PGR se niega a reparar daño a indígenas Alberta y Teresa

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   Tendría que indemnizar a otras personas presas injustamente

Alberta Alcántara, Daniel Zapico (AI) y Teresa González durante la conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- 

La Procuraduría General de la República (PGR) se niega a reparar el daño a las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes pasaron injustamente tres años y ocho meses en prisión, con el argumento de que después tendría que indemnizar a miles de personas que son liberadas por ser inocentes.   

Como una forma de dilatar la justicia, el pasado 7 de febrero la PGR interpuso un recurso de revisión contra la resolución de un tribunal federal que ordenó indemnizar a ambas mujeres otomíes, quienes en 2006 fueron acusadas y encarceladas por el supuesto secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Los abogados Andrés Díaz y Luis Tapia, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –que lleva la defensa legal–, explicaron que con “criterios ridículos” la PGR pretende incumplir la resolución a fin de evitar que estos casos sienten un precedente y se le obligue a reparar el daño por sus irregularidades.

El 20 de noviembre de 2013 el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) condenó a la PGR a indemnizar a las indígenas, al señalar que la dependencia incurrió en actividad administrativa irregular.

La PGR cometió esas irregularidades a través del Ministerio Público de San Juan del Río, Querétaro, que integró la averiguación previa, los seis agentes que hicieron la acusación, la delegada de la dependencia en la entidad, Norma Patricia Valdez Arguelles, y el entonces director de Normatividad, Jorge Alberto Lara Rivera.

En conferencia de prensa, los abogados señalaron que el recurso de revisión de la PGR está sustentado en la Ley de Amparo y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y será definido en un plazo de cinco a ocho meses por un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Luis Tapia mencionó que en este recurso la PGR argumenta que no se comprobó la inocencia de ambas indígenas, que no procede la reparación porque la dependencia no es el Estado mexicano, y además califica como grave la sentencia porque entonces les llegarían miles de solicitudes de personas inocentes que podrían buscar la reparación del daño.

Incluso en una parte de su recurso la dependencia dice que en caso de aceptar ofrecer una disculpa pública y pagar una indemnización, después llegarán más solicitudes de reparación y le sería imposible atenderlas porque hay miles de personas absueltas por el PJF, y por tanto no tendría suficiente presupuesto para cumplir con las resoluciones.

De acuerdo con el abogado, esto último sí podría pasar porque el TFJFA puede sentar jurisprudencia, es decir precedentes, cuando tenga tres resoluciones emitidas por la sala superior en el mismo sentido, lo que obligaría a que cada inocente preso injustamente tuviera este derecho.

Hasta ahora están las dos sentencias de Alberta y Teresa y falta una más que podría ser la de Jacinta Alcántara, indígena otomí que también fue acusada de secuestrar a los seis agentes de la AFI y quien está en espera de la resolución para saber si en su caso procede la reparación del daño por parte de la PGR.

En la conferencia, Alberta y Teresa lamentaron la decisión y se dijeron cansadas de estar en este proceso que lleva siete años sin que hasta ahora hayan tenido una respuesta satisfactoria y una disculpa pública, pese a que demostraron que ellas nunca cometieron el supuesto secuestro.

“La PGR no ha aceptado sus errores. No puedo creer que siga diciendo que nosotras, aunque hemos demostrado que somos inocentes, siga insistiendo en que sí hubo delito y que no quiera lo que dijeron los magistrados”, dijo Teresa al mencionar que las autoridades no lograron presentar pruebas en su contra.

Aseguró que la lucha no sólo es para que ellas tengan reparación del daño, sino en beneficio de muchas otras personas que están de manera injusta en prisión. “En el tiempo que nosotras estuvimos encarceladas, no una ni dos, un monto de gente que está allá pagando delitos que no cometieron, entonces ¿de qué se trata?”.

Por su parte, Alberta mencionó: “Me duele que sigan diciendo eso, ya que mucha gente nos sigue señalando como culpables. Llevamos siete años luchando y ya quiero que termine todo esto; que el Presidente reconozca que somos inocentes, que la Suprema Corte nos dio nuestra libertad. Ya no quiero seguir aquí, es muy agotador para mí, para mi familia”, dijo.

