Universalidad-Peña: del acuerdo de 2016 al convenio de 2017

Gustavo Leal F.*

El secretario José Antonio Meade sigue –con el Fondo Monetario Internacional– disponiendo la política pública para que Funsalud reitere, con el próximo gobierno, los términos de su agenda para universalizar con prestaciones a la baja, sirviéndose para ello de los altos costos de los padecimientos crónicos, como publicita José Campillo: el crecimiento de las crónicas, sostiene, nos va a llevar a gastos imposibles de sufragar en 2030.

Pero el 7 de abril de 2016 el presidente Enrique Peña y el secretario de Salud, José Narro, ofrecieron un acotado Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud. Con él pretendían lavar la cara frente a la fracasada promesa –primero en campaña y luego durante la primera mitad del sexenio– de instalar una demagógica seguridad social universal, que nadie les solicitó. Frente al descalabro y con el segundo tramo sexenal por delante, el restringido acuerdo –que cubre apenas intercambiar 100 intervenciones entre IMSS, Issste y Ssa, como quiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos– evitaba, nuevamente, ocuparse de las carencias que determinan, desde el fondo, el ruinoso estado del sistema público de salud.

Como era de esperarse, un año después la realidad se impuso. Lo que el año transcurrido mostró fue lo que ya era de patente dominio público desde antes de que Peña asumiera el cargo: que el sector público en salud carece de las condiciones de suficiencia que establecen las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud para brindar un servicio digno. Su rasgo característico son sus patentes carencias: no cumple los parámetros de suficiencia de personal capacitado y motivado, así como de medios disponibles para brindar la debida atención.

Pero todas estas carencias nadan, ahora, en un mar de corrupción nunca antes visto. El desplome de los procesos descentralizadores emprendidos por Ernesto Zedillo (1994) y operados inercialmente por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012) colapsaron del todo con el peñismo. Ya no se trata del debate serio sobre el destino y orientación de las políticas públicas: es una combinación letal entre corrupción e impunidad estructurales.

Esos han sido los casos de Chiapas (junio de 2016); Tamaulipas (agosto); Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Colima (octubre); Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua (noviembre), y nuevamente Veracruz-Jalisco (febrero de 2017), así como Chiapas (marzo), entre muchos otros.

El propio responsable del Seguro Popular, el doctor Gabriel O’Shea, reconoció (diciembre de 2016) fugas por 8 mil 675 millones de pesos en Michoacán, Guerrero y Veracruz. El diseño del Seguro Popular, observó, se hizo bien, pero le faltaron mecanismos de control sobre el uso del dinero en los estados. Y agregó: el destino de estos recursos se desconoce. No había manera de garantizar que los gobiernos locales hicieran ese desembolso para los servicios de salud.

Poco después asumió que los servicios de salud que atienden a afiliados del Seguro Popular tienen carga excesiva de personal administrativo y, peor todavía, subrayó, los estados contratan a los trabajadores sin contar con una fuente de financiamiento para pagar sus salarios: es un problema presente en todo el país, remachó. ¿Ejemplo? En Oaxaca, con 13 mil trabajadores de la salud, el Seguro Popular dispone los salarios de 3 mil 27, la Secretaría de Salud federal cubre otros 5 mil y el gobernador debe buscar, cada 15 días, el dinero para pagar al resto. Y esto pasa en todo el país. Sin duda, el problema sí es el diseño de ese malhadado Seguro Popular foxista (Julio Frenk).

Pese a este lamentable y escandaloso cuadro dantesco, el secretario Narro declaró el 24 de febrero de 2017 que estamos avanzando y me gustaría pensar que, con el gobierno del presidente Peña, pudiéramos alcanzar la cobertura real en materia de salud. No estamos lejos. Y el 4 de marzo volvió a firmar un convenio de colaboración Ssa-IMSS-Issste, para que los mexicanos reciban servicios en cualquier unidad médica, sin importar si tienen o no seguridad social. Con ello se cumple el compromiso del presidente Peña para que todos los mexicanos tengan acceso a servicios.

La diferencia con el acotado acuerdo del 7 de abril de 2016 fue que el convenio alude a aprovechar de mejor manera la disponibilidad de los servicios. ¿En el Issste hay disponibilidad? ¿Dónde? Sólo 24 horas después, el secretario general del comité ejecutivo nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el diputado Manuel Vallejo, comunicó que no comparte el convenio porque compromete los servicios de calidad: no hay espacios ni personal disponible. En el IMSS, agrega, los servicios no están ociosos. Por lo contrario: están rebasados.

¿Cómo estará esa disponibilidad en los servicios de la Ssa a cargo del doctor Narro? Según el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el diputado Marco Antonio García Ayala, ante la prevalencia de carencia de insumos, equipos obsoletos e inadecuado abasto de medicamentos, el Sistema Nacional de Salud no está preparado para la universalidad de los servicios. No se está en condiciones para su implementación. También solicitó al doctor Narro revisarlo y que antes se diagnostique bien la situación del sector (9 de marzo). Y en el mismo sentido se pronunció la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, del senador Joel Ayala: No habremos de aceptar convenios a espaldas de los trabajadores (10 de marzo).

¿Qué puede aguardarse de un gobierno que asume el doble discurso como estrategia sistemática de la política pública bajo su responsabilidad? ¿Asumir declarativamente aquello que, a todas luces, no materializará? ¿Sobrecargando laboralmente y sin pausa a los trabajadores de la salud? Frente al proceso electoral de 2018, los precandidatos tienen ahora la palabra.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco