Cambio de Michoacán
Aunque de momento está
entrampada en el debate legislativo en el Senado de la República, la
iniciativa de Ley de Seguridad Interior promovida por la presidencia de
la Republica y el PRI no está muerta. No lo está por la presión y aun el
cabildeo que las fuerzas armadas del país ejercen sobre el Ejecutivo y
el Legislativo para que sea finalmente aprobada.
Dos trampas son
las que encierra esa iniciativa y que se revierten contra la sociedad
mexicana. La primera es el introducir en el marco jurídico el concepto
mismo de seguridad interior como algo diferente de la seguridad
pública, que permitiría al Ejército y la Marina Armada de México actuar
en tiempos de paz en actividades relacionadas con la población civil,
como es la lucha contra las bandas de delincuencia organizada.
La segunda, que al quedar inscrita en una ley, esa participación militar
en la vida civil dejaría de ser una situación excepcional para
normalizarse y quedar como permanente.
La participación del
Ejército en tareas de seguridad pública no es nueva en nuestro país;
pero se intensificó y generalizó desde el inicio del gobierno de Felipe
Calderón, quien quizás evaluó que era la única forma de obtener
resultados rápidos en materia de seguridad y freno a la expansión del
narcotráfico y otras actividades delictivas, que mejoraran su imagen
ante su cuestionado y fraudulento triunfo electoral de 2006. Como
sabemos, no ha sido así. A lo largo de poco más de diez años, las
muertes violentas y ejecuciones, tanto de elementos de las fuerzas del
orden como, sobre todo, de la población civil, ascienden a más de 200
mil, y hay más de 28 mil desapariciones forzadas no esclarecidas, además
de innumerables violaciones a derechos humanos a cargo de las fuerzas
armadas.
La primera consecuencia de la declaración de guerra del
entonces recién investido Felipe Calderón contra el narcotráfico fue la
militarización no sólo del combate a las organizaciones criminales sino
de buena parte de la vida civil. Diez años después, con un gobierno
diferente y de otro partido que la ha continuado, es claro por las
mencionadas cifras y por la persistencia de la incesante violencia
criminal, que se trata de una guerra perdida.
No sólo es la
tragedia de esas muertes violentas y ejecuciones, de los desaparecidos y
decenas de miles más, no cuantificados aún, de refugiados que han
tenido que salir de sus lugares de residencia huyendo de la violencia.
Son también las violaciones de todo orden a derechos humanos por las
corporaciones estatales que en su inmensa mayoría se mantienen impunes.
La iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por legisladores
priistas como César Camacho Quiroz, y cabildeada en el Congreso
directamente por los militares, es una nueva evidencia de esa derrota de
los poderes públicos ante la Hidra de Lerna de la delincuencia
organizada, a la que se le corta una cabeza sólo para que del cuello
mutilado broten otras dos. Pero es también una prueba de la incapacidad
del Estado para resolver por vías constitucionales el problema de la
seguridad pública. Desde luego que hay inquietud, impaciencia y
nerviosismo en los círculos oficiales ante la imparable violencia y la
serie de fracasos acumulada durante diez años al respecto. Nuevas
evidencias, la matanza de 11 personas jóvenes, nueve varones y dos
mujeres en Boca del Río, Veracruz, así como el constante hallazgo de
fosas clandestinas en el mismo Estado y en distintas partes del país, la
oleada de feminicidios y las cotidianas ejecuciones en los cuatro
puntos cardinales.
Frente a todo ello, el gobierno peñista no
acierta, pese a todos sus recursos, más que a apoyarse más y más en las
fuerzas armadas, aun contraviniendo lo establecido en el artículo 129 de
la Constitución general de la República: “En tiempo de paz, ninguna
autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta
conexión con la disciplina militar”.
La iniciativa de ley por la
que el secretario de la Defensa ha cabildeado ante los legisladores en
diversas ocasiones, y que se presenta como reglamentaria del artículo 29
de la Constitución, que prevé la suspensión temporal de garantías por
el presidente de la República, busca ir más allá. No se trata tan sólo
de la acción militar en el terreno para enfrentar a bandas criminales
armadas, sino de dotar a las fuerzas del orden de poderes especiales
para realizar tareas de investigación y consignación por delitos que,
también por mandato constitucional, corresponden hoy de manera exclusiva
al ministerio público federal o del orden común.