Ordena Tribunal a PGR reparar daño a Alberta y Teresa

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   Que brinde disculpa pública y las indemnice por encarcelarlas

Alberta Alcántara y Teresa González | CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño a las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas en 2006 de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), lo que les valió purgar una condena de tres años y ocho meses en prisión.

Los magistrados dieron un revés a la actuación de la PGR, entonces comandada por Eduardo Medina Mora, luego de que determinaron –con ocho votos a favor y uno en contra– que el Ministerio Público Federal acusó falsamente a las indígenas, e instruyó a esta dependencia a reconocer de manera pública la inocencia de ambas mujeres, así como garantizarles una indemnización económica por daño moral y patrimonial.

Los juzgadores consideraron que en junio 2006 la PGR presentó el “pliego de consignación” para detener a ambas indígenas, luego que tres agentes federales afirmaron que ellas los secuestraron cuando en marzo de aquel año pretendían realizar un operativo contra productos “pirata” en el mercado de Santiago Mexquititlán, en Querétaro.

Los magistrados que elaboraron el proyecto, Carlos Mena Adame y Víctor Martín Orduña Muñoz, afirmaron que a pesar de que este tribunal resuelve casos de carácter administrativo y fiscal tiene una tarea a favor del respeto de los Derechos Humanos (DH), y en este caso se trató de indemnizar a Teresa y Alberta por una actividad irregular del Estado, cometida por servidores públicos de la PGR.

En ese tenor, el magistrado Orduña Muñoz ironizó sobre el tema y recordó que ambas indígenas fueron sujetas a procesos penales basados en hechos inverosímiles y testimonios contradictorios de “seis indefensos agentes de la AFI”, una acusación que las llevó a pasar tres años y ocho meses en prisión hasta que en abril de 2010 fueron liberadas por un fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En opinión de la magistrada Nora Urby Genel, con este fallo “está probado que el Estado es muy poderoso, pero la justicia siempre lo es más.”

En tanto, la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez señaló que en este caso queda claro que la responsabilidad fue del Ministerio Público Federal por sustentar una acusación inverosímil, pero advirtió que también hubo responsabilidad del juez que las condenó a prisión, en este caso el juez cuarto de distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, aunque lamentó que el TFJFA no pueda sancionar a los jueces.

El único magistrado en contra fue Alfredo Salgado Loyo, quien dijo que aunque estaba de acuerdo en que Teresa y Alberta fueron víctimas de un proceso irregular, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no es clara en la forma en que se debe sancionar a los funcionarios y juzgadores que cometen irregularidades.

Al finalizar, por mayoría el Pleno del Tribunal otorgó la razón a las mujeres y dio un revés a la PGR, instancia que el año pasado dijo que no procedía la reparación para Alberta y Teresa, toda vez que ellas quedaron libres por una decisión de la SCJN, que consideró que había una duda razonable sobre los hechos, pero la dependencia insistió en que no había pruebas contundentes de su inocencia.

Al respecto, Luis Tapia, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –organización que defendió y acompaña a ambas indígenas–, dijo que este fue un fallo histórico que sentará precedentes en el país, ya que el tribunal aprovechó la oportunidad de reparar el daño a víctimas de violaciones a los DH.

“El Tribunal manda un mensaje a todas las autoridades del país que tienen la obligación de proteger, respetar, garantizar y también reparar las violaciones a Derechos Humanos. A partir de la reforma al artículo primero constitucional estamos ante un nuevo paradigma y vemos que este Tribunal ha sido sensible a esta reforma y lo está aplicando como tal”, resaltó.

Además destacó que los magistrados entendieron que éste es un tema de justicia y que hay un mensaje al Poder Legislativo para que reforme el artículo 113 constitucional, y se pueda juzgar la actividad jurisdiccional porque no sólo la autoridad investigadora tiene responsabilidad en casos de presuntos culpables que resultan ser inocentes.

