A 16 años de los hechos, las sobrevivientes aún buscan justicia ante un Estado en el que impera la impunidad.
Recientemente, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México. A partir de las mil 280 entrevistas realizadas en el estudio a mujeres privadas de la libertad en 66 penales del país, el documento revela que ocho de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia en algún momento de su proceso judicial.
El informe se llevó a cabo a raíz de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que se condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violencia sexual, violación y tortura que vivieron las mujeres de Atenco en 2006.
En la sentencia, la CoIDH ordenó que el gobierno mexicano continuara e iniciara, en su caso, las investigaciones para castigar a los culpables. Además, se le instruyó para crear un plan de capacitación de elementos de seguridad federales y del Estado de México, pues fueron estos cuerpos policiacos quienes en 2006 ejercieron la tortura sexual contra las mujeres.
El alto tribunal interamericano también ordenó al Estado mexicano establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y del uso de la fuerza. Además, la CoIDH recomendó la elaboración de un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.
En ese sentido, Segob refirió que con el diagnóstico publicado el 27 de junio se busca contribuir a “generar mecanismos específicos para atender los actos de tortura sexual en contra de las mujeres [privadas de la libertad]”.
Sin embargo, el documento se realizó cuatro años después de la recomendación de la CoIDH, lo cual evidencia que el Estado avanza tardíamente con los pendientes que tiene por resolver para garantizar a las sobrevivientes de Atenco –y a todas las mujeres– un acceso a la justicia ante las vulneraciones a sus derechos humanos.
El derecho a la verdad, justicia y reparación
En 2006, San Salvador Atenco fue el escenario de la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían a la expropiación de sus tierras para la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco.
El conflicto escaló de nivel estatal a federal, lo que desembocó en que en mayo del mismo año tuviera lugar el episodio que detonaría severas afectaciones a los derechos humanos de las y los manifestantes.
Fue el 3 de mayo cuando inició un choque entre vendedores de flores de San Salvador Atenco y policías municipales. El conflicto escaló hasta la ejecución de un operativo conformado por mil 815 policías estatales y 628 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes enviados por el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, buscaban ponerle fin al movimiento de protesta. Durante el operativo se detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas, aproximadamente 50 de ellas fueron mujeres.
31 de las mujeres aprehendidas declararon haber sido agredidas sexualmente por parte de elementos policiales al momento de su detención y traslado; 11 de ellas iniciaron un proceso ante el Sistema Interamericano que concluyó con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018.
A más de 15 años de lo ocurrido, la exigencia de las sobrevivientes es la misma: acceso a la verdad y justicia. Hasta el momento no existe ninguna sentencia condenatoria que responsabilice a las autoridades –ni del fuero local ni del federal– por los actos de tortura sexual.
Tortura sexual, problema sin erradicar: gobierno mexicano
La impunidad en el caso Atenco ha enviado el mensaje de permisividad, lo que provoca que la tortura sexual sea un problema creciente y sin erradicar, así lo reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
En este panorama de impunidad viven las mujeres en México, donde 80 por ciento de las mujeres privadas de la libertad señalaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante su proceso. Además, 40 por ciento de ellas acusaron haber sido víctimas de tortura sexual, sin que existan más que siete sentencias por ese delito.
Aunado a esto, 40 por ciento de las mujeres entrevistadas en el diagnóstico acusaron a policías de investigación como los principales perpetradores de dichas agresiones, seguido de policías municipales (21 por ciento), policías estatales (16 por ciento), miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (7 por ciento) y de la Secretaría de Marina (6 por ciento).
En ese sentido, Norma Aidé Jiménez Osorio, mujer sobreviviente de Atenco, denunció que el silencio del gobierno mexicano ha permitido que la tortura sexual contra mujeres presas se siga perpetrando en todos los niveles de seguridad: “Los responsables de la tortura sexual no solo son quienes la ejecutan, también es quien la calla, también es quien no hace nada para que las víctimas tengan justicia, también es quien la siga perpetuando y alentando”.
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