Los
más pobres de este país se encuentran en las comunidades indígenas. Las
propias cifras oficiales así lo señalan, ya sean las nacionales (como
las del Consejo Nacional de Población, Conapo, y el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, Inegi) o las internacionales (como las del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la
Organización Internacional del Trabajo, OIT).
Puntuales, los Índices de desarrollo humano
que el PNUD publica cada 2 años han señalado que alrededor de 10
municipios, con centenas de comunidades indígenas, mantienen niveles de
pobreza similares a los del África subsahariana; es decir, se encuentran
entre los más pobres del mundo. Y otros 100 municipios, con miles de
comunidades, están apenas por encima de ese rango. En realidad, todas
esas demarcaciones están sumidas en una miseria espantosa, donde no hay
médicos ni escuelas; donde los niños mueren por desnutrición, piquete de
alacrán o mordida de víbora; las mujeres fallecen en labores de parto, y
donde los hombres sucumben ante la tuberculosis.
El panorama es
el mismo ya sea en la Montaña de Guerrero o en la Sierra Tarahumara: los
indígenas padecen discriminación, desprecio y despojo estructurales que
los ha llevado a la pobreza extrema. Las migajas que se reparten por
medio de programas asistenciales sólo aseguran su dependencia y sólo
garantizan el objetivo en el que trabajan los mandamases desde hace casi
525 años: su exterminio.
Donde los indígenas se rebelan y se
organizan, logran emanciparse y mejorar sus niveles de vida colectiva e
individual. Donde los indígenas se mantienen pasivos, viviendo
principalmente de lo que les avientan los funcionarios, la situación no
sólo no mejora: cada vez es peor.
De destacarse, los casos de los
tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales y mames zapatistas, que hoy
han alcanzado un nivel de vida como probablemente no habían tenido desde
tiempos anteriores a la Conquista. O los na’saavi, me’phaa y nahuas de
zonas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero luchando por salir de la
pobreza más atroz del país. También se podría mencionar a los purépechas
de Nurío y Cherán, en Michoacán, que defienden sus montes y aguas.
A
veces una calle separa a los organizados de manera autónoma o popular
de aquellos que están corporativizados en un partido-gobierno y viven de
la limosna. El contraste es sorprendente. La dignidad, con todo y sus
problemas, de unos y la desventura de otros. En los primeros, los
proyectos productivos, educativos, el deporte, la autogestión y el
fortalecimiento de su lengua y cultura. En los segundos, el alcoholismo,
la violencia intrafamiliar y el futuro cancelado. En San Andrés
Sakamchén de los Pobres, pueblo tzotzil, me resultó sencillo distinguir
en la calle a un zapatista de quien no lo es: si golpea a su mujer o
ingiere alcohol, no es zapatista.
Por supuesto, los problemas,
entre ellos la pobreza, no han sido superados ni en las comunidades
indígenas organizadas. Desmontar medio milenio de oprobios, abusos y
desventajas es una tarea que ya está en marcha pero supera, incluso, a
los indígenas organizados.
Mientras, el Estado mexicano sigue
destinando miles de millones de pesos, supuestamente, a los indígenas;
es decir, a las mismas políticas fallidas y clientelares. Las mismas
políticas que no sacan de la miseria a los supuestos beneficiarios pero
sí promueven partidos y candidatos para cada proceso electoral, ya sea
municipal, estatal o federal. El Informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015,
publicado por la Auditoría Superior de la Federación, da cuenta de que
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi)
erogó 5 mil 65 millones 725 mil 800 pesos en “subsidios” para
“localidades indígenas que observan carencias y rezagos en materia de
comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento”.
Del
total de recursos, la ASF sólo auditó el uso que la Cdi dio a 885
millones 663 mil pesos. Se trata de 75 contratos de obra pública de
infraestructura básica por 792 millones 560 mil 800 pesos y tres
“convenios específicos de coordinación” con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) por 93 millones 102 mil 200 pesos. ¿Y qué encontró la
ASF?
Primero, que la Cdi no cuenta siquiera con un manual de
organización actualizado ni con una estructura organizacional aprobada.
El desastre en los trabajos empieza por aquí. Lo que sigue es que se
adjudicaron contratos a empresas que no cumplieron con los requisitos
establecidos en las bases de la licitación, por lo que no se pudo
garantizar que tales procesos se realizaran con “imparcialidad y
transparencia”.
Además, las obras no se entregaron en tiempo y
forma, tal y como se estipulaba en los contratos. A pesar de ello, la
Cdi no estableció penalizaciones a las empresas que incumplieron.
Por
otra parte, en 48 obras de infraestructura las delegaciones de la Cdi
en los estados no contaron con la autorización de las instancias
normativas para la ejecución de los trabajos. Por si fuera poco, se
firmaron actas de “entrega-recepción” de las obras sin que en realidad
éstas hubieran concluido.
Es apenas lo que se asoma en la
fiscalización practicada a la Cdi, la instancia encargada de las
políticas públicas en favor de los pueblos, naciones y tribus de México.
Volveremos, al detalle, de los casos enlistados por la ASF.
Zósimo Camacho
No hay comentarios.:
Publicar un comentario