⇒ Parte I: Soya transgénica invade México
Parte II: Soya transgénica, riesgosa para la biodiversidad mexicana
Parte III: Conabio perdió el carácter vinculante de sus opiniones durante el panismo
Parte II: Soya transgénica, riesgosa para la biodiversidad mexicana
Parte III: Conabio perdió el carácter vinculante de sus opiniones durante el panismo
En 7 años, las autoridades mexicanas han concedido a las trasnacionales Monsanto y PHI México 43 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en el país, en las fases experimental y piloto. Una reciente autorización concede la siembra de 253 mil hectáreas del grano genéticamente modificado a escala comercial
Primera parte
El gobierno mexicano autorizó a Monsanto Comercial, SA de CV, la siembra de soya transgénica a escala comercial en siete estados de la República Mexicana: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
El permiso, dado en junio de 2012, que libera 253 mil 500 hectáreas es el más reciente de un total de 44 autorizaciones aprobadas en 7 años por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para la siembra de soya transgénica en las fases experimental y piloto.
A decir de Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), la siembra de transgénicos hasta ahora no ha significado ningún riesgo. “Cuando el Estado da permisos para la liberación, en este caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos digan que algo malo va a pasar”.
No obstante, a la solicitud de siembra comercial de Monsanto respondieron con opiniones negativas la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el entonces Instituto Nacional de Ecología (INE, ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Las opiniones se derivan de la evaluación y el análisis de riesgo que hacen los expertos que congregan dichas comisiones y el Instituto, y del estudio de los reportes elaborados por las trasnacionales tras las siembras experimentales y piloto.
La posible filtración de agroquímicos (glifosato) a los mantos acuíferos, la colindancia de los polígonos liberados con áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas e hídricas, la afectación a otras actividades económicas de la región, el desarrollo de resistencia a malezas y los posibles efectos a organismos no objetivo son algunos de los argumentos que presentaron las tres dependencias.
Pese a ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –quien estudió las opiniones de la Conabio, la Conanp y el INE para emitir su opinión– dijo “sí” a los transgénicos. La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), vigente desde 2005, establece como vinculante la opinión de la Semarnat para permitir el cultivo de transgénicos en el país. Con el aval de esta dependencia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entregó la autorización a la peticionaria.
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