Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- La periodista Ana Lilia Pérez, exiliada en Alemania desde 2012, denunció ser blanco de nuevas amenazas, ahora a través de una demanda judicial por presunto daño moral que interpuso el diputado federal del PAN Juan Bueno Torio.
La autora de los libros “El cártel negro” y “Camisas azules, manos negras” –en los que documenta supuestas irregularidades administrativas en Petróleos Mexicanos (Pemex)– publicó una carta en la que acusa al panista de pretender “amordazarla”.
En la misiva, la periodista dijo que como represalia a sus investigaciones ha sido objeto de amenazas de muerte, acoso judicial, agresiones, persecución, vigilancia, intervención telefónica, bloqueo informativo y de un recurrente abuso de poder.
La reportera, distinguida con el Premio Leipziger Medienpreis 2012 en Alemania, señaló que las amenazas en su contra se acentuaron en 2008 tras denunciar al entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, como contratista de Pemex.
Luego de las amenazas decidió exiliarse a través de un programa europeo de protección a perseguidos políticos, pero afirmó que incluso en Europa es blanco de acoso judicial por parte de Juan Bueno Tenorio.
En 2010 en el libro “Camisas azules, manos negras”, de editorial Grijalbo, la reportera documentó el desempeño del entonces director de Pemex Refinación (2003-2006), Juan Bueno Torio.
En diciembre de ese año, la Cámara de Diputados creó una Comisión Especial para investigar las denuncias del libro, lo que provocó que Bueno Tenorio la demandara, acción que de proceder sería una intimidación legal, según Ana Lilia Pérez.
También informó que en días recientes fue notificada que la demanda continuará ahora en Alemania, lo que a decir de la periodista es una forma de acoso judicial ante el temor del diputado de que en México salgan a la luz más indicios de la supuesta corrupción en Pemex.
Éste no es el único caso de una reportera amenazada. Durante 2012 Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) documentó 35 agresiones a mujeres periodistas, además de un asesinato y una desaparición.
Y aunque en México las periodistas cuentan con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ellas siguen optando por el exilio.
Esto a pesar de que también existe una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República, que además de investigar también brinda medidas de seguridad, según dijo en entrevista la fiscal Laura Angélica Borbolla.
De acuerdo con la fiscal, esta institución brinda medidas cautelares de manera individual o en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
No obstante, en los hechos, los casos de amenazas e intimidación y asesinatos de periodistas continúan en todo el país.
Borbolla aseguró que la dependencia a su cargo ya está generando estadísticas por sexo, entidad y por tipo de agresión, pero afirmó que no investigan el 100 por ciento de los casos porque ellos conocen los que llegan de manera directa o por conocimiento de las procuradurías estatales.
Además apuntó que la Fiscalía está consciente de que se debe generar una política pública para tratar de distinta manera las agresiones contra las periodistas, porque en ocasiones la intimidación contra las mujeres tiene un doble impacto o un doble mensaje.
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