TERRA/EFE
Una de las dos indígenas mexicanas violadas por soldados del Ejército en 2002, episodios por los que México fue condenado por la CorteIDH, inició hoy una gira por Europa para denunciar que su caso sigue en manos de la justicia militar y no en la civil.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) indicó en un comunicado que la indígena Valentina Rosendo Cantú comenzó una gira de 18 días que la llevará a Alemania, Francia, España y Reino Unido.
Durante el periplo, presentará a “la comunidad internacional” el estado que guarda el cumplimiento de la sentencia dictada en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en contra México, señaló.
Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos indígenas Me’phaa que habitaban en el municipio de Ayutla de Los Libres, en el sureño estado de Guerrero, fueron abusadas sexualmente en episodios separados por militares, pero sus casos no fueron debidamente investigados, por lo que fueron llevados a la corte internacional.
En ambos casos la Corte ordenó al Estado garantizar que las investigaciones se mantengan “bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria” y “bajo ninguna circunstancia en el fuero militar”, así como castigar a los responsables…
La CorteIDH también ordenó a México "adecuar su legislación" para que las violaciones a los derechos humanos no se vean en el fuero militar, y para que las "personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación".
El viaje de Rosendo Cantú es apoyado por AI, las Brigadas de Paz Internacional (PBI), y la ONG Tlachinollan, destaca la nota.
"A la fecha, ambas investigaciones continúan en el fuero militar, en abierto desacato a lo establecido por la propia Corte", subrayó AI.
Rosendo Cantú solicitará que la comunidad internacional demande al presidente mexicano, Felipe Calderón, que las investigaciones que continúan en la Procuraduría de Justicia Militar sean remitidas al fuero civil y queden a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal).
La ahora activista por los derechos de los indígenas y de las mujeres presentará, además, información sobre la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos en México.
En México se critica a menudo que los casos de presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por militares queden en manos de la jurisdicción penal castrense.
Calderón envió en octubre pasado al Senado una iniciativa de ley para que los militares que cometan delitos de desaparición forzada, tortura y violación sean enjuiciados en tribunales civiles, sin embargo, los legisladores todavía no han sometido el proyecto a votación. EFE jd/pmc/acb
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