Tanto el IMSS como el ISSSTE tiene la política de no reconocer los riesgos de trabajo.
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Parece broma, pero no lo es, la Cámara de Diputados con tremendo impudor aprobó
el pasado 21 de febrero con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86
votos en contra de los partidos Morena y PRD, otorgar a los patrones la
facultad para aprobar la actualización de las tablas de
enfermedades y de valuación de las incapacidades permanentes
resultantes de los riesgos de trabajo.
El dictamen que reforma los
artículos 513 y 515 y adiciona el artículo 515 bis de la Ley Federal del
Trabajo faculta al presidente de la República, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dar a conocer por medio del Diario Oficial las tablas de valuación de incapacidades permanentes siempre y cuando exista aprobación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Presidente de la República o
el secretario de Trabajo, se les convierte con éste dictamen en una
especie de sirvientes de las Cámaras Patronales para que ellos decidan
la forma y cómo de la actualización de las tablas de enfermedades y
valuaciones a las incapacidades permanentes.
En ningún otro país del mundo los patrones tienen tantas canonjías.
Aquí se les pregunta cómo quieren que se les sancione y si están de
acuerdo sobre el tipo de enfermedades o riesgos que pueden considerarse
de trabajo, a pesar de ser ellos los responsables de los ambientes y
condiciones de trabajo.
Permitir a los patrones que
cometen constantes infracciones de salud en el trabajo y además puedan
decidir sobre los riesgos de trabajo, es
como consentir que un delincuente pueda resolver si la falta cometida
por él se considere un delito o no y hasta permitirle si está de acuerdo
con la penalidad, en años, meses o días de prisión a que se le deba condenar.
Será como dar un cheque en blanco
a los patrones para que ellos lo llenen a su gusto. Seguro que la
cantidad que tratarán de imponer será la más baja o ninguna si es
posible.
La Cámara
de Diputados, con este bodrio de dictamen, renuncia a su derecho a
legislar sobre leyes de trabajo como lo exige el artículo 123
Constitucional en su segundo párrafo cediéndolo a un “Consejo Consultivo”,
que no tiene nada de consultivo sino impositivo, conformado por líderes
de los sindicatos (en su mayoría) serviles y de representantes de
organismos patronales.
Es permitir que un solo poder, el
ejecutivo, concentre dos poderes a la vez, el que representa él y el
legislativo, y los más grave cediendo ese derecho constitucional a la
patronal que tiene conflicto de intereses.
Esta concesión a los patrones se
da cuando los trabajadores se enfrentan a las mayores penurias para que
les sean reconocidos sus riesgos y enfermedades profesionales. Tanto el
IMSS como el ISSSTE tiene la política de no reconocer los riesgos de
trabajo o de imponer el porcentaje más bajo, obligando a los
trabajadores a cargar con juicios muy tardados en las Juntas de
Conciliación y Arbitraje para que les reconozcan sus derechos.
El dictamen para beneficio
patronal está en el Senado de la República y es la oportunidad que esta
instancia lo regrese a la Cámara de Diputados para que enmendé su
error. No se pueden permitir tantos retrocesos a la Seguridad Social.
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