Desde la semana pasada, el PRI operó políticamente haciendo el vacío a la comisión y evitando con ello que se sesionara por falta de quórum. El miércoles 15, la Comisión de Transparencia sometería a votación el dictamen a favor de que “se cancelen” todos los contratos que tengan las filiales de las empresas de la que es dueño Odebrecht, además de pedir a los congresos de Veracruz, Hidalgo y Guanajuato que hagan lo propio.
La Comisión de Transparencia sí logró el quórum, pero desde el inicio el PRI pidió modificar el orden del día para que el dictamen no fuera sometido a discusión y posible aprobación. Su argumento fue que la junta de la comisión no se había reunido de manera previa.
A su vez, el PAN pidió más días para elaborar “una nueva redacción” sobre el dictamen, según detalló el perredista Rafael Hernández Soriano, integrante de la comisión.
También explicó que el PAN sugirió elaborar una nueva redacción para que cada uno de los contratos de Odebrecht con México “se estudien y no se cancelen”.
Finalmente el PRI apoyó al PAN y la diputada que sugirió desde el 2 de febrero pasado que se investigaran los contratos, la legisladora de Morena Rocío Nahle, aceptó que se estudie una nueva redacción.
De ahí que se decidió que la comisión se mantenga en “sesión permanente”. De acuerdo con Nahle, se acordó esperar hasta el martes próximo para que PAN y PRI presenten la nueva redacción. Aclaró que esto no significa que la investigación ya se canceló.
Al arranque del actual periodo ordinario, la diputada Nahle presentó un punto de acuerdo donde se exhortaba a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que diera a conocer los contratos que Odebrecht mantiene con el país, además de pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisiones a todos los contratos y que se cancelaran los mismos.
La Mesa Directiva envió el punto de acuerdo a la Comisión de Transparencia para que emitiera un dictamen, el cual fue a favor de las demandas de la legisladora, sin embargo, desde el 15 de marzo, primero el PRI, y hoy el PAN, han operado políticamente para frenar los alcances de las indagaciones sobre este caso.
Según declaró Marcelo Odebrecht en diciembre pasado, entregó 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, con el fin de que se le entregaran varios contratos.
En el documento de la diputada Nahle se hace un análisis pormenorizado de uno de ellos entregado justo en esas fechas y que es transexenal: se trata el contrato para la construcción de la llamada planta “Etileno XXI”.
“Etileno XXI es una asociación entre Braskem, en la que Odebrecht tiene el 39% de las acciones, y la mexicana IDESA. Se espera que tenga capacidad para producir más de un millón de toneladas anuales de etileno y polietilenos”.
La licitación para construir la planta se entregó en 2010 durante el gobierno del panista Felipe Calderón, pero se echó a andar apenas el mes de febrero de 2016 con la presencia del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y del director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya.
La planta tuvo un costo aproximado de 4 mil millones de dólares.
Un contrato más lo tiene Odebrecht con el gobierno de Veracruz y fue autorizado el 20 de abril de 2015, en la gestión del hoy prófugo Javier Duarte. Se trata de la concesión otorgada a la empresa brasileña para privatizar el servicio a través del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz.
En este caso Odebrecht participa en colaboración con una de las más grandes empresas del mundo que controlan el suministro de agua, la española Aguas de Barcelona. La privatización del servicio alcanza los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín.
También tiene y desarrolló contratos para brindar servicios en la refinería de Minatitlán por 289.5 millones de dólares; en la refinería de Tula, Hidalgo, por mil 55 millones de dólares; la refinería de Salamanca por 85.2 millones de dólares; el gasoducto Los Ramones segunda etapa por mil 200 millones de dólares, y el gasoducto transfronterizo Quetzal, México-Guatemala por 800 millones de dólares.
Odebrecht empezó a operar en México desde 1991, pero no fue hasta 2005 que arrancó con la firma de contratos millonarios.
Durante la sesión de la Comisión de Transparencia, una legisladora del PAN acotó que en 2006 la empresa llegó a Michoacán, donde “construyó la presa Francisco J. Mújica, obra que involucró más de mil millones de pesos”, aunque presupuestó mucho más bajo.
En respuesta, la diputada Rocío Nahle, de Morena, comentó que así opera Odebrecht: “Cotiza a la baja y cada año pide ampliaciones, elevando al final considerablemente los presupuestos”.