Alberta y Teresa demandan reparación del daño a PGR

Estuvieron encarceladas por el delito de secuestro

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 28 abr 11 (CIMAC).- A un año de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la libertad de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio –otomíes encarceladas por el supuesto secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI)–, ambas demandaron la reparación del daño.

En conferencia de prensa, Alberta y Teresa anunciaron que ayer, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), presentaron un recurso jurídico ante la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir la reparación del daño e impugnar los actos administrativos que las afectaron al estar encarceladas durante casi cuatro años.

En 2006, Alberta y Teresa fueron acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta AFI. El 26 de marzo de ese año, un grupo de elementos de dicha corporación, sin uniforme, realizó un operativo contra la piratería en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde ellas se encontraban.

Durante los hechos, los agentes destruyeron mercancía de los vendedores porque los comerciantes se oponían al despojo. Luego del descontento social los policías dijeron que pagarían los daños, pero no cumplieron.

Cuatro meses después se aprehendió a tres mujeres: Alberta, Teresa y Jacinta Francisco Marcial (quién fue liberada el 16 de septiembre de 2009) acusadas de privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con el testimonio de Teresa y Alberta, el 3 de agosto de 2006 fueron detenidas con engaños. Teresa se encontraba en su casa cuando unas personas llegaron, la saludaron y la subieron a un vehiculo no oficial. Alberta regresaba de su trabajo cuando la detuvieron. Ambas fueron presentadas como “peligrosas secuestradoras”.

En un proceso que sus abogados calificaron de irregular, el 19 de febrero de 2010 el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, les impuso una pena de 21 años de prisión por la supuesta privación ilegal de la libertad de seis agentes de la AFI, durante los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán.

Desde entonces estuvieron lejos de su familia, fueron señaladas por su comunidad y presentadas ante la opinión pública como delincuentes, por ello, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, aseguró que se interpuso la demanda por reparación del daño para abrir paso a la justicia y evitar que se repitan actos de esta naturaleza.

El recurso, que se fundamenta en el artículo 113 constitucional y en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, impugna la irregular integración de la Averiguación Previa que nunca contó con argumentos coherentes, objetivos y veraces, y la negativa pública de la PGR de reconocer la inocencia de ambas indígenas.

Cabe recordar que este recurso se presenta un año después de la liberación de Alberta y Teresa porque así lo estipula la ley. Este procedimiento es similar al que siguió el caso de Jacinta, otomí también acusada de secuestro, quien el 13 de septiembre de 2010 hizo la misma exigencia ante la PGR, instancia que en febrero pasado dio entrada al trámite, por lo cual aún analiza el caso.

Sin embargo, los procedimientos son distintos porque Jacinta recobró su libertad –tras pasar tres años en prisión– debido a que la PGR presentó conclusiones no acusatorias, es decir, no contó con suficientes pruebas para acreditar el delito, mientras que Alberta y Teresa salieron de la cárcel por una apelación que atrajo la SCJN.

De acuerdo con Andrés Díaz, abogado del Centro Prodh, no hay una fecha límite para que estos procedimientos tengan respuesta porque son los primeros casos que se basan en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por ello hizo un llamado a la procuradora Marisela Morales para que pronto resuelva estas peticiones.

Finalmente el Centro Prodh precisó que conforme al artículo 113 constitucional esperan que se sancionen a los servidores públicos, entre ellos el juez cuarto de distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, que incurrieron en irregularidades no sólo en el proceso penal, sino también al discriminar a mujeres indígenas y de escasos recursos económicos.

Los abogados del Centro Prodh explicaron que Alberta y Teresa demandan 20 mil salarios mínimos para cada una por reparación del daño moral, y por daño pecuniario –es decir el costo de las afectaciones y perjuicios causados por su encarcelamiento–, 67 mil pesos para Teresa y 169 mil pesos para Alberta.