A más de dos décadas del asesinato de la activista, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció la creación de la Unidad Especializada para el Caso Digna Ochoa. Pero llegar a este momento ha sido un camino cuesta arriba para su familia.
Digna Ochoa y Plácido era abogada, trabajaba en casos de violación de derechos humanos perpetrados por parte de funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Por este trabajo fue víctima de amenazas e incluso secuestro, ocurrido el 9 de agosto de 1999, cuando un grupo de hombres la privaron de su libertad durante cuatro horas.
Ante esto, el 7 de septiembre de 1999, Digna Ochoa decidió solicitar medidas cautelares para ella y los miembros del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh), organización en la que laboraba. Luego de casi dos años desde su solicitud, se dieron por concluidas las medidas provisionales otorgadas y Digna Ochoa fue asesinada.
El 19 de octubre de 2001, Digna fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la calle Zacatecas número 31, en la colonia Roma. Las autoridades investigaron durante una década el caso y, después de revisar tres líneas de investigación: ”Militares”, “Guerrero” y “Entorno familiar, laboral y social”, concluyeron que la causa de la muerte había sido suicidio.
Durante 20 años, la familia de la defensora insistió en que Digna Ochoa no se suicidó de tres disparos. Pese a esto, tres procuradores –Bernardo Bátiz Vázquez, Rodolfo Félix Cárdenas y finalmente, Miguel Ángel Mancera Espinosa– mantuvieron firme su postura y en tres ocasiones (julio de 2003, marzo de 2007 y noviembre de 2010) decidieron no ejercer acción penal.
La deuda pendiente
Tras agotar todas las vías jurídicas, la familia de Digna Ochoa, acompañada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizar el caso, instancia que en 2013 lo admitió y en 2019 lo remitió a la Corte Interamericana.
A más de dos décadas del homicidio, el 29 de enero de 2022, la CoIDH notificó al Estado mexicano la sentencia en su contra. La Corte declaró que, desde que se perpetró el homicidio, la investigación estuvo sesgada debido a que las autoridades aplicaron estereotipos de género, y consideraron aspectos íntimos y personales de la defensora para sus conclusiones.
Además, la CoIDH determinó que México también violó el plazo razonable para investigar los hechos, ya que la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México –hoy Fiscalía– tardó una década en investigar el caso, hasta que en 2011, con Miguel Ángel Mancera Espinosa al frente de la institución, se cerró la indagatoria porque concluyó que se trató de un suicidio.
Finalmente, la Corte Interamericana ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación, entre ellas: promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de Digna Ochoa; y, en su caso, juzgar y eventualmente sancionar a la persona o personas responsables de su muerte.
Debido a lo anterior, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, anunció la creación de la Unidad Especializada para el Caso Digna Ochoa, con la que se reabrirá la averiguación previa ante el homicidio de la defensora de derechos humanos.
Para la abogada feminista Karla Micheel Salas Ramírez –quien ha acompañado el caso–, la fiscal Ernestina Godoy tiene el compromiso de brindar justicia a Digna Ochoa, pues es una mujer que ha trabajado en la sociedad civil al ser integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, organización que también defendió a la familia Ochoa.
“Desde que ella presidía la ANAD, [Ernestina Godoy] exigió al gobierno de la ciudad y el gobierno federal el esclarecimiento del asesinato de Digna. Entonces no dudamos que, ahora que tiene esta alta responsabilidad, la asuma”, aseveró Salas tras darse a conocer la sentencia de la CoIDH.
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