Después de
presentada esa iniciativa por la fracción del PRI el 27 de octubre de
2016, en un desayuno con reporteros de la fuente militar, el secretario
Salvador Cienfuegos Zepeda externó sus motivaciones para apoyarla. Los
militares, adujo, no quieren seguir en la tarea de perseguir
delincuentes, porque no fueron preparados para ello; en realidad quieren
regresar a los cuarteles. Pero si van a continuar en esas tareas,
necesitan un marco regulatorio y legal. Muchos, dijo en relación con su
presencia en las calles, “ya se lo están pensando para no ser acusados
de violaciones a los derechos humanos”. Queda claro que la
intencionalidad no es evitar esas violaciones sino impedir que miembros
de las fuerzas armadas puedan ser juzgados en el país o en cortes
internacionales por ellas.
Conforme a la iniciativa, mediante una declaratoria de protección a la seguridad interior
emitida por el presidente de la República o por el Consejo Nacional de
Seguridad, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, las
fuerzas armadas actuarían en “operaciones de restauración del orden” en
cualquier parte del país, bajo el mando de un comandante designado por
el propio presidente a propuesta del Ejército o la Marina Armada. A ese
comandante correspondería dirigir los “grupos interinstitucionales” que
se integren para la operación del caso y definir “las responsabilidades,
canales de comunicación y la coordinación entre las autoridades civiles
y militares”. El uso de la fuerza por las corporaciones militares se
haría “conforme a sus propios protocolos para “controlar, repeler o
neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva
grave”, cualquier cosa que el primero de los casos pueda significar
para ellos. Todo el contenido de la iniciativa llevaría a las fuerzas
armadas a disponer casi sin contrapesos civiles de una gran autonomía y
capacidad de decisión para actuar, nuevamente sea dicho, en
contravención del artículo 129 constitucional.
Una iniciativa
así debiera ser rechazada o modificada de fondo por el poder
Legislativo, desde luego. Ha sido resistida por las fracciones del PAN,
que presentó a través del senador Roberto Gil Zuarth una propuesta
alterna, donde el Congreso tendría mayor capacidad de vigilancia y
control sobre la actuación de las fuerzas armadas, y por el PRD, que
también tiene su propia iniciativa sobre el tema. También está la
oposición del PT y Movimiento Ciudadano en el Congreso y la opinión de
los expertos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)
contra los posibles efectos de la ley en la militarización del país, y
las advertencias de organismos nacionales e internacionales de derechos
humanos sobre el posible uso de esta legislación contra la protesta e
inconformidad social.
Pero de ninguna manera la iniciativa de
ley presentada por los priistas se puede dar por descartada, dada la
insistencia de los militares en que sea aprobada. “Si hay otro camino
diferente para enfrentar la inseguridad, nosotros no queremos referirnos
a él, sino que queremos la Ley de Seguridad Interior ¡ya!”, dijo el
secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, ante
diputados y senadores. Y el secretario de la Defensa habló de la
“urgencia” de aprobar la iniciativa del PRI. Manifestaciones de ese tipo
hacen a un lado al secretario de Gobernación como enlace e interlocutor
del Ejecutivo con los otros poderes y convierten a los legisladores del
PRI y sus aliados en esta empresa en simples voceros de unas fuerzas
armadas que han desarrollado intereses propios, pese a su formal
subordinación a los poderes civiles.
En cambio, se han archivado
en el Congreso las iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad
Nacional que en su momento impulsó el PAN, y se ha frenado la ley
reglamentaria del artículo 29 en materia de suspensión de garantías
individuales en tiempo de guerra, la adecuación a la Ley General de
Víctimas, a la Ley contra la Trata de Personas y a la Ley contra la
Tortura; y así como la aprobación de la Ley de Mando Único de policías
El debate parlamentario ha sido dominado por le iniciativa del PRI sobre
Seguridad Interior, prioritaria para las fuerzas armadas.
El
país no está ya para sostener una lucha a la delincuencia al alto costo
que la sociedad mexicana ha pagado durante más de diez años. No sólo
desde los grupos opositores en el poder Legislativo sino desde la
sociedad misma son necesarias más expresiones de rechazo a la creciente
militarización y de discusión de las estrategias hasta hoy adoptadas
para el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, si no
queremos vernos en situaciones de indefensión frente a un, por mencionar
la célebre caracterización de Paz, ogro estatal cada vez menos
filantrópico y más leviatánico y sin controles sociales.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
No hay comentarios.:
Publicar un comentario