La mañana de este miércoles se llevó a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad y una disculpa pública por el caso Digna Ochoa, en el cual participaron diferentes funcionarios del gobierno de México, así como defensores y familiares de la abogada mexicana.
Tal ceremonia es sólo una de las 15 medidas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó adoptar al Estado mexicano por las diversas fallas cometidas en la investigación de la muerte de Digna Ochoa y Plácido. Debido a estas «graves falencias», en 2011, la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México determinó que la defensora de derechos humanos se había suicidado y cerró el caso.
Hoy, a 21 años del hecho, Alejandro Encinas Rodríguez (Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación) y Cristopher Ballinas Valdés (Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores) ofrecieron explícitamente una disculpa por este acto revictimizante y por la falta de voluntad del gobierno mexicano para dar una respuesta real sobre el feminicidio de la defensora.
Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal y porque tampoco garantizó su acceso pleno a la justicia… Por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso, las faltas al debido proceso y a las debidas diligencias. Porque su lucha y su memoria no pueden ser discriminadas ni estigmatizadas por su pertenencia de género ni su pertenencia social y cultural.
Alejandro Encinas Rodríguez
Durante el acto, tanto Encinas Rodríguez como la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), Ernestina Godoy Ramos, recordaron que la Fiscalía de la CDMX ya reabrió la investigación de la muerte de la abogada y defensora de los derechos humanos. Además, de acuerdo con Ernestina Godoy, se creó una Unidad Especializada para la Investigación del Caso de Digna Ochoa para ofrecer una resolución satisfactoria a las y los familiares de Digna.
Para entender mejor: CoIDH acepta analizar caso de la defensora Digna Ochoa
Digna Ochoa no es un caso aislado; ¿y la justicia?
La Senadora Olga Sánchez Cordero también estuvo presente durante la ceremonia. En su discurso destacó que tuvo la oportunidad de conocer a Digna Ochoa «en una versión de México en la que en muchas ocasiones el gobierno revictimizaba con impunidad e incluso era el primer sospechoso de articular la violencia homicida y feminicida». Sin embargo, aseveró, «ese país ha quedado atrás«.
«Las amenazas ya no vienen del Estado», añadió la funcionaria, aunque reconoció que aún hay muchos peligros para las y los defensores de derechos humanos. Estos peligros siguen tan latentes que, según un informe del Comité Cerezo México, en 2021 asesinaron por lo menos a 25 defensoras y defensores en el territorio mexicano. Además, según el mismo informe —y contrario a lo indicado por Sánchez Cordero—, los perpetradores de estas muertes fueron agentes del Estado mexicano directa o indirectamente.
Desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hasta diciembre de 2021 se han contabilizado 59 homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos. Aunado a esto, el gobierno mexicano sigue acumulando casos y sentencias de organismos internacionales por su falta de acción para ofrecer justicia a las y los familiares de estas víctimas.
Apenas la semana anterior, los abogados Micheel Salas y David Peña (quienes llevan el caso Digna Ochoa) anunciaron la decisión de llevar el caso de los defensores Bety Cariño y Jyri Jaakkola con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tal como ha ocurrido con el asesinato de digna, la muerte de ambos activistas lleva años en la impunidad.
Los posibles culpables de este homicidio forman parte de un grupo delictivo que presuntamente tuvo alianzas electorales con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones pasadas por la gubernatura de Oaxaca.
Pero, más allá de estos casos ligados con asuntos políticos, el Estado tampoco ha podido garantizar la no revictimización de víctimas de otros crímenes feminicidas. Muestra de ello son las declaraciones de la Fiscalía General de Jalisco acerca del caso de Luz Raquel. Al igual que con Digna Ochoa, las autoridades también la culparon de su propia muerte.
El caso de Digna Ochoa y Plácido forma parte de este contexto de violencia generalizada que ha golpeado de manera específica a mujeres, defensoras y defensores de derechos humanos y también a periodistas. A raíz de él, el Estado mexicano tiene la obligación de implementar y fortalecer los protocolos de actuación en casos de ataques contra personas defensoras. También debe cumplir su compromiso de dar con los responsables del asesinato de Digna.
¿Cuándo asumirá este compromiso con las miles de víctimas más en México? Como declaró su hermano Jesús Ochoa y Plácido este miércoles: «Digna Ochoa no esta muerta: está mas viva que nunca y exige justicia». Que esa justicia se extienda para todas y todos quienes actualmente habitan en los terrenos de la impunidad.
