(apro).- Los mandos del Ejército han decidido salir a
cabildear la Ley de Seguridad Interior. Contrario a su tradicional
hermetismo, comandantes de las zonas militares se están presentando en
foros públicos para justificar su presencia en tareas de seguridad
pública.Se trata de un cambio de estrategia después de las polémicas declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos, en diciembre pasado, cuando arremetió contra la autoridad civil, en un acto de deliberación no permitido en las relaciones cívico-militares bajo un régimen democrático.
En particular, el divisionario se fue contra el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien ha tenido desencuentros desde el inicio del sexenio. Esta vez, por la falta de operación política para que el Congreso apruebe de una vez por todas, una ley que los proteja por su actuación en esas tareas y no ser acusados de violaciones a los derechos humanos.
El miércoles 16, el comandante de la 11ª. Zona Militar, con sede en Zacatecas, el general Guillermo Bertotto, aseguró que la seguridad interior “no es responsabilidad de las Fuerza Armadas”, sino que éstas han sido usadas como último recurso de los gobiernos para el “funcionamiento de las instituciones y vivir en paz”.
Así fue con Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora con Peña Nieto porque “las autoridades civiles y de seguridad pública se vieron debilitadas” y los militares han tenido que actuar “de manera subsidiaria”, dijo el general ante estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, según publicó el corresponsal del periódico La Jornada, Alfredo Valadez.
Algo similar dijo a principios de mes el general Fermín Hernández Montealegre, en el auditorio del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). De acuerdo con el periodista Alejandro Medellín en el blog de información castrense Estadomayor.mx, el general se quejó de que el Estado también ha abandonado a los militares.
Puso como ejemplo el caso de Los Zetas, un grupo de élite del Ejército que terminó cooptado por el cártel del Golfo y se convirtió después en una poderosa organización delictiva que se mantuvo por años con desertores del Ejército.
Desde su condición de director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), un cargo civil de la Procuraduría General de la República (PGR), el general contó que el Ejército tuvo que crear ese grupo de élite porque ninguna otra institución quiso hacerlo. Y sin embargo, dijo, la autoridad civil dejó a su suerte a esos elementos y se pasaron a la delincuencia.
La victimización no es la mejor estrategia para las Fuerzas Armadas. El Ejército y la Marina han sido parte de la fallida estrategia de recurrir a los militares para combatir al narcotráfico. Hace dos décadas que lo están haciendo y lo seguirán haciendo con o sin ley porque están convencidos también de la “guerra al narcotráfico”. Al menos, no han dicho lo contrario.
Una ley como la que buscan los militares y muchos congresistas les quieren dar se alinea muy bien con la cada vez más acaba propuesta del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que los militares en toda América Latina, pero particularmente en México, intensifiquen esa guerra en todos los frentes.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto, aseguró el miércoles en el centenario de la Escuela Médico Militar que el Ejército es la “institución de instituciones”. Demagogia propia para unas Fuerzas Armadas ajenas al control democrático.
El Ejército se ha convertido en el parapeto de algunos para ocultar sus incapacidades y complicidades con el narcotráfico y los militares han aceptado las reglas de ese juego.
@jorgecarrascoa
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