MÉXICO, DF, 26 de abril (apro).- Este martes el PRI cedió finalmente a las demandas de la oposición, enarboladas por PRD, PT, Convergencia y PVEM, sobre las reformas a la Ley de Seguridad Nacional.
En principio, el Revolucionario Institucional aceptó que se prohíba la intervención de las Fuerzas Armadas en manifestaciones de orden político, social, electoral o laboral; además, acotó la libre facultad del Ejecutivo para que intervengan los militares en estos casos, y puso como “candado” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la posible inconstitucionalidad del actuar castrense.
Incluso, introdujo nuevamente el tema del fuero militar y dejó en claro que cuando elementos militares comentan un ilícito o abuso de fuerza, puedan ser juzgados por autoridades civiles.
En lo que fue la tercera reunión del grupo especial que se conformó por acuerdo de la Junta de Coordinación Política el pasado 14 de abril, el priista Alfonso Navarrete Prida, encargado de la elaboración de las reformas, aceptó los cambios exigidos por la oposición, entre los que también destacan el que no se puedan suspender las garantías individuales de acuerdo a un “protocolo” que fijaría el propio Consejo Nacional de Seguridad.
Otro de los cambios que se incorporarán es que toda la información generada en materia de seguridad nacional se regirá por las disposiciones de la Ley de Transparencia.
Asimismo, Navarrete Prida aceptó incluir la palabra “lícitos” cuando se trate de obtener información en materia de inteligencia.
Es decir, se establece que todos los medios por los que los militares se alleguen información en materia de inteligencia deberá ser obtenida sólo por medios “lícitos”, y con esto se cierra el paso a que lo hagan a través de “cualquier método”, como se establecía en la propuesta empujada por el PRI y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
También se aceptó que cuando se hagan revisiones, “no puede haber investigación alguna que no esté bajo el sustento de un posible delito”.
Los cambios fueron propuestas de PRD, PT, Convergencia y PVEM.
El vicecoordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero, anunció los cambios hechos a la minuta, y el priista Alfonso Navarrete Prida confirmó a detalle las modificaciones.
Navarrete Prida también anunció que las reuniones del grupo de trabajo concluyeron este martes “con una serie de modificaciones a la propuesta original, que creo que enriqueció mucho” el proyecto.
Sobre los “candados” introducidos a la reforma, Navarrete Prida detalló: “Se eliminó la excepción y quedó una prohibición de que el Ejercito participe” en manifestaciones de tipo electoral, laboral, administrativo o político.
“Hubo una propuesta de que tratáramos de darle mayor control constitucional al Poder Judicial de la Federación, y se adicionó una fracción que dice que la Suprema Corte podrá revisar la constitucionalidad de estas declaratorias de afectación a la seguridad interior, con lo cual queda un equilibrio mucho más marcado y claro.
“Adicionalmente, se especificó con claridad que el fuero que rige toda esta ley y esta minuta es el fuero civil, que ése nunca estuvo a discusión. Es una ley administrativa que entra en el campo de lo civil y no en el campo del fuero militar. Si los militares van a entrar a actuar con los civiles, el fuero que rige es el civil, porque el fuero militar se basa en órdenes, y el civil en garantías constitucionales.
“En la declaratoria de afectación introdujimos el tema de que el protocolo de actuación tiene que ceñirse escrupulosamente a las garantías individuales y a los derechos humanos, que quede como una manifestación expresa por parte de la ley y que no haya confusión ni dudas”.
En el caso de la información que se genera en materia de seguridad nacional, “se rige por las disposiciones de la Ley de Transparencia y, la palabra ‘lícitos; es decir, que los medios por los cuales se alleguen de información sean lícitos”, detalló Navarrete Prida.
Ahora será la Junta de Coordinación Política la que defina si se dictamina en cinco comisiones, o determina que sea en una para que pase al pleno el jueves 28, con la posibilidad de que se vote y pueda ser enviada al Senado de la República para que se discuta y apruebe el 30 de abril, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones.