Tapia mencionó que a pesar de que en este caso la ley prevé reparar el daño a través de una indemnización económica, resulta muy favorable que el Pleno determinara que la PGR debe reconocer públicamente la inocencia de Alberta y Teresa, aunque lamentó que seguirán faltando medidas de no repetición y de sanción a los funcionarios que cometieron violaciones al debido proceso.

Por otra parte, el Centro Prodh y Amnistía Internacional difundieron un comunicado para señalar que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado posee un mecanismo para que las personas a las que se les fabrican delitos debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica por las afectaciones que les genera la acción del Estado.

Dijeron que es importante destacar que la reparación integral del daño a nivel internacional contempla la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción e implementación de garantías de no repetición, lo que implica el pago de una indemnización monetaria, pero también medidas que ordenan a las autoridades ofrecer una disculpa pública.

El TFJFA también atrajo el juicio de reparación del daño de Jacinta Francisco Marcial, quien al igual que Alberta y Teresa fue encarcelada por el mismo secuestro. Este caso sigue en proceso y se prevé que al igual que ambas indígenas ella obtenga un fallo favorable.

Exigen mujeres indígenas disculpa pública al Estado mexicano

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   Teresa y Alberta estuvieron presas y no se les reparó el daño

Alberta Alcántara y Teresa González en las instalaciones del Centro Prodh | CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes que fueron acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006, exigieron al Estado mexicano una disculpa pública, pues aunque en 2010 obtuvieron su libertad afirman que no se les reparó el daño por pasar tres años y ocho meses en prisión.

En conferencia de prensa, ambas indígenas señalaron que después de que obtuvieron su libertad, funcionarios de la Procuraduría General de la Republica (PGR) –dependencia que las acusó de secuestro– mantuvieron la afirmación de que no eran inocentes, lo que fue motivo de discriminación y exclusión entre la gente de su comunidad.

En 2006 Alberta y Teresa, junto con Jacinta Francisco Marcial, fueron detenidas y sentenciadas a 21 años de prisión por el secuestro de seis policías.

Sin embargo, Jacinta fue liberada el 15 de septiembre de 2009 por que la PGR se desistió de la acusación; por su parte Alberta y Teresa fueron liberadas en abril de 2010 por una apelación ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En septiembre de 2010 Jacinta demandó la reparación del daño ante  el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). El caso sigue en trámite. Por su parte, Alberta y Teresa interpusieron la misma queja pero con base en lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Ante una posible resolución del tribunal federal, que mañana decide si procede la reparación del daño, ambas indígenas llamaron a esta instancia para que considere en su decisión que hubo una falsa acusación, no se respetó el principio de presunción de inocencia, y que los años de cárcel repercutieron en sus vidas personales.
“Nosotras ya demostramos que somos inocentes, ahora les toca a ellos reparar el daño que nos ocasionaron. Ellos no se fijaron que estaban destruyendo familias”, dijo Teresa, quien tras salir de la cárcel, junto con su cuñada Alberta, se dedica a cultivar jitomate y venderlo en los mercados ambulantes, y a hacer muñecas artesanales para sobrevivir.

Al respecto, Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que acompaña a ambas mujeres, dijo que ellas fueron parte de un proceso irregular y por ello es necesario que el Estado reconozca su responsabilidad, repare el daño económico y moral, y tome acciones para evitar que casos como éste se repitan.

El abogado dijo que desde el Centro Prodh se pide al tribunal que tome una resolución apegada a un enfoque de Derechos Humanos y considerando los tratados internacionales, pues recordó que la reparación es una parte sustancial de la justicia, además de que en este caso trasciende la discriminación hacia estas mujeres indígenas.

Al respecto, Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional-México, condenó que en nuestro país el sistema judicial sea un sistema de condena que no investiga cuando se trata de personas indígenas, además destacó que en muchas ocasiones con la liberación no se hace justicia y por ello la reparación del daño es un concepto que incluye indemnización económica, reconocimiento público del Estado del daño moral y medidas de no repetición.

