Escrito por La Redacción
CIMACFoto: César Martínez López.-
Ciudad de México.- En España hay un incremento de violencia de padres hacia sus hijos e hijas cuyo fin es hacer daño a la madre a través de ellos que culmina en asesinato, en la mayoría de los casos, el agresor es un hombre de mediana edad, entre 30 y 50 años y en 82 por ciento se trató del padre biológico de las y los niños.
Estos son los resultados del primer estudio realizado en España titulado “Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres”, por la autora del concepto, Sonia Vaccaro y un equipo de investigadoras a partir de la creación de una base de datos con 400 sentencias judiciales relacionadas con violencia hacia las mujeres o sus hijas e hijos, emitidas por el Poder Judicial y de datos de hemeroteca.
El estudio incluye cuestionarios y entrevistas a víctimas de violencia vicaria, a las madres cuyos hijos e hijas habían sido asesinadas, y constituyó un Grupo focal con expertas en la temática de violencia contra las mujeres para la interpretación de los datos y la discusión de las conclusiones del proyecto.
Las investigadoras explicaron que el concepto fue acuñado en 2012 por la psicóloga clínica y perita judicial, experta en victimología y violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos; Sonia Vaccaro que la define como “la violencia vicaria es aquella violencia contra la madre que se ejerce sobre las hijas e hijos con la intención de dañarla por interpósita persona”.
Entre las conclusiones de este estudio están que cuando se comete el delito la pareja está separada y no ha transcurrido mucho tiempo desde la separación, son hombres sin discapacidad intelectual ni física, no tienen antecedentes penales y sí los tienen, en un 60 por ciento, son por delitos relacionados con la violencia de género.
Previo al crimen, hubo amenazas verbales por parte de los agresores de dañar a las madres con frases como “te quitaré a los niños”, “ya verás lo que le pasa a las niñas”, o “te quitaré lo que más quieres”.
Un 48 por ciento de los asesinos se suicida después de cometer el crimen y en 12 por ciento niegan los hechos, “aún frente a la evidencia culpa a otras personas o dice no recordar nada de lo que realizó”, dice el estudio.
Otros de los hallazgos es que en un 48 por ciento de los asesinatos los padres estaban al cuidado exclusivo de las y los niños en el régimen de visitas (44 por ciento), o de custodia compartida (4 por ciento). En 18 por ciento de los casos, el crimen se cometió durante la convivencia.
Por lugar, 42 por ciento ocurrió en casa del padre, y sin presencia de otras personas en un 68 por ciento.
El estudio reveló que en ninguno de los casos analizados había una orden de protección hacia las y los niños quienes en su mayoría (64 por ciento) tenían entre 0 y 5 años de edad. Tampoco hubo una evaluación por ningún profesional (psicólogos o servicios sociales) sobre el maltrato que vivían muchas niñas y niños previo a su asesinato por parte del agresor en 96 por ciento de la muestra analizada.
“Las niñas y los niños son invisibles en estas causas, no existen, no se les considera, no tienen voz y por lo mismo, falla la protección que el Estado en general y las Instituciones en especial, deberían poder otorgarles. Su palabra es devaluada, al punto de silenciarla y se comete una discriminación flagrante por causa de su edad, olvidando que son seres de derecho con derechos”, aseveran las investigadoras en el estudio.
La cifra podría ser mayor debido a que las autoras del estudio encontraron que muchos de estos asesinatos no se guardan en el registro judicial debido a que si el agresor se suicida, el caso decae jurídicamente.
Vaccaro y el equipo de investigadoras señalan que estos asesinatos deben prevenirse y que se aplique la legislación para que ningún hombre violento pueda utilizar a la niñez como objeto para dañar a la madre.
“Un maltratador no es un buen padre, y mientras se privilegien sus derechos sobre los de las víctimas, no se podrá impartir justicia”, concluyó el estudio coordinado por la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista de Granada, y que contó con la colaboración de Margarita Castillo Cardona, Cristina Mena Casero, Gemma Mª González García y María Sierra Carballo y fue subvencionado por la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía.
22/RED
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