Gabriela Hernández
Marco Mazatle, líder del Sindicato de Telefonistas, dijo que el
nombramiento de Pérez Bravo es una “verdadera burla” para los poblanos,
ya que con su “pasado oscuro” es casi un hecho que sólo llega con la
consigna de entrampar las investigaciones y de encubrir a los
verdaderos responsables del asesinato del niño José Luis Tehuatlie
Tamayo.
Además, consideró que al permitirle nombrar el fiscal que
supuestamente investigará lo ocurrido el 9 de julio, el presidente de
la CNDH, Raúl Plascencia, dejó en manos del gobernador la posibilidad
de juzgar sus propios abusos y excesos de poder, lo que pone en
evidencia que las recomendaciones emitidas por el organismo la semana
pasada fueron “más bien un trato entre amigos”.
Además, aseguró que es absurdo que este fiscal especial tenga como
jefe inmediato al procurador Víctor Carrancá, quien es considerado el
principal responsable del montaje para acusar a los propios pobladores
de Chalchihuapan de haber provocado la muerte del niño con la “onda
expansiva de un cohetón”.
“Pérez Bravo agotará sus recursos para señalar a policías estatales
como responsables últimos de lo ocurrido en Chalchihuapan, ayudando a
montar el escenario para dar por cumplida una de las recomendaciones
que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, expresó.
Mazatle afirmó que el nombramiento de Pérez Bravo representa sólo
una simulación, y lo único que garantiza es la impunidad para el
gobernador y sus funcionarios, por lo que pidió que el Senado nombre
una comisión especial que dé seguimiento a este caso.
Arnulfo Hernández Chávez, integrante del Movimiento Alternativa
Social (MAS), dijo que el riesgo que se corre con el nombramiento de
Pérez Bravo no sólo es que entorpezca las investigaciones, sino que
pueda dirigir el caso contra los pobladores de esa localidad y que
incluso lleve a cabo detenciones masivas.
Y es que, en la propia recomendación que emitió la CNDH el 11 de
agosto, pide que igual se investigue a los habitantes de Chalchihuapan
por las agresiones que sufrieron los policías.
Específicamente, en el dictamen se hacen señalamientos contra el edil de la Junta Auxiliar, Javier Montes Bautista.
Los activistas anunciaron que el este jueves 18 se llevará a cabo
otra marcha multitudinaria para manifestarse en contra de las
“políticas represoras” del gobierno de Moreno Valle, en la cual
participarán pobladores de las Juntas Auxiliares de la entidad, quienes
reclaman que les sean restituidos los servicios de Registro Civil.
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