Abel Barrera*
En las tierras
comunales de Cacahuatepec la lucha por nuestro territorio es histórica.
Es una lucha ejemplar que nos hizo crecer como pueblo porque aprendimos
a defendernos contra el gobierno. En todo momento hemos tenido que
librar muchas batallas: contra la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), los gobernadores, los policías, el Ejército y los gravilleros.
Todos nos han agredido y se han unido para despojarnos de la tierra que
nos heredaron nuestros abuelos.
Los que viven en las ciudades siempre nos han despreciado y nunca han
respetado nuestra forma de vivir en comunidad. Los políticos de todos
los partidos sólo nos miran cuando necesitan apoyo para sus campañas.
Los empresarios siempre buscan sacar la mejor tajada de sus negocios.
Por ejemplo, los que viven del negocio de la arena y la grava tratan de
adueñarse de más tierras. Nadie vela por los derechos de los demás y a
ninguno le preocupa cuidar lo que nos da vida, como el bosque, el río,
las plantas, los arroyos. Sólo queremos extraer beneficios de la
naturaleza, pero nunca realizamos acciones que la protejan.
Nosotros, aunque no lo crean, hemos cuidado el río Papagayo porque es
el que nos da vida a todos los acapulqueños, sobre todo a los
empresarios. En nuestras mismas tierras están los pozos de agua que
surten a gran parte de los hoteles y a varias colonias del puerto. Por
nuestros pueblos pasan los camiones que sacan arena y grava del río sin
que pidan permiso a las autoridades comunales. Todo lo arreglan con los
grandes políticos en Acapulco, a los verdaderos dueños nos ignoran.
Por eso, cuando supimos de la construcción de una presa
hidroeléctrica, dijimos abiertamente ¡No a la Parota! Nos organizamos
más de 20 comunidades para impedir la entrada de los camiones y la
maquinaria de la CFE. Por asumir esta postura el gobierno empezó a
perseguir a nuestros líderes. Los encarceló y armó una campaña para
señalarnos como peleoneros. No pudieron doblegarnos, mucho menos nos
atemorizaron. Lo que pasó con este problema es que ayudó a despertar la
conciencia de la gente, de defender nuestra tierra y de impedir que nos
sacaran de los lugares donde vivimos.
Se propuso construir la presa ignorando lo que decíamos. Empezó a
realizar asambleas simulando una consulta con el fin de contar con la
autorización de los dueños de las tierras. Como opositores a la presa,
el gobierno nos bloqueó para que no entráramos en las asambleas que
realizaban para autorizar la presa. Los policías se encargaron de
reprimirnos. Dimos una pelea limpia al gobierno y ni con toda su policía
nos pudieron ganar. Todo el dinero que derrocharon para derrotarnos fue
en vano, porque pudo más nuestra postura firme.
En todo momento les demostramos que la razón y el derecho estaban de
nuestro lado. No hubo ninguna duda, porque en los seis juicios agrarios
que interpusimos los magistrados resolvieron en nuestro favor. Les
hicimos ver que la sabiduría de los pueblos es más astuta y efectiva.
Pudimos combinar la organización de las comunidades contra la presa la
Parota, con la defensa jurídica, la denuncia en los medios de
comunicación y la solidaridad de los organismos internacionales.
El movimiento de resistencia del Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositores a la Presa la Parota (Cecop) nació del corazón
del pueblo. Nos ha costado sangre, porque en esta lucha larga han
asesinado a cuatro compañeros. El gobierno, en lugar de investigar y
castigar a los responsables, giró varias órdenes de aprehensión contra
los dirigentes. Detuvo dos veces a Marco Antonio Suástegui, quien fue
trasladado a un penal de Tepic. Para desmovilizar a las mujeres
encarcelaron a nuestra compañera María de la Luz Dorantes, quien logró
demostrar mucho temple, a pesar de tanto sufrimiento que padeció.
Como Cecop es importante decir que luchamos no sólo para defender
nuestro territorio, también velamos para que haya seguridad y para que
reine la paz en nuestros hogares. Contamos con nuestros policías
comunitarios que dependen de la casa de justicia de San Luis Acatlán.
Con el apoyo de los coordinadores y coordinadoras vamos aplicando el
reglamento para que haya orden en los bienes comunales de Cacahuatepec y
esto con muchas dificultados lo estamos logrando.
Lo que pasó el miércoles 8 de marzo con la llegada de más de 100
policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
(Upoeg) fue una agresión directa al Cecop, porque vinieron a desafiar a
nuestros policías, al rodear la casa de enlace de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y al portar armas de uso
exclusivo del Ejército. ¿A qué vinieron? ¿Quién los mandó? ¿Con qué
derecho entraron si no son de la comunidad? ¿Qué les da más derecho a
policías que no son de la comunidad para querer someter a los policías
locales?
Como Cecop decimos que esa policía no la solicitó la comunidad; por
eso demandamos que respeten nuestro territorio, a nuestros policías y al
pueblo mismo. Aquí hemos podido defendernos de quienes pretenden
hacernos daño y quieren imponer proyectos que no nos benefician. Como
Cecop y CRAC somos un solo frente. Juntos estamos defendiendo nuestro
territorio, nuestra agua y nuestra tranquilidad. Ya no queremos más
violencia, ya no queremos más divisiones, tampoco queremos más
agresiones de grupos ajenos a la comunidad. Queremos que el gobierno
respete nuestras decisiones, nuestras asambleas, nuestra lucha y la
memoria de nuestros caídos.
No nos vamos a confrontar con la Upoeg porque el Cecop no nació para
pelear contra las organizaciones; su razón de ser es defender su
territorio contra los proyectos extractivistas promovidos por el
gobierno; es impedir que se construya la presa hidroeléctrica la Parota y
fortalecer la organización comunitaria para hacer valer sus derechos
colectivos. Por esta razón la presencia de la Upoeg en el territorio
donde el Cecop ha enarbolado un movimiento emblemático a escala
continental contra las represas y que ha sido inspiración para otros
pueblos que luchan contra los megaproyectos, representa una amenaza
externa que atenta contra el derecho a la libre autodeterminación y al
respeto al territorio de los bienes comunales de Cacahuatepec.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
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