Sandra y Sarahí, de 12 y 17 años, sufrieron violencia física y sexual en 2016
Conferencia de Elia Corona y Yolanda Salas, madres de las menores rescatadas
Periódico La Jornada
Las menores Sandra y Sarahí, de 12 y 17 años de
edad, respectivamente, originarias de San Pablo del Monte, Tlaxcala,
fueron raptadas en octubre y diciembre de 2016. Tras varias horas de
desaparición fueron localizadas por sus familiares; ambas fueron
sometidas a violencia física y sexual.
La primera se encontraba sedada muy cerca de un motel; la segunda,
abandonada en la calles de una colonia popular en horas de la madrugada;
ambas en los límites entre Puebla y Tlaxcala, uno de los principales
corredores de captación, acción y tránsito de trata de personas con
fines de explotación sexual en el país.
En entrevista, Elia Corona y Yolanda Salas, madres de las menores,
narran las largas horas de ‘‘terrible angustia’’ vividas por sus
familias ante la ausencia de sus hijas, además de la inacción,
incompetencia y hasta ‘‘complicidad’’ de los elementos policiacos. A lo
anterior se suman la revictimización provocada por el sistema de
investigación de justicia y las ‘‘amenazas’’ recibidas por parte de
agentes del Ministerio Público para impedirles levantar la denuncia.
El caso no fue reportado al SNSP
Es decir, las menores raptadas y violentadas física y
sexualmente ni siquiera forman parte de las estadísticas por estos
delitos en el país. No hay nada, sólo dos actas circunstanciadas que no
son reportadas al Sistema Nacional de Seguridad (SNS), donde las
autoridades estatales no están obligadas a investigar.
Sandra, la menor de 12 años, salió de su casa el pasado 7 de
diciembre a las 6:30 horas rumbo a su secundaria. El 14 de octubre de
2016, Sarahí había salido de la preparatoria y fue vista por un tío a
unas cuadras de su casa a las 20 horas. Ninguna llegó a su destino;
ambas, provenientes de familias de muy escasos recursos económicos y
habitantes de colonias populares, fueron subidas a golpes a un automóvil
por un grupo de hombres.
Las madres de las menores, en cuyo testimonio existen
múltiples semejanzas, narran que casi de inmediato alertaron a
familiares y amigos, hicieron una rápida difusión de la desaparición de
sus hijas a través de las redes sociales, identificaron a personas que
las habían visto antes del plagio, y recorrieron una y otra vez los
posibles trayectos que habrían tomado.
Incluso, ante la negativa de policías pidieron los videos de
seguridad de los comercios ubicados en las posibles rutas. Eso fue muy
probablemente lo que impidió que los agresores pudieran sacarlas del
estado de Tlaxcala, dice Miriam Pascual, de la Red Retoño, que ahora
asesora a las familias de las menores.
Sarahí, la joven de 17 años, permaneció desaparecida más de seis
horas; fue localizada en la madrugada tras una llamada telefónica que
pudo hacer tras ser abandonada. ‘‘La encontramos toda ida; su ropa y
ella olían como a cloroformo, estaba muy golpeada mi niña; es terrible
lo que le hicieron’’, dice su madre, Yolanda Salas.
A su vez, de 12 años, la niña Sandra estuvo desaparecida más de
cuatro horas; fue localizada cuando pudo pedir auxilio a unas personas
que pasaban por la calle, cerca de un motel de la colonia Villa
Frontera, donde ella identificó haber sido llevada por los agresores,
dice su madre, Elia Corona, quien revela que prácticamente fueron
amenazados para no levantar la denuncia. ‘‘Si se contradicen en
cualquier cosa son ustedes las que van a ir a la cárcel’’, dijeron a los
familiares en la agencia del Ministerio Público.
A cinco y tres meses de los hechos, respectivamente, ninguna de las
dos familias de las víctimas ha recibido notificación de las
autoridades, además de que fueron ‘‘extraviados’’ indicios importantes
para la investigación, como los videos y pruebas de ADN de los
agresores, entre muchas otras irregularidades.
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Veinte años de inacción y ceguera ante trata de personas
José Antonio Román
Periódico La Jornada
Identificado por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) y ONU-Mujeres, el corredor Puebla-Tlaxcala es
una de las principales zonas de captación, acción y tránsito de trata de
personas con fines de explotación sexual desde hace al menos 20 años,
sin que el Estado mexicano intervenga de manera decidida en un fenómeno
delictivo que se extiende cada vez más.
La mencionada zona, junto con las ciudades de Tijuana y Mexicali,
Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Matamoros,
Tamaulipas, en la frontera norte; Puerto Vallarta y Acapulco, Guerrero, y
Tapachula, Chiapas, en el Pacífico, y Cancún, Quintana Roo, en la
península de Yucatán, son los puntos de la República donde existe mayor
incidencia de trata de personas, advierten de manera coincidente tanto
la CNDH como ONU-Mujeres.
País de origen y destino
‘‘México es país de origen, tránsito y destino de
víctimas de trata de personas, a lo cual contribuye su situación
geográfica, dado que se ha convertido en paso obligado de los migrantes
centroamericanos’’ que viajan a Estados Unidos en busca del sueño americano, señala la Comisión Nacional.
El mismo organismo advierte que las víctimas mexicanas
identificadas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos,
proceden mayoritariamente de Puebla, Michoacán, Guerrero, la Ciudad de
México, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala.
En esta última entidad se estudia ya la emisión de la alerta de
violencia de género. Apizaco, San Pablo del Monte y Tenancingo son tres
de los 15 municipios tlaxcaltecas con mayores denuncias.
Sobre esta última entidad, la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha emitido en los
pasados dos años nueve recomendaciones al gobierno estatal para
implementar acciones que ayuden a erradicar y prevenir la trata de
personas en el corredor Puebla-Tlaxcala.
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