Sin embargo, hasta ahora el Senado no conoce todos los cambios que se están procesando, aunque advirtió que si su minuta estaba “muy cambiada”, no se aprobaría.
Por otra parte, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), alrededor de 40, advirtieron en rueda de prensa que no dejarán pasar la reforma si se violentan los derechos humanos, las garantías individuales o se abre la posibilidad a establecer el estado de sitio.
En tanto, el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral, dijo que la minuta, tal como fue dada a conocer, no pasará, y que se tiene que aprobar como llegó del Senado. Esta comisión es una de las cinco a las que se turnó el proyecto.
El panista Corral también demanda que la iniciativa se dictamine en la comisión que encabeza.
El PRI dice estar dispuesto a asumir el costo político por aprobar la iniciativa
Martes 26 de abril de 2011, p. 2
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados afirmó que está dispuesto a asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, concede al Presidente de la República la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país.
Junto con Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que desde la Junta de Coordinación Política gestiona
con las comisiones de Defensa, Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación para que sólo una o dos de ellas voten el dictamen y el resto se allanen, para tratar de que se vote esta misma semana.
No obstante, en la mesa directiva se consideró difícil que el documento entre al pleno en el actual periodo de sesiones, debido a la inconformidad que ha generado en el resto de las bancadas.
En conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida (PRI) dijo que su grupo parlamentario está dispuesto a asumir los costos políticos de votar una reforma que, como publicó este diario la semana pasada, facilita al Ejecutivo el uso de tropas cuando considere que está en riesgo la seguridad interior. Incluso, el priísta acotó que si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley.
Al concluir ayer la segunda reunión para evaluar la propuesta de Navarrete Prida que modifica sustancialmente la minuta del Senado, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) informaron que se solicitó modificar el artículo 74, fracción VII, párrafo segundo del proyecto de dictamen, porque como está planteado abre la puerta para que las fuerzas armadas actúen contra protestas civiles.
Ese párrafo advierte: No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley.
Según Navarrete Prida, esa redacción “camina en la intención de prohibir que las fuerzas armadas puedan reprimir una manifestación pacífica y civil… salvo que de un asunto de éstos se rebase y constituya un obstáculo o amenaza” a la seguridad interior.
En contraste, el presidente de la Comisión de la Función Pública y secretario de la de Defensa, Pablo Escudero (PVEM), resaltó que en las observaciones al texto de Navarrete se insistió en dejar muy claro que las fuerzas armadas no pueden acometer movilizaciones civiles.
Además, debe definirse con precisión que en la declaratoria de afectación a la seguridad interior no pueden suspenderse las garantías individuales
, declaró.
Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que si PRI y PAN pretenden que el dictamen se vote sólo por una comisión, primero deben reunirse las mesas directivas de las cinco que tienen la minuta. De otra manera, la Junta de Coordinación no tiene capacidad de excluir a tres o cuatro de las comisiones, a menos que quiera pasar por encima del reglamento
, dijo.
Expresó que aun cuando las bancadas priísta y panista argumentaron ayer que existen candados en la propuesta para evitar la violación de derechos humanos, es evidente que quieren criminalizar los movimientos sociales; además, no hay garantía de respeto a las garantías individuales, y los derechos quedan sujetos al protocolo de la declaratoria
de riesgo a la seguridad interior.
Incháustegui aseguró que sería un despropósito que, aun con el riesgo que esas disposiciones representan, PRI y PAN aplicaran una mayoría mecánica para aprobar el dictamen.
Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que el documento contiene al menos cuatro deficiencias constitucionales. Primera, el Consejo de Seguridad Nacional, que también tomará decisiones en torno a la declaratoria de estado de excepción, no está sujeto a revisión, y sus acuerdos no podrían combatirse con una controversia constitucional.
Segunda, la exposición de motivos incluye una definición muy libre sobre el estatus de guerra y de paz, al suponer que existe una etapa intermedia
, con la que justifica la intervención militar.
Tercera: la posibilidad de intervención del Ejecutivo federal con operativos del Ejército y la Marina sin consultar a los gobernadores, a los congresos de los estados y a las presidencias municipales.
