El sistema legal está diseñado para que esté controlado por una mayoría que domina los aparatos de poder.
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Después de que el presidente Enrique Peña Nieto recibiera el 31
de agosto en la residencia de Los Pinos al candidato republicano Donald
Trump han surgido diversas voces acusándolo de traición a la patria.
Traición a la patria y delitos graves son las razones por las que un
presidente puede ser enjuiciado en nuestro país, y quien lo puede
enjuiciar únicamente es el Senado de la República, quien deberá contar
con la aprobación, de al menos, las dos terceras partes de los votos de
sus integrantes.
El actual presidente de la republica ya ha sido acusado anteriormente
por traición a la patria por las modificaciones que en materia
energética implementó en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en
diciembre de 2013. Ello ocurrió el 6 de febrero de 2014 en una
denuncia que presentara Andrés Manuel López Obrador ante la Procuraduría
General de la República para que ésta investigara la existencia de
delitos y turnara el expediente al Senado de la República.
La razón de la acusación de traición a la patria fue porque el
presidente de la República propuso e impulsó reformas constitucionales
que atentan contra la soberanía y economía nacional al permitir que
recursos energéticos estratégicos quedaran bajo el control de gobiernos y
empresas extranjeras.
Se acusó a Enrique Peña Nieto de haberse reunido en el año de 2012
con John Kerry presidente del Comité de Relaciones del Senado de los
Estados Unidos para conciliar una reforma, como la que se propuso,
beneficiando intereses extranjeros.
Nada ocurrió con esa denuncia, quedó empolvada en un expediente más.
Los funcionarios a cargo desdeñaron la acusación y ésta nunca llegó al
Senado de la República.
No es de sorprenderse que denuncias contra el presidente de la
República no procedan. El sistema legal está diseñado para que esté
controlado por una mayoría que domina los aparatos de poder.
En el Senado de la Republica de los 128 senadores, éstos se
encuentran agrupados de acuerdo a la página oficial de ésta instancia
legislativa, en 55 senadores del PRI, 38 del PAN, 19 del PRD, 7 del PT, 7
del Verde Ecologista y 2 sin grupo parlamentario.
Se requieren al menos 86 senadores que estén de acuerdo en que el
presidente de la República sea enjuiciado de acuerdo a los mecanismos
que prevé la Constitución. No hay condiciones para que el juicio
político se inicie, porque depende de conveniencias políticas y razones
de poder.
El juicio político se requiere porque el presidente de la República
goza de fuero constitucional por lo que no puede ser enjuiciado de
manera común ante un ministerio público.
La sociedad se siente lastimada e indignada por la forma en que se
recibió éste personaje venal, que sigue vociferando con expulsar a los
mexicanos que trabajan en ese país, de que va a construir un gran muro,
pagado con recursos mexicanos, para evitar que siga pasando la droga y
según él, los grandes males de ese país.
Darle trato de jefe de Estado, de amigo, de darle espacios en la casa
presidencial para dar declaraciones a la par del presidente y prestarse
al juego en pleno proceso electoral es un acto ominoso, de traición a
la patria, aún a pesar de los senadores y de la legislación, que protege
actos de quienes nos gobiernan de manera vergonzante.
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