La Dirección General de Migraciones de Suecia concedió asilo a María
Teresa Rivera, una de “Las 17 y más” mujeres condenadas injustamente por
emergencias obstétricas, tras sufrir persecución en El Salvador y de
pasar cuatro años y medio en prisión, por una condena de 40 años que le
impuso el sistema judicial en 2012.
María Teresa, de 35 años de edad, fue acusada primero de aborto y luego
de homicidio agravado, debido a la errónea interpretación que hizo el
sistema judicial del parto precipitado extra hospitalario que sufrió,
informó en un comunicado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización
del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, una de las organizaciones que
la apoyó durante su proceso judicial y para conseguir el asilo.
Cuando María Teresa tenía cinco años de edad, señala la Agrupación, su
madre emigró a Estados Unidos y nunca más supo de ella, su padre la
abandonó y hasta los nueve años vivió con su abuela materna. Después
tuvo que irse a una Aldea Infantil y, ya adulta, trabajó en diferentes
maquilas para sustentar a su hijo.
En 2011, tuvo problemas de salud: dolores en el vientre bajo y
continuos sangrados vaginales. Le diagnosticaron infección de los oídos y
de la vejiga, para lo cual le recetaron antibióticos. La noche del 24
de noviembre, sintió ganas de ir al baño y fue a la letrina de su casa;
horas después la encontró su suegra desmayada en un charco de sangre.
La trasladaron al Hospital Primero de Mayo, del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social, donde ingresó con un fuerte shock hemorrágico. El
personal del hospital la acusó de aborto y, de manera inmediata, la
Fiscalía la envió a las bartolinas de la policía.
María Teresa no sabía que estaba embarazada pues tenía continuos
sangrados vaginales y su vientre no había crecido. Tampoco lo sabían los
médicos que le atendieron antes de la emergencia.
En un principio fue investigada por “aborto”; pero la fiscalía cambió
la tipificación del delito a homicidio agravado debido a un informe del
Instituto de Medicina Legal que luego sería declarado nulo por padecer
de serias irregularidades metodológicas.
El 27 de julio de 2012, relata la Agrupación,” María Teresa fue
condenada sin pruebas directas a una pena desmesurada de 40 años por un
delito que no cometió, producto del desconocimiento de los
administradores de justicia que realizaron una equivocada interpretación
de los hechos ocurridos”.
ERROR JUDICIAL
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto conoció su
caso y se comprometió a apoyarla para que se hiciera justicia y
recuperara su libertad.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estudió su caso
y en la Resolución SS-0227-2014, manifestó que se le violaron sus
derechos a la igualdad y no discriminación por su condición de mujer;
así como “al debido proceso judicial por inobservancia de las garantías
judiciales, como la presunción de inocencia, in dubito pro reo y derecho
a ser juzgada por un juez independiente e imparcial”.
Por la falta de garantías que se dieron durante todo el proceso, sus
defensores legales y las organizaciones que la apoyaron presentaron en
2012 un Recurso de Revisión de la Sentencia.
Finalmente, el 20 de mayo de 2016, el Tribunal Tercero de Sentencia, al
concluir la audiencia extraordinaria reconoció que, no habiendo
suficientes elementos que probaran la comisión de ningún delito por
parte de María Teresa Rivera, quedaba demostrado que su condena en 2012
fue un error judicial.
El tribunal anuló la sentencia y dictó inmediatamente su libertad,
después de haber pasado cuatro años y medio en prisión injustamente.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República no aceptó esta
sentencia absolutoria y presentó un recurso en contra de ella en junio
2016. El recurso fue desestimado.
Ante esta permanente persecución y acoso, María Teresa y su hijo
sintieron que su única alternativa era abandonar El Salvador puesto que
el Estado no les ofrecía ninguna garantía judicial.
Ambos se trasladaron a Suecia y la Dirección de Migración de ese país
le concedió asilo, a ella y a su hijo, el 20 de marzo de 2017, por
considerar que sufrió persecución por el hecho de ser mujer, por sus
opiniones políticas y porque podría enfrentar futura persecución si
fuera devuelta a El Salvador. Además, sufrió maltrato al pasar más de
cuatro años en prisión por un delito que nunca cometió.
Gracias al Gobierno de Suecia y al apoyo de organizaciones defensoras
de derechos humanos nacionales e internacionales como Amnistía
Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y la solidaridad de
la comunidad salvadoreña y sueca, María Teresa podrá reconstruir su
proyecto de vida junto a su hijo, aunque lejos de su país de origen,
señala el comunicado.
La Agrupación considera que estos casos no se deben repetir y que,
tal como acaba de recomendar el 3 de marzo de 2017 el Comité para la
eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas
(CEDAW) en sus “Observaciones a El Salvador”, se debe revisar el
Artículo 133 del Código Penal de El Salvador para despenalizar el
aborto.
Afirma también que se debe introducir una moratoria en la aplicación de
la ley vigente y se debe revisar la detención de mujeres por delitos
relacionados con el aborto, con el fin de garantizar su liberación.
“Es la oportunidad, dice, de que el Sistema Judicial revise los casos
de “Las 17 y más” mujeres que siguen encarceladas, concediendo un
indulto, conmutación de pena o beneficios penitenciarios que lleven a su
liberación”.
“Asimismo, es momento de que la Asamblea Legislativa reforme la
legislación sobre aborto para que no se produzcan más estas situaciones y
errores judiciales, como el sufrido por María Teresa y “Las 17 y más”.
Imagen retomada del twitter Las 17 El Salvador.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | San Salvador, Sal .-
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