de negociación iniciadas el 23 de
julio, la apertura de nuevas instituciones como la Financiera Nacional
para el crédito a los pequeños productores, y todas las “acciones para
reformar al campo” que implicarán no sólo cambios
económico-productivos, sino el establecimiento de nuevas formas de
control, de clientelismo, de relación del Estado con los actores
rurales. De aquí surgirá lo que de facto suplirá al CAP, al Consejo Nacional Agropecuario, etc.
4. La respuesta campesina, indígena y de las comunidades
Desde
el inicio de esta fase ha habido importantes procesos de resistencia
por parte de comunidades campesinas, indígenas, coordinadoras y
organizaciones regionales y nacionales. En Guerrero, Oaxaca, San Luis
Potosí, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Nayarit, Jalisco y otras
entidades han emergido movimientos en defensa de los proyectos mineros,
de las grandes presas, de la extracción o apropiación del agua
superficial y de los acuíferos.
Cuando
llega el gobierno de Peña Nieto y establece el “Pacto por México”,
algunas organizaciones piden se lleve a cabo un diálogo para acordar un
“Pacto por el Campo”. Luego demandan que se les escuche antes de
formular cualquier proyecto de Reforma para el Campo. Así, durante los
meses de mayo, junio y julio de 2014 se llevan a cabo ocho foros
nacionales temáticos y siete foros regionales, además de foros
estatales donde participan muy diversas organizaciones campesinas y los
gobiernos federal y de los estados.
Sin
embargo, la atropellada y atropellante aprobación de las 21 reformas
legales que constituyen la reforma energética en el Congreso durante
los meses de junio y julio indigna a los campesinos que promueven una
Gran Marcha Nacional Campesina en la ciudad de México el 23 de julio.
Esta constituye la manifestación más articulada y más masiva de
cualquier sector de la sociedad mexicana en contra de la Reforma
Energética aprobada por el PRI, el PAN y sus aliados.
La
manifestación logra arrancarle al gobierno una serie de mesas de
diálogo para que los representantes campesinos planteen sus propuestas
para la Reforma. Sin embargo, no todas las organizaciones aceptan
acudir a dichas mesas y paralelamente se convoca al Encuentro y Jornadas por la Defensa de la tierra, el agua y la vida
para el 17 de agosto en el emblemático pueblo de San Salvador Atenco.
El evento es todo un éxito tanto por el número de asistentes como por
el ambiente y la inspiración que en él predominan. De ahí surge una
estratégica y emotiva declaratoria que denuncia la nueva fase del
neoliberalismo en el campo mexicano con toda la estela de despojo que
trae consigo. Sin embargo, no se queda en el recuento de agravios, sino
lanza un importante llamamiento en estos términos:
“La
tarea que tenemos no es poca y precisa de reconocernos, escucharnos y
respetarnos; partir de la solidaridad, como compromiso, como principio
permanente y sobre todo como oportunidad generada por la lucha misma.
Una tarea inaplazable es la liberación de todas y todos los presos
políticos, el regreso de las y los desaparecidos y la defensa de las y
los perseguidos por luchar.
Si
bien es necesaria la defensa permanente de nuestros territorios, no es
suficiente con resistir, tenemos que ser capaces de pasar a la
construcción de alternativas que nos permitan por un lado, mantener
nuestra tierra, el agua, la vida y nuestros derechos. Y por otro, la
posibilidad de desatar todos los saberes, la imaginación y la
creatividad del pueblo al servicio del pueblo”.
Es
en estas líneas estratégicas que esperamos se sigan dando la
resistencia, la lucha y la construcción de alternativas de las
comunidades campesinas e indígenas de todo México en alianza con todos
los que demandamos alimentos sanos, aire puro, agua limpia suficiente
para todas y para todos, cultura de paz.
Porque
no se trata de la lucha de las y los actores rurales en defensa de sus
derechos y de sus territorios; es la resistencia a un modo
civilizatorio de muerte, injusticia y exclusión y es el cultivo de una
nueva civilización del cuidado, del compartir, de la paz.
- Víctor M. Quintana S. es asesordel Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
http://alainet.org/active/77195
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