Militares durante un operativo en Casas Grandes, Chihuahua.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
“México enfrenta problemas complejos y muy serios sobre derechos humanos, pero la situación de impunidad para con los cometen este tipo de delitos sigue siendo muy alta”, declaró la Subsecretaria de Estado Adjunto para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Kathleen Fitzpatrick, en una audiencia del Congreso federal estadunidense.
“La denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares han tenido un aumento increíble, así como las quejas de que funcionarios están involucrados en la desaparición de personas, torturas y detenciones extrajudiciales”, acoto Fitzpatrick.
Ante la Comisión de Derechos Humanos, Tom Lantos, de la Cámara de Representantes del Congreso federal de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama estableció que, por el estado y situación de los derechos humanos en México, en la lucha contra el narcotráfico orquestada por Felipe Calderón, en septiembre de 2010 decidió retener el 15% de la ayuda que le proporciona para instrumentación de la Iniciativa Mérida.
Cuestionada por el presidente de la Comisión Legislativa, James P. McGovern, representante demócrata por el estado de Masachusetts, sobre si por la grave situación que describió en la sesión se volvería a retener el 15% de la ayuda, Fitzpatrick se salió por la tangente al establecer aun no se toma una decisión porque se está valorando el caso.
Bajo la enmienda Leahy en la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado tiene la autoridad de retener el 15% de los fondos aprobados por el Capitolio para el financiamiento de la Iniciativa Mérida, si se considera que las fuerzas de seguridad que reciben dinero, equipo o adiestramiento pagada por el dinero del erario estadunidense; cometen violaciones a los derechos humanos a nombre de la lucha contra el narcotráfico. Esta valoración se hizo en 2010, por lo que la Secretaria de Estado Hillary Clinton ordeno la retención del 15% de los fondos para la Iniciativa Mérida.
En la sesión de la Comisión Lantos, el testimonio de la Subsecretaria Fitzpatrick fue una especie de adelanto de lo que contendrá el capitulo de México, en el reporte anual de la situación de los derechos humanos en el mundo que en los próximos días dará a conocer el Departamento de Estado.
Fitzpatrick reconoció que el gobierno de Calderón esta abierto a la discusión con Estados Unidos sobre las formas de mejorar la situación de los derechos humanos, pero insistió en que el reto mas importante para el gobierno mexicano es resolver el problema de la impunidad y de aplicar las leyes en materia de la reforma judicial.
La funcionaria del Departamento de Estado, lamento que aún cuando ya existe un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México, de que todos los casos de violación de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad serian objeto de las cortes civiles; la medida no haya sido todavía instrumentada.
En todo momento durante su participación ante la Comisión Legislativa, Fitzpatrick destacó el caso de los ataques y asesinatos de periodistas en México.
“Los asesinatos, intimidación y ataques a periodistas han conllevado a la autocensura y con este se afecta la liberta de expresión”, matizo la funcionario del Departamento de Estado.
Por su parte, Maureen Meyer, encargada de los asuntos de México y América Central de la organización defensora de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA), recomendó al gobierno de Obama sancionar al gobierno de México con la retención de fondos para la Iniciativa Mérida por las violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad.
“Estados Unidos debería usar la influencia que le provee los requerimientos de derechos humanos en la Iniciativa Mérida, para condicionar el 15% de la asistencia al Ejército y las fuerzas policiales mexicanas hasta que el gobierno investigue y sancione ante el sistema judicial civil al personal militar y policial que, de manera creíble, hayan violado derechos humanos”, declaró Meyer
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