Acusan incumplimiento de reparación del daño para Alberta y Teresa

Centro Prodh critica entrega de apoyos económicos a las indígenas

Por la Redacción

México, DF, 23 may 11 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) desmintió que las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron acusadas de secuestrar a seis agentes federales en 2006, cuenten con apoyo por parte del gobierno de Querétaro.

Luego de que algunos medios de comunicación informaron que ambas mujeres fueron “beneficiadas” con un invernadero que les otorgó el Ejecutivo local a través del programa “Impulso a la Agricultura Protegida”, el Centro Prodh señaló que los apoyos gubernamentales de ninguna manera pueden considerarse una reparación del daño.

Alberta y Teresa pasaron tres años y ocho meses en el penal de San José el Alto, en Querétaro acusadas de secuestrar -junto con la indígena Jacinta Francisco- a tres elementos de la extinta AFI.

Ambas fueron condenadas a 21 años de prisión y a pagar una multa de 91 mil pesos, más 70 mil pesos por concepto de “reparación del daño” de las presuntas víctimas.

Pese a las irregularidades en el proceso, lograron conseguir su libertad. El 28 de abril de 2010, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo en el que consideró que fueron acusadas con pruebas sin sustento y que el 26 de marzo de 2006, cuando supuestamente ocurrieron los hechos, no se cometió ningún secuestro.

A un año de obtener su libertad, el 28 de abril de 2011, Alberta y Teresa anunciaron que solicitarían la reparación del daño.

Acompañadas por su defensa legal -el Centro Prodh- presentaron un recurso jurídico ante la Procuraduría General de la República (PGR) para impugnar los actos administrativos que las mantuvieron en la cárcel y para pedir el reconocimiento de su inocencia.

En este contexto, el pasado 6 de mayo se dio a conocer que el gobierno de Querétaro entregaría a Gabriel Alcántara Juan -hermano de Alberta y esposo de Teresa-, un vivero como parte de los 150 invernaderos del programa “Impulso a la Agricultura Protegida”.

De acuerdo con el Centro Prodh, tal beneficio no sustituye la reparación del daño que demandaron a la PGR.

En un comunicado de prensa, explicaron que Alberta y Gabriel Alcántara “son ciudadanos en pleno goce de sus derechos, por ello son sujetos de participar en los diversos programas sociales que como parte de su trabajo implementan los distintos niveles de gobierno”, y aclararon que respetan la decisión de la familia de recibir esos apoyos.

El Centro Prodh recordó que la demanda de reparación del daño (recurso que también interpuso Jacinta Francisco Marcial) busca en primera instancia que la PGR reconozca plenamente la inocencia de las tres mujeres, acepte su equivocación y que tome medidas para evitar la repetición de hechos similares.

“La reparación pecuniaria (económica) no es más que un símbolo de que hay un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, a quien le corresponderá pedir disculpas públicamente por los daños ocasionados a raíz del inicio de una averiguación previa sobre un delito que nunca existió”.

Finalmente el Centro Prodh reiteró que los apoyos que entrega el gobierno de Querétaro deben ser considerados dentro de una política que beneficie a los pueblos indígenas del estado e instó a que estas acciones no se centren únicamente en Alberta y Teresa, sino que se extiendan a todas las comunidades indígenas queretanas.