Y cuarta, la aplicación de detenciones, interrogatorios a civiles, allanamientos, retenes e investigación y persecución de delitos, que son atribuciones exclusivas del Ministerio Público.
Más aún, se entromete hasta en las atribuciones que son del Instituto Federal Electoral, al considerar que el consejo nacional realice campañas de cultura democrática, que corresponden a la autoridad electoral
, afirmó.
El ex consejero electoral aseguró que, en suma, como está planteado el proyecto de dictamen concede un poder inmenso al Ejecutivo y al Consejo de Seguridad Nacional, y constituiría un golpe de Estado, porque además el presidente de la República puede ordenar la intervención militar en situaciones urgentes, sin el permiso del Congreso
.
Autorizan reformas a 16 artículos constitucionales; se hicieron 22 reservas para discutirse hoy
Incluye relección de legisladores, sustitución del presidente e iniciativa preferente, entre otros
Martes 26 de abril de 2011, p. 5
El Senado de la República aprobó ayer en lo general reformas a 16 artículos constitucionales, lo que constituye una nueva reforma política que permitirá la relección de diputados para 2015 y de Senadores para 2018. Contiene figuras como iniciativa y candidaturas ciudadanas y consulta popular; iniciativa preferente al Presidente de la República; ratificación de los titulares de las comisiones federales de Telecomunicaciones, de Competencia y de Energía, así como la sustitución del Presidente, la reconducción y el veto presupuestal.
Anoche, a las 20 horas, en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos se aprobó en lo general la reforma y se hicieron 22 reservas a 15 artículos. A las 22 horas se acordó continuar la discusión este martes a partir de las 9 de la mañana.
Después de dos horas de discusión apenas se había avanzado en dos artículos, por lo que los senadores tomaron la decisión de suspender el debate.
La reforma modifica los artículos 35, 36, 59, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 83, 84, 85, 87, 89, 116 y 122. En lo que toca a la iniciativa ciudadana, se establece en el 35 constitucional como derecho de los ciudadanos presentar leyes en los términos y con los requisitos que señalan la Constitución y la ley del Congreso
, así como establecer que el Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorga la ley.
En correlación con ello, se reforma el artículo 71 para que los ciudadanos sean sujetos constitucionalmente legitimados para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, siempre que esas iniciativas cuenten con el respaldo de al menos el equivalente a 0.25 por ciento de la lista nominal de electores.
Por lo que respecta a la consulta popular, se indica en ese mismo artículo que ese instrumento será aplicable a temas de especial trascendencia nacional y serán convocado por el Congreso a petición del presidente de la República, el equivalente a 30 por ciento de los integrantes de las cámaras, o los ciudadanos en un número equivalente a 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
Se acuerda además que la pregunta materia de la consulta será sometida por la cámara de origen a verificación de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No podrán ser sujetos de consulta popular la restricción de los derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente
.
Por lo que se refiere a las candidaturas independientes, se modifican los artículos 35 y 116, y se establece, en el primero: son derechos del ciudadano ser votado para todos los cargos de elección popular, sea como candidato postulado por un partido político o de forma independiente con los requisitos, condiciones y términos que determine la ley
. Se indica que lo ideal sería que esta modificación fuera aplicada para la elección de 2012.
Por lo que hace a la iniciativa preferente, se modifica el artículo 71 constitucional y se señala que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el presidente pueda presentar hasta dos iniciativas para trámite.
En lo tocante a la reconducción y veto presupuestal, se modifican los artículos 72, 74 y 75 constitucionales. Se indica que el Ejecutivo federal podrá hacer observaciones al Presupuesto de Egresos en un plazo de 10 días hábiles. Si el Ejecutivo no tuviera observaciones, lo promulgará y publicará. Si fue observado, en todo o en parte, será devuelto a la Cámara de Diputados para que sea discutido de nuevo en un plazo de 10 días hábiles; si fuese confirmado por las dos terceras partes de los legisladores, se devolverá de inmediato al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
De igual manera, se reforman los artículos 84 y 85 de la Constitución para regular el procedimiento de sustitución del titular del Poder Ejecutivo en caso de falta absoluta, y se indica que para evitar su ausencia, así sea por un lapso mínimo, el mecanismo automático de sustitución comienza con el secretario de Gobernación; si faltara éste sería el de Hacienda quien asumiría provisionalmente la Presidencia, y a su falta, el secretario de Relaciones Exteriores.
