Editorial La Jornada
La noche del domingo
pasado, tras el intercambio entre candidatos presidenciales que tuvo
lugar en un auditorio del World Trade Center, la reportera de este
diario Karina Avilés fue víctima de maltrato verbal por personal de
Comunicación Social de la campaña de Josefina Vázquez Mota, a cargo de
Irma Pía González Luna Corvera. Tras ese encuentro, la aspirante
presidencial panista tuvo reuniones con simpatizantes suyos y con
representantes de los medios. Entre una y otra, nuestra reportera fue
invitada, junto con otros comunicadores, a trasladarse en el automóvil
de una colaboradora de Pía González y en el trayecto, cuando supo que
Karina Avilés trabaja en La Jornada, la injurió de esta forma:
Vete con la gente de Peña Nieto, porque ellos sí tratan bien a los reporteros; si no, pregúntales por el maletín de 300 mil pesos que llevan en cada gira.Ante el insulto, la reportera hubo de bajarse del automóvil en un sitio solitario y en plena noche.
Lamentablemente, no se trata de un episodio aislado. En fecha
reciente, este diario decidió retirar a la reportera Claudia Herrera
Beltrán de la cobertura de la fuente presidencial debido a la hostilidad
regular y los malos tratos verbales de que estaba siendo objeto por
personal adscrito a la Presidencia.
No es procedente, pues, suponer que el atropello experimentado por
Karina Avilés la noche del debate entre candidatos presidenciales haya
sido un hecho aislado, producto de la iniciativa de una empleada. Los
funcionarios de las dependencias gubernamentales y de los aparatos
partidistas suelen conducirse con base en órdenes –o, cuando menos,
lineamientos– superiores. Por lo demás, entre el hostigamiento
experimentado por Claudia Herrera Beltrán en la fuente de Los Pinos y la
agresión verbal sufrida antenoche por Karina Avilés hay un denominador
común: la filiación política de quien detenta la presidencia de la
República y de la aspirante oficialista a sucederlo en el cargo.
Tales comportamientos parten, por lo demás, de una preocupante
falta de entendimiento de la función de los medios y de los
informadores, y de los términos profesionales e institucionales que
deben regir la relación entre ellos y los funcionarios y políticos a
quienes dan seguimiento informativo.
Por otra parte, las agresiones referidas indican que hay un
desconocimiento en quienes las cometen de que las áreas de prensa y de
comunicación social de las dependencias oficiales, e incluso las de
partidos y de campañas, operan con recursos públicos –es decir, con
dinero de todos– y que es por demás impropio proceder, en esas
instancias, con base en fobias ideológicas, animadversiones personales o
criterios patrimonialistas que no sólo ofenden al oficio informativo
sino también a las más básicas maneras republicanas.
Por lo demás, da la impresión de que en el equipo de Josefina Vázquez
Mota imperan el nerviosismo, la descoordinación y el desorden, que los
errores de la candidata se replican en sus colaboradores y que ello se
traduce, en el área de Comunicación Social, en una operación descuidada y
negligente que culmina en grosería hacia algunos informadores.
La Jornada se ha empeñado en llevar a cabo una cobertura
equilibrada y veraz de las diversas instancias del poder público, con
independencia del origen partidista de quienes las encabezan, y de las
campañas electorales en curso de todas las formaciones políticas con
registro, y ha encontrado, en casi todas las circunstancias, y de casi
todos los actores, un trato respetuoso. Las muestras de hostilidad
referidas se circunscriben a funcionarios y candidatos afiliados a
Acción Nacional.
En consecuencia, esta casa editorial demanda a funcionarios y
aspirantes a cargos de representación popular procedentes de ese partido
un trato respetuoso e institucional para nuestros colaboradores.
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