Silvia Ribeiro*
“¿Cómo puede alguien
haber pensado alguna vez que cultivar nuestra comida con veneno era una
buena idea?, preguntó Jane Goodall, antropóloga inglesa. A pocas décadas
de su introducción, los agrotóxicos –llamados asépticamente plaguicidas
para disimular su nocividad– han llegado a contaminar a la gran mayoría
de la población mundial. Sea a través de residuos en alimentos
–vegetales y animales– o por la contaminación de aguas, suelos y aire,
los impactos en la salud y el ambiente han ido mucho más lejos que los
lugares donde se aplican y la mayor parte son de larga duración.
Son algunas de las conclusiones del informe sobre plaguicidas
(agrotóxicos) presentado a principios de 2017 por la relatora especial
de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, redactado en
colaboración con el relator especial sobre productos tóxicos. El
reporte, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de muchas
formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio
ambiente sano. Afecta especialmente a niños y mujeres embarazadas,
además de trabajadores rurales, entre quienes también hay muchos niños,
ya que 60 por ciento del trabajo infantil en el planeta es en labores
rurales.
Notablemente, el informe señala que el supuesto fundamento para
justificar el uso de plaguicidas –terminar con el hambre aumentando la
producción agrícola– nunca se cumplió. Pese al aumento de la producción,
el hambre persiste y el número de personas con deficiencias
nutricionales aumentó dramáticamente, hechos vinculados al avance de la
agricultura industrial, basada en monocultivos y transgénicos. Con los
cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas el uso de agrotóxicos
aumentó además en forma exponencial en la última década.
Reportan que las trasnacionales de los agronegocios se han dedicado
sistemáticamente y por diversos medios a tratar de ocultar los riesgos
de los agrotóxicos, desde mercadotecnia engañosa hasta presión para
alterar regulaciones que los hagan aparecer menos dañinos.
Se plantean graves conflictos de intereses, ya que las empresas de plaguicidas [Monsanto y Bayer, Dow y DuPont, Syngenta y ChemChina] controlan 65 por ciento de la ventas mundiales de plaguicidas, pero también 61 por ciento de las semillas. Los esfuerzos de la industria de plaguicidas por influir en quienes formulan las políticas y en las autoridades reguladoras han obstaculizado reformas y paralizado las restricciones a los plaguicidas en todo el mundo. El documento plantea que existen alternativas viables y sin tóxicos para alimentar al mundo, como la agricultura campesina y agroecológica, que es urgente apoyar. (Documento A/HRC/34/48 del Consejo de Derechos Humanos).
Digamos, a manera de resumen, aunque existen vías reales y
alternativas sanas, que sí alimentan, son nutritivas, no contienen
veneno y dan trabajo a la mayoría de los que viven en el campo; todas y
todos estamos expuestos a sustancias altamente tóxicas en alimentos y
ambiente, no porque sean necesarias, sino solamente para el lucro de
unas pocas trasnacionales.
Esto es exactamente el trasfondo de la lucha que llevan las
comunidades indígenas, de campesinos y apicultores de la Península de
Yucatán que se oponen a la plantación de soya transgénica en sus
territorios, por la autorización que otorgó la Sagarpa a Monsanto para
sembrar 235 mil hectáreas de soya transgénica tolerante a glifosato en
siete estados. En las demandas presentadas por organizaciones de
Campeche y Yucatán, la Suprema Corte reconoció que las comunidades
indígenas tienen derecho a consulta, pero negó el fondo de la demanda,
justamente lo que los relatores de Naciones Unidas señalan: los impactos
y violación de derechos a la salud y al medio ambiente. El próximo
miércoles se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la
demanda de comunidades y organizaciones de Quintana Roo (Consejo
Regional Indígena Maya de Bacalar y otras) que denuncia los daños por la
soya transgénica en sus comunidades y ecosistemas, enfatizando que no
se trata de que los
consulten, porque ya desde sus asambleas lo han discutido y su respuesta es clara: demandan anular el permiso de siembra de soya transgénica.
Este 15 de marzo, Damián Verzeñassi, de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR) y director de la carrera de medicina de la Universidad del
Chaco, Argentina, brindó una conferencia magistral en la UNAM,
mostrando los impactos de la soya transgénica en ese país, tercer
productor mundial de transgénicos. De 1996 a 2016, el uso de glifosato
debido a esta siembra aumentó 848 por ciento. Verzeñassi coordinó 24
campamentos sanitarios que relevaron 28 localidades en las cuatro
provincias de mayor intensidad de siembra de soya transgénica del país.
Los resultados son abrumadores, con casi el doble de incidencia de
cáncer que el resto del país, aumento de deformaciones neonatales y
abortos espontáneos, alergias, trastornos endócrinos y neurológicos,
entre otros. En 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró al
glifosato como agente cancerígeno.
Por todo esto, la demanda de las comunidades de Quintana Roo no es un
tema sólo de su región, es la defensa del derecho a la salud, al medio
ambiente y a la alimentación sana de todas y todos, frente a la brutal
agresión de las trasnacionales de agronegocios que por sus ganancias no
dudan en contaminar el planeta entero.
*Investigadora del Grupo ETC
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