La relección de diputados sería a partir de 2015, y la de senadores, en 2018. Asimismo, se modifican los artículos 76 y 89 para que el Senado de la República ratifique a los titulares de Cofetel, Cofeco y Comisión Reguladora de Energía. Las modificaciones al artículo 116 son para que, cuando así lo disponga la Constitución respectiva, los diputados de las legislaturas de los estados podrán ser relectos en forma inmediata hasta por dos periodos adicionales. El artículo 122 constitucional se modifica para la integración de mayorías en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Martes 26 de abril de 2011, p. 3
La iniciativa de Ley de Seguridad Nacional no sienta las bases de un Estado militar, ni pretende dar armas al Ejército para violar los derechos humanos de los ciudadanos, ni para someter movimientos electorales, sociales o laborales, señala un análisis de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En respuesta a las versiones difundidas en diversos medios de comunicación acerca de la referida ley, que es discutida en el seno de la Cámara de Diputados, el estudio enfatiza que es falso
que la iniciativa en cuestión siente las bases de un Estado militar con el pretexto de dar más instrumentos al gobierno federal para responder a una situación en la que la seguridad interior esté en peligro.
Rechaza que una eventual afectación de las garantías individuales pueda ser emitida por el Ejecutivo federal, y precisa que para llevar a cabo una medida de este tipo se requiere que el Consejo de Seguridad Nacional emita la declaratoria correspondiente y turne el asunto al Congreso o la Comisión Permanente para que éste apruebe la aplicación de las medidas necesarias para restaurar el orden, pero durante un tiempo y lugar determinado.Enfatiza que es falso que la iniciativa, cuya discusión ya empezó en comisiones de la Cámara de Diputados, faculte a las fuerzas armadas para actuar contra movimientos sociales o electorales o que dé lugar a la violación sistemática e impune de los derechos humanos.
Es falso, insiste, que los militares puedan interrogar a ciudadanos en la calle o revisar sus pertenencias; tampoco van a violar el derecho al libre tránsito o asociación, ni restringirán la circulación de vehículos. Y destaca que, conforme a la iniciativa de ley, el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad le informará de la declaratoria a la CNDH y a las organizaciones estatales afines para que ejerzan sus atribuciones durante el tiempo que dure la declaratoria respectiva.
Precisa el análisis que la eventual intervención de llamadas telefónicas sólo podrá hacerse previa autorización judicial, y recuerda que actualmente la ley no faculta al Ejército ni a la Armada interven
ir teléfonos para desarrollar labores de inteligencia.
Martes 26 de abril de 2011, p. 3
Cuernavaca, Mor., 25 de abril. La Red por la Paz y la Justicia rechazó las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que darían paso a la creación de un Estado policiaco-militar en México, que sólo serviría para aumentar la violencia, la inseguridad, el número de muertos y para reprimir a quienes no estén de acuerdo con la guerra contra el narcotráfico
.
Rocato, uno de los integrantes de esta organización, afirmó que una de las principales demandas de la próxima marcha del 8 de mayo hacia el Zócalo de ciudad de México, será que los militares regresen a sus cuarteles de manera inmediata, porque se ha demostrado que donde están es donde más muertos, violencia e inseguridad hay.
Indicó que el operativo efectuado en diciembre de 2009, en el que murió Arturo Beltrán Leyva, tuvo como resultado cientos de ejecuciones de morelenses que han quedado impunes.
Llamó a los diputados federales del PRI y del PAN a que retrocedan en su proyecto de dictamen sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en la que abren la posibilidad de que el Ejecutivo solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos de carácter político, electoral, social o del trabajo, “cuando considere que constituyen un desafío o amenaza a la seguridad interior, porque se corre el riesgo que se atente contra el mismo pueblo.
