El archivo del terror de Javier Duarte
La digna voz
Es un secreto a
voces: en México desaparecen personas, civiles e inocentes, todos los
días, a cualquier hora, y no pocas veces sin dejar huella. Cifras
oficiales relativas al período 2006-2012, reportan que en el curso de
esos seis años desaparecieron 27 mil personas. Un dato conservador si se
admite que la contabilización de la desaparición carece de una
metodología confiable, debido a la naturaleza misma del problema, y a la
negligencia (o connivencia) rutinaria de las autoridades públicas.
También en este renglón, como en otros referidos en las entregas
anteriores, la administración de Javier Duarte presentó saldos trágicos.
Y las secuelas de ese orden siguen propiciando las condiciones para la
comisión de este delito de lesa humanidad. Tan sólo el pasado 5 de enero
(2017) en el puerto de Veracruz, cinco jóvenes turistas originarios de
Oaxaca fueron víctimas de ese estado de terror que reina en la entidad:
dos fueron acribillados y los otros tres desaparecidos. El peritaje del
ministerio público confirma que la Policía Naval falsificó documentos
oficiales que hipotéticamente constatan la culpabilidad de elementos de
la Marina. Las pruebas sugieren que se trata de otro caso más de
multihomicidio y desaparición forzada en Veracruz que involucra a
agentes estatales.
Cabe recordar dos aspectos fundamentales de
la definición que suscribe la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas sobre el concepto de “desaparición
forzada”: uno, la corresponsabilidad del Estado; y dos, la negativa al
reconocimiento.
En relación con el segundo asunto –el de la
negativa a reconocer la privación de libertad–, la administración de
Javier Duarte es un catálogo de pruebas autoincriminatorias que apuntan
en esta dirección de la desatención. Recuérdese la declaración del
subprocurador estatal Antonio Lezama Moo en 2013:
“Hay gente
que denuncia, pero no dice que la señorita se fue con el novio; o que el
esposo se fue con la otra novia; que la esposa se fue con el amiguito
que tenía. Aunque, claro, también hay gente que se va por el mal camino”
(Zavaleta en Proceso 19-VI- 2013).
O esa otra del
secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez: “Son delincuentes
ajustando a otros delincuentes. Lo que quiero decir es que no tenemos
ningún problema grave (¡sic!). La sociedad puede seguir caminando por
las calles y asistir a las plazas” (Proceso 18-IV-2014).
Pero a pesar de la persistente negativa de reconocimiento, en la era de
Javier Duarte la incidencia de esta modalidad de crimen rebasó la
capacidad institucional de ocultamiento. Noé Zavaleta documenta:
“En la última semana de abril pasado [2014], la Procuraduría General de
Justicia estatal (PGJE) informó que durante la administración de Javier
Duarte de Ochoa ha habido 665 desapariciones forzadas por levantones,
secuestros, ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales…” (Zavaleta
en Proceso 18-IV-2014).
Esta cifra coincide con la
información que divulgó el Colectivo por la Paz Xalapa en marzo de 2014.
El reporte advertía que en esas desapariciones había por lo menos122
menores de edad.
De acuerdo con estimaciones de la Procuraduría
de General de Justicia del Estado, de 2006 a 2014 cerca de dos mil
personas fueron víctimas de desaparición; lo que ubicó a Veracruz en uno
de los primeros sitios en ese renglón de delito. La danza de los
números abona al desconocimiento o negación de la crisis. Pero la
ausencia de cifras exactas es sintomática del afán de encubrimiento.
No es un dato menor que este delito, por añadidura a otros como las
ejecuciones extrajudiciales, allanamientos fuera de la ley, detenciones
arbitrarias, torturas, homicidios, amenazas, violaciones sexuales,
registrara un aumento sensible tras el despliegue en las calles de más
de 60,000 elementos de las fuerzas armadas, que por decreto
extraconstitucional ordenara el gobierno federal a finales del año 2006.
Tampoco es una mera coincidencia que la desaparición forzada se
instalara a sus anchas en Veracruz en el marco de la implementación del
Mando Único Policial, por decreto de Javier Duarte:
En la edición del 12 de diciembre de 2013, La Jornada Veracruz reporta:
“[…] preocupante resulta que al menos en Córdoba, son constantes las
manifestaciones en contra del MU por los famosos ‘levantones’
(desapariciones) todos bajo una misma forma de operar, pues registran
viviendas sin orden de cateo y después nadie sabe nada de los
desaparecidos… Pese a que se han presentado más de una decena de
manifestaciones desde la llegada del Mando Único, de este tipo de
denuncias sólo anotan dos en Asuntos Internos, de las cuales en una se
asentó un número de patrulla que no existía, mientras que la segunda
está siendo investigada” (Díaz en La Jornada Veracruz 12-XII-2013).