“Cuando se produce una violación a Derechos Humanos el Estado está obligado a reconocerla, repararla en el caso concreto y garantizar que hechos como estos no se van a volver a repetir”, dijo el activista.

El Centro Prodh destacó que el procedimiento que marca la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado es, hasta el momento, la única vía que las personas tienen en México para reclamar una reparación del daño a su favor cuando la autoridad ministerial actúa de modo irregular y ello deriva en una reclusión injusta.

Sin embargo sólo incluye la indemnización, definida como “reparación integral del daño” por la afectación personal y moral, pero no se refiere a otras medidas más amplias, como ordenarle al Estado una disculpa pública o medidas tendientes a garantizar que hechos como los que vivieron no se vuelvan a repetir. No obstante, Alberta y Teresa se pronunciaron porque hubiera un pronunciamiento en este sentido.

13/AGM/RMB

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Acusan incumplimiento de reparación del daño para Alberta y Teresa

Centro Prodh critica entrega de apoyos económicos a las indígenas

Por la Redacción

México, DF, 23 may 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) desmintió que las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron acusadas de secuestrar a seis agentes federales en 2006, cuenten con apoyo por parte del gobierno de Querétaro.

Luego de que algunos medios de comunicación informaron que ambas mujeres fueron “beneficiadas” con un invernadero que les otorgó el Ejecutivo local a través del programa “Impulso a la Agricultura Protegida”, el Centro Prodh señaló que los apoyos gubernamentales de ninguna manera pueden considerarse una reparación del daño.

Alberta y Teresa pasaron tres años y ocho meses en el penal de San José el Alto, en Querétaro acusadas de secuestrar -junto con la indígena Jacinta Francisco- a tres elementos de la extinta AFI.

Ambas fueron condenadas a 21 años de prisión y a pagar una multa de 91 mil pesos, más 70 mil pesos por concepto de “reparación del daño” de las presuntas víctimas.

Pese a las irregularidades en el proceso, lograron conseguir su libertad. El 28 de abril de 2010, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo en el que consideró que fueron acusadas con pruebas sin sustento y que el 26 de marzo de 2006, cuando supuestamente ocurrieron los hechos, no se cometió ningún secuestro.

A un año de obtener su libertad, el 28 de abril de 2011, Alberta y Teresa anunciaron que solicitarían la reparación del daño.

Acompañadas por su defensa legal -el Centro Prodh- presentaron un recurso jurídico ante la Procuraduría General de la República (PGR) para impugnar los actos administrativos que las mantuvieron en la cárcel y para pedir el reconocimiento de su inocencia.

En este contexto, el pasado 6 de mayo se dio a conocer que el gobierno de Querétaro entregaría a Gabriel Alcántara Juan -hermano de Alberta y esposo de Teresa-, un vivero como parte de los 150 invernaderos del programa “Impulso a la Agricultura Protegida”.

De acuerdo con el Centro Prodh, tal beneficio no sustituye la reparación del daño que demandaron a la PGR.

En un comunicado de prensa, explicaron que Alberta y Gabriel Alcántara “son ciudadanos en pleno goce de sus derechos, por ello son sujetos de participar en los diversos programas sociales que como parte de su trabajo implementan los distintos niveles de gobierno”, y aclararon que respetan la decisión de la familia de recibir esos apoyos.

El Centro Prodh recordó que la demanda de reparación del daño (recurso que también interpuso Jacinta Francisco Marcial) busca en primera instancia que la PGR reconozca plenamente la inocencia de las tres mujeres, acepte su equivocación y que tome medidas para evitar la repetición de hechos similares.

“La reparación pecuniaria (económica) no es más que un símbolo de que hay un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, a quien le corresponderá pedir disculpas públicamente por los daños ocasionados a raíz del inicio de una averiguación previa sobre un delito que nunca existió”.