“Expresamos de forma tajante nuestro rechazo a las reformas de la Ley de Seguridad Nacional presentadas en la Cámara de Diputados por preparar las estructura legal que daría paso a la creación de un Estado policiaco-militar.
Creemos que no es necesario crear leyes más duras, sino que se cumplan las que existen. El ciudadano común y corriente está hasta la madre de que sus derechos constitucionales sean pisoteados con el pretexto del combate al crimen organizado. Ya no queremos muertos, no queremos su guerra, exigimos nuestro derecho a vivir en un México justo y en paz
, dijo.
En tanto, jóvenes de distintas organizaciones de Morelos convocaron a un congreso nacional que se llevará a cabo los días 28 y 29 de abril en esta ciudad, que se denominará: Los jóvenes en la emergencia nacional.
El acto se realizará en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas de esta ciudad y las mesas de trabajo abordarán temas como la militarización y violación de la soberanía nacional; la violencia e impunidad de género e infantil; la legalización y consumo responsable de drogas; la reforma laboral, el empleo, los ninis, campo y migración; la recuperación de espacios públicos; la democratización de medios de comunicación, y contenidos y presupuesto en la educación.
Martes 26 de abril de 2011, p. 2
El presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció que sus compañeros de bancada se inclinan a favor de que los soldados sigan siendo juzgados por el fuero militar y no civil, en contraposición a la iniciativa aprobada por el Senado de la República. No obstante, consideró difícil que se apruebe en el actual periodo de sesiones aunque está trabajándose a marchas forzadas
.
Por separado, el dirigente del PRI, Humberto Moreira, dijo desconocer la posición de los diputados de su partido y adelantó que hasta el próximo lunes se reunirá con el coordinador de la bancada priísta, Francisco Rojas, para conocer el sentido del voto de los legisladores respecto a la iniciativa enviada al Senado por el Ejecutivo en 2010.
En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, calificó de riesgosas
las nuevas atribuciones que se pretenden otorgar al Ejército mediante las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que impulsa la Cámara de Senadores.
El mandatario capitalino señaló que se reunirá con legisladores de su partido para revisar el tema de las citadas reformas empero consideró, muy riesgosas algunas de sus disposiciones. No creo que sea la solución, pero vamos a verlo con todo cuidado
, afirmó en breve entrevista.
Primero en Yucatán, donde fue invitado a la gira del presidente Felipe Calderón, y después en la ciudad de México, Ramírez Marín consideró que cuando un militar comete un delito o una violación, amerita un tratamiento especial porque está “bajo un mando, bajo fuego o en una operación.
La iniciativa en cuestión fue enviada al Senado en octubre de 2010. En ella se plantea la modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Si bien en el documento se afirma que se armoniza la legislación interna con la internacional, organismos como la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional (AI) consideraron que la propuesta era insuficiente en el catálogo de delitos.
En relación con los señalamientos del día anterior de perredistas y petistas, de que PAN y PRI negociaron en lo oscurito y pretenden dar un albazo con la aprobación de esta ley, señaló que es infantil
usar esas expresiones, porque la iniciativa se discute desde hace casi un año. Sin embargo señaló que si formaron un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados fue para acelerar su aprobación en este periodo de sesiones.
Esta ley, para quienes es absolutamente inconveniente es para los delincuentes. La sociedad puede sentirse mejor protegida con ella
, declaró.
En conferencia de prensa en la ciudad de México, Humberto Moreira dijo desconocer el sentido en que votarán los diputados de su partido en torno a la ley de seguridad que, se ha afirmado, responde a presiones de las fuerzas armadas por la presunta vinculación de gobernadores priístas con actividades ilícitas.
–El contenido de la iniciativa va en contra de lo que ha pugnado usted como presidente del PRI, de dar una solución distinta al combate al narcotráfico, y todo indica que su partido la está impulsando –se le planteó.
–No se ha aprobado –respondió.
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