En un comunicado, la RNDDHM también se pronunció para exigir el cese inmediato de las acciones de criminalización y acoso judicial en contra de la defensora.
“El caso de Kenia se encuentra en el contexto adverso que enfrentamos las defensoras de Derechos Humanos ante la violencia y agresiones ejercidas por parte de distintas autoridades quienes en este caso recurren al uso ilegítimo e ilegal del sistema penal como medio para obstaculizar su labor y estigmatizar a las defensoras y defensores de DH”, expresó la Red.
Datos de la RNDDHM y de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), señalan que de las 1 mil 125 agresiones documentadas en 2021 en contra de defensoras, 105 están relacionadas con el inicio de causas o juicios penales y/o administrativos con base en la fabricación de hechos y pruebas, como en el caso de Hernández Montalván.
Kenia Hernández es una abogada, feminista y defensora indígena amuzga que ha participado en distintas luchas y movimientos sociales del estado de Guerrero. Es integrante del “Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos” y dirigente del “Colectivo Libertario Zapata Vive”. Fue desplazada de Guerrero luego de recibir amenazas de muerte por parte de grupos criminales, por estos hechos, en 2019 fue incorporada al Mecanismo Federal de Personas Defensoras de DH y Periodistas.
No obstante, ha sido acusada de diversos delitos por los que actualmente se encuentra en reclusión. El pasado 19 de febrero, Kenia Hernández fue sentenciada a 10 años y seis meses de prisión, y una multa de 21 mil pesos por parte del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, en el Estado de México por el supuesto delito de “robo con violencia” en contra de Concesionarias Mexiquenses S.A. de C.V. Ésta sería la única sentencia que se ha dictado en su contra, mientras que el resto de los procesos siguen abiertos.
Por lo anterior, ayer, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue interrogado sobre la situación de la defensora, a lo que respondió que le pediría al subsecretario de Población, Migración y Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “que atienda el caso y que le dé un informe sobre la situación de la defensora”.
Posterior a la declaración, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, emitió un comunicado en el que informa al titular del Ejecutivo federal que Hernández Montalván fue privada de su libertad bajo hostigamiento judicial, y que ha sido víctima de violencia institucional y de género y que durante las audiencias, la representante de CAFUPE y el juez a cargo del caso han señalado a Kenia Montalván como una mujer “peligrosa y insumisa” que necesita prisión preventiva para evitar el ejercicio de los derechos a la protesta social, asociación y libertad de expresión.
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