Jenaro Villamil
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La historia es tan tétrica como real. El 10 de mayo del año pasado, una madre del Colectivo Solecito recibió un “regalo” de la delincuencia organizada: eran hojas en papel bond, con decenas de cruces marcadas, para señalarle la ubicación de más de 120 fosas clandestinas, localizadas en un predio conocido como Colinas de Santa Fe.
Desde agosto del año pasado iniciaron la búsqueda y ubicación
de estos cuerpos. El terreno era un sitio donde presuntamente los grupos
de la delincuencia organizada arrojaban los cuerpos de sus víctimas.
En
siete meses el Colectivo Solecito y la Fiscalía General del Estado de
Veracruz han exhumado un total de 253 cuerpos en 120 fosas y más de 10
mil restos óseos. Junto con las exhumaciones ha aparecido una gran
cantidad de ropa de hombre, de mujer, zapatos, tarjetas de tiendas
departamentales, estampas de santos, cabellos humanos, vendas.
No
han encontrado ni un solo casquillo percutido. Los cuerpos fueron
enterrados en bolsas. Lucía de los Ángeles, madre del Colectivo
Solecito, ha declarado que la fiscalía ha sido indolente y sólo han
podido tener 17 perfiles de los cuerpos encontrados.
Ni la más
asombrosa imaginación criminal hubiera concebido las dimensiones de este
Auschwitz Veracruzano. Se trata de tan sólo uno de las decenas de
cementerios clandestinos de esta entidad que se hundió en una larga
noche de narcocleptocracia con los gobiernos de Fidel Herrera, Javier
Duarte y parece que se prolongará con Miguel Ángel Yunes.
Sólo por
comparar en términos numéricos: en las fosas descubiertas en
Tetelcingo, Morelos, se encontraron 117 cuerpos; en la fosa de San
Fernando, Tamaulipas, fueron 196 restos humanos; en las 62 fosas de
Iguala, Guerrero, se hallaron 131 cuerpos. Y todos estos casos salieron a
la luz pública por denuncias de los familiares, no por iniciativa de
las autoridades.
Mientras la esposa de Javier Duarte llenaba
planas enteras de sus cuadernos para recitar su mantra “Sí, merezco
abundancia”, decenas de mujeres humildes estaban buscando a sus hijos
que fueron archivados en el expediente de “los prescindibles” para la
narcocleptocracia veracruzana.
Mientras Duarte se dedicó a robar a
manos llenas y construir una red de más de 300 cómplices, con la
absoluta indiferencia y complicidad de buena parte del gobierno federal,
el crimen organizado creó su propia red de cementerios y fosas de la
ignominia. Eran intocables.
La prensa mexicana y los medios
electrónicos han minimizado las dimensiones de esta tragedia. Durante
sus seis años de neronismo, Duarte se dedicó a firmar millonarios
contratos de publicidad con dinero público para comprar el silencio y la
complacencia mediática. A muchos de sus “clientes” les quedó debiendo,
pero ni la furia de los dueños de los medios extorsionados por Duarte
alcanza para humanizar esta tragedia, para darle un rostro a este número
inaudito de víctimas.
Por eso también era necesario eliminar a
varios reporteros. No porque estuvieran vinculados al crimen organizado,
como fue el guión de Duarte. Los eliminaron para que nadie investigara.
Para que nadie diera cuenta de las pistas de este horror. Para que
siguiera reinando la “paz de los sepulcros clandestinos”, encabezada por
el jefe de la policía, Arturo Bermúdez.
Los partidos de oposición
siguen en ese juego del golpeteo permanente y nocivo como si lo único
que importara fuera el momento “mágico” de las elecciones presidenciales
del 2018, sin comprometerse ante este auténtico genocidio que ocurrió y
continúa en Veracruz.
El líder de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, se enfrasca con Miguel Ángel Yunes, a quien no le queda el
papel de honesto ni indignado. Yunes un día sí y otro también da
conferencias de prensa para desviar la atención de la gravedad de la
inseguridad en su entidad y el PAN lo defiende.
El PRI se indigna
por la detención de Flavino Ríos, el exgobernador interino que ocupó el
cargo tras la huida de Javier Duarte ante los ojos de millones de
mexicanos que lo escucharon horas antes de su partida en el noticiario
conducido por Carlos Loret de Mola. Ni una sola mención del líder
nacional priista al desastre humanitario que dejaron los gobiernos
priistas de Herrera y Duarte. Todos se lavan las manos.
Las fosas
clandestinas de Veracruz no son sólo el rostro de la miseria de la clase
gobernante jarocha. Constituyen una bofetada para todo el país que
sigue anestesiado frente a la espiral criminal de la que ya no se habla
en las pantallas televisivas, pero está desatada en Guerrero, Chihuahua,
Tamaulipas, Sinaloa, Morelos.
El investigador Alejandro Olvera, de la Universidad Veracruzana, escribió en un artículo de Reforma, a raíz de la fuga de Duarte en octubre de 2016 lo siguiente:
“La
crisis de Veracruz señala el principio del fin del actual régimen. La
sociedad no tolera más este modelo autoritario, ineficaz y corrupto del
que participan todos los partidos políticos. Se requiere pasar a otra
fase del proceso de democratización: la construcción de un verdadero
Estado de Derecho, cuyos ejes a corto plazo son la lucha contra la
corrupción y contra la violencia masiva de derechos humanos”.
Se
quedó corto el profesor Olvera. Se requiere una auténtica comisión de la
verdad para conocer hasta dónde en las fosas clandestinas de Veracruz
se enterró la esperanza de salir de esta pesadilla.
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