Se trata de la correspondencia natural entre una estrategia de Estado
más o menos conscientemente concertada, y unos resultados socialmente
desastrosos más o menos conscientemente previstos.
Al colectivo
Equifonía-Derechos Humanos de las Mujeres se le preguntó en 2014 sobre
las condiciones que promovían la incidencia de este crimen. En el
colectivo consideraron que la clave está en “la participación cada vez
más evidente y cínica de la Policía Estatal en la desaparición o en la
protección de quienes realizan desapariciones y ejecuciones. Es una
protección cada vez más descarada de quienes se supone que son los
delincuentes. Quienes se supone que deberían perseguirlos, son
finalmente quienes los están protegiendo”.
La desaparición
forzada es un crimen de lesa humanidad precisamente porque involucra a
agentes de Estado. La naturaleza de este crimen imposibilita conseguir
el testimonio de la víctima. Ni siquiera una verdad jurídica es
asequible, porque el Estado es el que comete u ordena el crimen, e
igualmente el que juzga el hecho delictivo. Al respecto, el Colectivo
por Paz Xalapa advierte:
“Justamente se trata de un crimen de
lesa humanidad. La desaparición forzada es un delito de Estado. Acá en
Veracruz hay casos en que elementos policiacos o efectivos militares son
señalados por incurrir en esta modalidad de crimen. Y el gobierno nunca
reconoce que una policía acreditada está involucrada en un caso de
desaparición forzada. Eso nunca va a ocurrir. Entonces es contradictorio
esa condición de juez y parte. La única forma que tenemos de documentar
o comprobar la participación de elementos policiacos es consultar a las
familias o víctimas. Porque un ministerio público debe tener cuidado de
cómo configura una denuncia y qué delito van a perseguir. Ellos se
tienen que cuidar para no decir que se trata de desaparición, porque los
pueden correr. Prefieren omitir. La desaparición forzada es una cosa
que, a decir de las familias, a menudo ocurre. Sin embargo, pocas veces
tienen elementos para denunciar abusos como policías que han entrado a
domicilios, que han abusado sexualmente de las personas, o que se llevan
a una o dos. Son operaciones fuera de la ley que además involucran
armas, rostros cubiertos, violencia”.
La desaparición forzada
también es signo de excepcionalidad. Pero justamente lo que permite
deducir el comportamiento de este delito es que la excepcionalidad no es
una ausencia de Estado: es la excepción elevada a norma operativa de
Estado.
Testimonios dan cuenta de esa renuncia a “la obligación
del Estado de garantizar la vida y la seguridad” que imperó en los años
de duartismo:
“La familia carga con todo, tenemos el
peso brutal de lo que se está pagando, desgaste económico, físico,
emocional, afecta a toda la familia, a nuestras casas llegó a vivir la
angustia, desesperación, impotencia, miedo, y duermen con nosotros,
cenan, desayunan y duermen con nosotros, eso es lo que no se vale”
(Aguirre en La Jornada Veracruz 22-VI-2015).
En no pocos
casos las familias de las víctimas denunciaron acoso de la fuerza
pública, máxime allí donde se tenían suficientes pruebas para demostrar
que se trató de una desaparición forzada:
“Frente a las
instalaciones de Readaptación Social… se manifestaron los familiares de
las cinco personas que fueron privadas de su libertad en mayo [2015],
presuntamente por elementos de la Fuerza Civil…
“Familiares de
los cinco jóvenes denunciaron que sufren intimidación por parte de
elementos de la Fuerza Civil para que dejen de manifestarse y de
buscarlos. Relataron que todos han recibido visitas de los elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y hasta han sido fotografiados
en sus domicilios” (Chiñas en La Jornada Veracruz 15-VII-2015).
En el Veracruz de Javier Duarte, la regla fue: “Ni Justicia, Ni
Verdad”. Y no fue un asunto de inoperancia institucional. Al contrario,
fue el resultado de una acción gubernamental concertada y altamente
exitosa. La desaparición forzada no es un flagelo fuera de control: es
una forma de gobernar en Veracruz que el duartismo elevó a procedimiento rutinario.
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