Alejandro Encinas Rodríguez
En tiempos de restauración, las prácticas corporativas regresan por sus fueros. En los primeros 100 días del gobierno federal, se ha venido tejiendo una red de operación política, ensayada ya en el estado de México, para dar cuerpo a una política social, cuyo principio elemental, dijo el titular del Ejecutivo, es “que las familias mexicanas tengan un piso básico de bienestar”.
La Cruzada Nacional Contra el Hambre, anunciada con bombo y platillo en Las Margaritas, Chiapas, en su etapa inicial comprenderá 400 municipios prioritarios por su carencia alimentaria, donde se concentrarán los 70 programas de apoyo social que aplicarán las dependencias federales, con lo que se espera beneficiar a 7.4 millones de personas.
Al paso de los días, la instrumentación del programa ha puesto en evidencia su verdadera naturaleza. No se trata de una política que establezca derechos sociales que garanticen el acceso a mínimo de bienestar a la población, sino de programas asistenciales, instrumentados territorialmente a través de la estructura gubernamental, en los que se condicionará la entrega del apoyo a los beneficiarios a su subordinación política.
Basta hacer una revisión: la Secretaría de Desarrollo Social precisó que no fue Coneval quien definió los municipios considerados en la primera etapa. Al analizar los indicadores de Coneval, de los 400 municipios, sólo 209 están dentro de los municipios de mayor pobreza. Los restantes 191 contienen 23 ciudades capitales de estados y además ciudades importantes del país: Tapachula, Ciudad Juárez, Torreón, León, Acapulco, Zapopan, Tlaquepaque, Ecatepec, Naucalpan, Ciudad Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Chalco, Cuautitlán, Cancún, Matamoros, Reynosa, Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos, así como las delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan.
Así, la Cruzada se orienta a las zonas urbanas —incluso a la Ciudad de México, donde sus habitantes cuentan con derechos universales establecidos en la ley como la pensión para adultos mayores, o programas para atender la desnutrición—, dejando de lado a un sinnúmero de municipios que se encuentran en situación de pobreza extrema.
Si la Cruzada se aplicara en los 400 municipios más pobres del país, se concentraría en las 12 entidades con mayores índices de pobreza: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Ello implicaría que el programa se circunscribiera a siete de los 14 estados donde habrá elecciones este año, sin embargo, incluye a todos, especialmente a las capitales y ciudades donde se concentran más electores —en Baja California participan Ensenada, Tijuana y Mexicali; en Aguascalientes, la capital— y no a los municipios de mayor pobreza, en particular donde el PRI ha tenido resultados desfavorables. En 2012 López Obrador ganó en cuatro entidades: Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala; Josefina Vázquez Mota en Tamaulipas; además en Baja California, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, el PRI perdió las anteriores elecciones por las gubernaturas.
Pero también toma previsiones a futuro. Por ejemplo, en el Distrito Federal, las cuatro delegaciones consideradas, representan el 48% del padrón electoral y el 49% de los votos que la izquierda recibe en la ciudad.
La Cruzada implicará además pagos de favores, la titular de Sedesol ha señalado que la Cruzada se instrumentará a través de la Asociación Nacional de Bancos de Alimentos, dentro de la que se encuentran empresas como Kellog’s, Pepsico, Kraft, Campbell’s, Wal-Mart y, vaya coincidencia, Soriana.
Todo ello augura un nuevo fracaso: mientras prevalezcan las viejas prácticas que medran con la pobreza, buscando votos y no resolver los problemas de la desigualdad, se seguirá alentando el círculo perverso de pobreza, manipulación y antidemocracia.
Senador de la República
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