Finalmente el Centro Prodh reiteró que los apoyos que entrega el gobierno de Querétaro deben ser considerados dentro de una política que beneficie a los pueblos indígenas del estado e instó a que estas acciones no se centren únicamente en Alberta y Teresa, sino que se extiendan a todas las comunidades indígenas queretanas.

Alberta y Teresa demandan reparación del daño a PGR

Estuvieron encarceladas por el delito de secuestro

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 28 abr 11 (CIMAC).- A un año de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la libertad de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio –otomíes encarceladas por el supuesto secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI)–, ambas demandaron la reparación del daño.

En conferencia de prensa, Alberta y Teresa anunciaron que ayer, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), presentaron un recurso jurídico ante la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir la reparación del daño e impugnar los actos administrativos que las afectaron al estar encarceladas durante casi cuatro años.

En 2006, Alberta y Teresa fueron acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta AFI. El 26 de marzo de ese año, un grupo de elementos de dicha corporación, sin uniforme, realizó un operativo contra la piratería en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde ellas se encontraban.

Durante los hechos, los agentes destruyeron mercancía de los vendedores porque los comerciantes se oponían al despojo. Luego del descontento social los policías dijeron que pagarían los daños, pero no cumplieron.

Cuatro meses después se aprehendió a tres mujeres: Alberta, Teresa y Jacinta Francisco Marcial (quién fue liberada el 16 de septiembre de 2009) acusadas de privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con el testimonio de Teresa y Alberta, el 3 de agosto de 2006 fueron detenidas con engaños. Teresa se encontraba en su casa cuando unas personas llegaron, la saludaron y la subieron a un vehiculo no oficial. Alberta regresaba de su trabajo cuando la detuvieron. Ambas fueron presentadas como “peligrosas secuestradoras”.

En un proceso que sus abogados calificaron de irregular, el 19 de febrero de 2010 el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, les impuso una pena de 21 años de prisión por la supuesta privación ilegal de la libertad de seis agentes de la AFI, durante los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán.

Desde entonces estuvieron lejos de su familia, fueron señaladas por su comunidad y presentadas ante la opinión pública como delincuentes, por ello, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, aseguró que se interpuso la demanda por reparación del daño para abrir paso a la justicia y evitar que se repitan actos de esta naturaleza.

El recurso, que se fundamenta en el artículo 113 constitucional y en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, impugna la irregular integración de la Averiguación Previa que nunca contó con argumentos coherentes, objetivos y veraces, y la negativa pública de la PGR de reconocer la inocencia de ambas indígenas.

Cabe recordar que este recurso se presenta un año después de la liberación de Alberta y Teresa porque así lo estipula la ley. Este procedimiento es similar al que siguió el caso de Jacinta, otomí también acusada de secuestro, quien el 13 de septiembre de 2010 hizo la misma exigencia ante la PGR, instancia que en febrero pasado dio entrada al trámite, por lo cual aún analiza el caso.

Sin embargo, los procedimientos son distintos porque Jacinta recobró su libertad –tras pasar tres años en prisión– debido a que la PGR presentó conclusiones no acusatorias, es decir, no contó con suficientes pruebas para acreditar el delito, mientras que Alberta y Teresa salieron de la cárcel por una apelación que atrajo la SCJN.

De acuerdo con Andrés Díaz, abogado del Centro Prodh, no hay una fecha límite para que estos procedimientos tengan respuesta porque son los primeros casos que se basan en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por ello hizo un llamado a la procuradora Marisela Morales para que pronto resuelva estas peticiones.

Finalmente el Centro Prodh precisó que conforme al artículo 113 constitucional esperan que se sancionen a los servidores públicos, entre ellos el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, que incurrieron en irregularidades no sólo en el proceso penal, sino también al discriminar a mujeres indígenas y de escasos recursos económicos.

Los abogados del Centro Prodh explicaron que Alberta y Teresa demandan 20 mil salarios mínimos para cada una por reparación del daño moral, y por daño pecuniario –es decir el costo de las afectaciones y perjuicios causados por su encarcelamiento–, 67 mil pesos para Teresa y 169 mil pesos para Alberta.