POLÍTICA
Frente a diputadas dan discurso de media hora y se van
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- A pesar de que activistas consideran que hoy más que nunca es necesario entablar un diálogo abierto con el Estado sobre los derechos de las mujeres, los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, simplemente las ignoraron.
Como parte de las actividades conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados y la PGR, organizaron ayer un coloquio en San Lázaro donde los funcionarios hicieron acto de presencia, pronunciaron unas palabras y sin escuchar ni debatir con las asistentes, se retiraron.
Las expertas en género lamentaron y criticaron que –en un encuentro de esta relevancia– fueran desairadas por Murillo Karam, Cruz Sánchez y por Lía Límón, subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación quienes no dialogaron con ellas, tal y como si los derechos de las mexicanas no les importaran.
Pero lo que más causó molestia entre las activistas -además de la efímera presencia de estos funcionarios de primer nivel- fue que en sus breves discursos omitieron hablar del tema para el que fueron convocados “Acceso a la justicia para las mujeres con perspectiva de género”.
En su “esperada participación” Murillo Karam dijo “a veces causa estupor cuando digo que en mucho, en mi caso, me hizo más machista mi madre que mi padre, pero es cierto. Había más de defender las ventajas de mi sexo desde el ámbito educativo de mi madre que desde el ámbito educativo de mi padre”.
El abogado de la nación aseguró que muchas mujeres sufren problemas que surgen de herencias culturales y de “una falta de trabajo pleno consistente, seguro y orientado de la educación de niñas y niños” pero nada dijo del papel de la PGR en las investigaciones de casos de trata de personas, desaparición de mujeres o asesinatos por razones de género.
Por su parte la titular del Inmujeres reafirmó lo que expresó ante la ONU: “El presidente Enrique Peña Nieto tienen un claro compromiso con las mujeres mexicanas en la ley y en la práctica y por ello las mujeres estaremos en el centro de la política social, económica y de justicia”, aunque no dijo cómo harán realidad este discurso.
La primera crítica fue la periodista y defensora de los Derechos Humanos Lydia Cacho, quien calificó como “insultante” que en el foro no estuvieran las y los diputados escuchándolas y de “lamentable” que Murillo Karam se retirara antes de que le pudieran preguntar cómo y por qué elaboró “tan importantes comentarios”.
En presencia de la diputada Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Equidad y Género y organizadora del coloquio, la periodista dijo que la próxima vez primero hagan un debate de expertas sobre el acceso a la justicia de las mujeres y después que hable el titular de la PGR.
De acuerdo con las palabras de la autora de la columna Plan b, el reciento legislativo de San Lázaro debe ser un espacio para transformar la nación y para que las y los legisladores se capaciten y comprendan qué es una categoría de género y después poner el tema en el discurso cotidiano.
A esta crítica se sumaron la aboga feminista Karla Micheel Salas, la fundadora de la asociación civil Alternativas Pacíficas Alicia Leal y la coordinadora jurídica de la organización Vereda Themis, Julia Pérez, quienes coincidieron en que ya tienen claro el diagnóstico de la situación de violencia y acceso a la justicia de las mujeres.
Agregaron que las leyes existen, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos además de los instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), ahora lo que falta es un debate con las autoridades, lo que no sucedió, pese a que también estuvieron presentes las titulares de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, entre otros funcionarios de PGR y de la Segob.
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