By Nancy Flores / @Nancy_Contra
Amparado
en el supuesto combate a la delincuencia organizada, el gobierno
federal incrementa las labores de espionaje contra los mexicanos. La
forma más burda e ilegal no es ajena a esta administración –pues a
través de software maliciosos se han intervenido las
comunicaciones de cientos de personas–, como tampoco lo es la forma
“legal”, a la que cada vez recurren más las autoridades.
Espiar
a los ciudadanos es una de las actividades favoritas de gobiernos
autoritarios, incluso cuando se llaman a sí mismos democráticos. Ejemplo
de ello es la intromisión, sin precedentes, en la que incurrieron la
Agencia Central de Inteligencia y el servicio de inteligencia británico
–MI5– a través de diversos dispositivos digitales, incluidos televisores
smart, utilizados para grabar conversaciones incluso cuando estaban apagados, reveló WikiLeaks a inicios de marzo.
Resulta
que estas prácticas –que violan libertades y derechos constitucionales,
como la intimidad, la vida privada, la libre expresión, la libre
asociación y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas– también
son atribuibles a las autoridades mexicanas.
En diciembre pasado
fue el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre
el Derecho a la Privacidad, Joseph Cannataci, quien dio la voz de
alerta, al señalar que el gobierno de Enrique Peña ha adquirido varios
tipos de software maliciosos para espiar en forma masiva e indiscriminada (http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/12/11/arrecia-el-espionaje-gubernamental/).
Más
aún, hay un tipo de espionaje autorizado por el Poder Judicial a los
agentes de inteligencia civil (Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, Cisen) y ministerial (Procuraduría General de la República,
procuradurías y fiscalías estatales) que también va al alza.
Cada
vez es más frecuente que los agentes del gobierno espíen en vez de
investigar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y las
“amenazas” a la seguridad nacional. Por ello, en lo que va de este
sexenio han obtenido más de 7 mil autorizaciones para invadir la
privacidad de las comunicaciones de ciudadanos.
En estos casos,
jueces Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e
Intervención de Comunicaciones y jueces de Distrito Especializados en
Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación analizan
“argumentos” y “justificaciones” de los agentes –especialmente del
Cisen– para luego emitir órdenes que amparan la intervención de
comunicaciones.
Dicha intervención no se reduce al espionaje
telefónico, sino que abarca todo tipo de comunicaciones
(radiotelefónicas y digitales); incluso aquellas que están cifradas:
correos electrónicos, mensajería de texto, chats (tanto de
correos como de redes sociales, como Facebook y Twitter), conversaciones
establecidas por medio de aplicaciones (Skype, Whatsapp, BBM, Facetime,
Tango, Fring, Telegram), etcétera.
Este recurso, altamente
invasivo y violador del derecho a la privacidad, requiere de la
autorización judicial que es a discreción, tanto de los agentes como de
los jueces, pues las solicitudes y el análisis de las mismas son
clasificados como confidenciales.
Incluso el número estadístico de
escuchas e intervenciones ha sido reservado por el Cisen, que considera
toda su actividad como de alta confidencialidad aunque en realidad no
lo sea.
El asunto es que hasta este tipo de espionaje ha tenido un
incremento considerable. En lo que va del actual gobierno federal, los
agentes del gobierno han solicitado 7 mil 44 autorizaciones para espiar
–ellos dicen intervenir– comunicaciones de ciudadanos, revela el Consejo
de la Judicatura Federal en sus informes anuales de labores para 2013,
2014, 2015 y 2016.
Gracias a estas estadísticas públicas podemos
observar un alza en las solicitudes de espionaje. Y es que tan sólo en
2016, el número de peticiones ascendió a 2 mil 523; de las cuales, 2 mil
77 corresponden a agentes federales de inteligencia y de procuración de
justicia, y 446, “a 30 usuarios de las procuradurías y fiscalías
generales de los estados de la República”.
El Informe anual de labores 2016
es el único que incluye las estadísticas correspondientes a las
solicitudes de las autoridades estatales, sin aclarar si antes no las
realizaban o la Judicatura simplemente no las revelaba.
De los
datos proporcionados se desprende que en los 4 años que lleva la gestión
de Enrique Peña, los agentes federales han solicitado 6 mil 598
autorizaciones para escuchar, ver y leer las comunicaciones de un igual o
mayor número de personas, pues una petición puede involucrar a varios
ciudadanos supuestamente implicados en un mismo delito.
Por años,
la tendencia se marcó así: mientras en 2016 fueron 2 mil 523 las
peticiones de intervención de comunicaciones (tanto de agentes federales
como estatales); en 2015 fueron 1 mil 582; en 2014, 1 mil 669; y en
2013, 1 mil 270.
Además de las escuchas telefónicas y demás
intervenciones, los “espías” del gobierno mexicano recurrieron a los
juzgados especializados para que les autorizaran solicitar información a
las empresas de telecomunicaciones. Éstas se refieren al momento en
que, por orden judicial, las compañías privadas –como Telmex, Maxcom,
Axtel, Telcel, Izzi, AT&T, Telefónica (Movistar), Nextel–, se ven
obligadas a colaborar con las investigaciones; es decir, a entregar toda
la información que posean sobre sus clientes que son investigados.
No
sólo se trata de los datos personales (también “amparados” por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), sino de los
registros de actividad del cliente: llamadas, páginas visitadas en
internet, frecuencia, tiempo.
En 2016, fueron 12 las
autorizaciones de este tipo a favor de los agentes federales y 328 los
requerimientos a concesionarios; mientras que los 30 usuarios de las
procuradurías y fiscalías estatales solicitaron tres permisos para pedir
información a las empresas de telecomunicaciones.
En 2015, fueron
27 las peticiones para solicitar información a las empresas de
telecomunicaciones; en 2014, 21; y en 2013, 30. Así la paranoia del
gobierno federal.
Nancy Flores
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
Contralínea 531 / del 20 al 26 de Marzo 2017
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