(21
de marzo, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- La región Poniente de
Bacalar, Quintana Roo ha emprendido desde hace ya casi 5 años, la lucha
legal en contra de la concesión que otorgó la SAGARPA a la empresa
Monsanto Company, multinacional estadounidense “que se vende a sí misma
como una gran benefactora de los campesinos y promotora de la
sustentabilidad, pero que en realidad es un enorme negocio de
agrotóxicos que (ya está demostrado en Argentina y Paraguay).
Va dejando a
su paso despojo, enfermedad, muerte y destrucción de la naturaleza. La
concesión de ese permiso es el motivo de nuestra petición de amparo bajo
el cobijo de las leyes nacionales e internacionales que deberían
vigilar y resguardar los derechos de los pueblos indígenas, aunque
también hemos visto que los tribunales, a veces, se alejan de la
justicia”, denuncian la población indígena maya.
Quienes a su
vez señalan que siendo apicultores y milperos cuidadores de las
semillas nativas de esa región, “aún creemos que la justicia puede ser
la mediadora entre el exceso y la carencia, entre la ambición y la
vida”.
Este 22 de
marzo, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Alberto Pérez Gallán, José Fernando Franco González,
Javier Laynez Potisec, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza y la ministra
Margarita Beatriz Luna Ramos, celebrarán la audiencia en la que
atenderán la denuncia de inconstitucionalidad de la Ley de Bioseguridad y
todo lo concerniente al permiso otorgado a Monsanto para la siembra
comercial de soya transgénica, “por tiempo indefinido en nuestros
territorios”.
Por lo que a
los ministros y la ministra, la comunidad indígena ha explicado que
interpusieron una demanda de amparo para exigir que se reconozcan las
diversas ilegalidades y arbitrariedades ocurridas durante el
otorgamiento del permiso; recordando que la CONABIO, el INE y la CONANP
emitieron dictámenes negativos, es decir, que recomendaron a la SAGARPA
no otorgar el permiso.
Así como
reconocer que las violaciones cometidas en materia de consulta y
consentimiento son irreparables y, por tanto “anule definitivamente el
permiso otorgándonos su amparo y protección contra los actos de las
autoridades federales a favor de la empresa Monsanto”.
“También
queremos aclararles, a los ministros que las comunidades indígenas de
Bacalar no queremos que se nos consulte, pues nuestras comunidades, en
ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación contenido en el
artículo 2° de nuestra Constitución y en el acuerdo 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, reconocido por el Estado
mexicano, ya hemos decidido rechazar la siembra de cualquier tipo de
semilla genéticamente modificada en nuestros territorios.
Por los
riesgos que pueden traer a nuestra salud, al medio ambiente que
habitamos, a la economía de nuestros pueblos y sobre todo, para proteger
y defender nuestras semillas nativas que son la base de nuestra vida; y
porque sabemos que esa consulta no es vinculante, es decir, sólo simula
preguntarnos para después dejar la decisión de si se mantiene o no el
permiso de siembra de soya transgénica en nuestros territorios, en manos
de las autoridades administrativas”.
Por lo que
aseveran que la decisión debe ser de ellos y no de las instancias
gubernamentales. “Sabemos que el modelo agroindustrial intenta
despojarnos de nuestros territorios y de nuestros modos ancestrales de
vida, como la milpa y la apicultura para imponernos la siembra de sus
semillas patentadas de soya transgénica”.
Además,
aseguran que conocen “el gran impacto que esos cultivos causan al medio
ambiente por la gran deforestación que conllevan y por el uso del
glifosato que contaminará nuestros suelos, agua y aire.
Sabemos que
la siembra de la soya transgénica autorizada requiere la aplicación de,
al menos, dos millones de litros de glifosato al año y sabemos que desde
el 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como
posible cancerígeno. Por lo que no permitiremos que destruyan nuestra
salud, nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestra autonomía y
nuestra vida comunitaria”, declaran mediante un comunicado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario