Culpa a familia de Ochoa por no haber impugnado “a tiempo”
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Las autoridades del Estado mexicano, en específico del Distrito Federal, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no admita el caso de la muerte de Digna Ochoa y Plácido, pese a que la familia de la defensora argumenta que las autoridades capitalinas cometieron irregularidades al investigar el caso.
En audiencia pública ante la CIDH, en Washington, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) reiteraron las graves irregularidades en este caso, negadas por las autoridades mexicanas.
Según los representantes legales de la familia de Digna Ochoa –quien murió presuntamente asesinada el 19 de octubre de 2001 en el DF– la autoridades capitalinas incurrieron en faltas al debido proceso, lo que provocó que a 12 años de los hechos no haya justicia ni se sepa la verdad de lo ocurrido.
Durante la audiencia, Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) argumentó que el caso se cerró en México –concluyendo que Digna se suicidó de tres balazos–, y que en todo caso la defensa legal no impugnó esta decisión.
Mirón Reyes aseguró que la CIDH no puede “reabrir el proceso” porque esto es ajeno a su competencia; sin embargo cabe decir que cuando un caso es admitido por este organismo interamericano se analizan las posibles violaciones a Derechos Humanos cometidas por el Estado mexicano, pero no actúa como Ministerio Público (instancia de investigación).
No obstante el funcionario argumentó que este caso, a diferencia de otros, “muestra una actuación a nivel ministerial y del sistema de justicia apegados a los criterios internacionales”, y destacó que incluso se ha informado de manera puntual a los comisionados de la CIDH de estas investigaciones.
Como si quisiera destacar los 10 años del trabajo de las autoridades mexicanas para esclarecer este caso, Jorge Antonio Mirón explicó que la fiscalía especial que se creó para investigar lo ocurrido realizó mil 500 diligencias y 269 intervenciones policiales; obtuvo 282 declaraciones, y analizó 595 informes de la policía y otras autoridades.
Dijo además que el Estado mexicano, a través de la Procuraduría capitalina, agotó las diversas líneas de investigación: la presunta participación de militares, hipótesis que fue desvirtuada conforme avanzaban las indagaciones; el trabajo de Digna en el estado de Guerrero, que tampoco prosperó, y la del suicidio, que al final se fortaleció.
En entrevista desde la sede de la CIDH, Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México de Cejil, explicó que en el caso de Digna era necesario evidenciar que se han agotado los recursos internos, pese a que la delegación del Estado mexicano dijera lo contrario.
“En este caso queríamos recordar que ha habido tres resoluciones del no ejercicio de la acción penal, dos inconformidades, tres amparos, una revisión de amparo y una queja dentro del amparo, y aún así ninguno de esos recurso ha sido eficaz para una investigación, imparcial, sería y efectiva”, abundó.
Nuño explicó que durante los últimos ocho años han estado en litigio con el MP porque claramente no ha avanzado en el fondo del caso, por lo que –afirmó– los abogados de la familia han cumplido con los requisitos establecidos para que la CIDH admita un caso.
Ante la actitud del Estado mexicano que en todo momento insistió en que los peticionarios podían seguir el litigio con la PGJDF y no lo hicieron, Nuño explicó que esto demuestra que la familia Digna Ochoa y Plácido sólo puede obtener verdad y justicia si el caso es admitido para su análisis por la CIDH.
Cejil y la ANAD argumentaron que la indagación del caso estuvo llena de sesgos, irregularidades y parcialidades, porque las autoridades se enfocaron en cuestionar a Digna por su vida personal, perfil psicológico, creencias y su condición de defensora y mujer.
En medio de estas discrepancias entre los peticionarios y la comitiva del Estado mexicano, el comisionado Rodrigo Escobar Gil dijo que en este caso era necesario que las partes aportaran elementos para justificar que la justicia penal mexicana fue arbitraria, o que cometió omisiones en las acciones encaminadas a esclarecer la muerte de Ochoa y Plácido.
Ante esta posición, Alejandra Nuño recalcó que las diligencias fueron “completamente sesgadas” a pesar de que se contaron con los medios y los recursos humanos y materiales para hacer justicia, al grado de que se creó una comisión especial investigadora con equipo y presupuesto propios.
Por último, dijo que el hecho de que se convocara a una audiencia sobre este tema refleja el interés de la CIDH por el caso, por lo que confió en que sea admitido por el mecanismo para su análisis en los próximos meses.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario