El año pasado, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge,
hicieron que los congresos de los estados que saquearon, reformaran sus
constituciones y designaran fiscales anticorrupción que les cubrieran la espalda cuando salieran de sus encargos. En ese momento la PGR
promovió controversias constitucionales contra lo aprobado por los
congresos para evitar un escándalo mayor. Hasta el Presidente del PRI
pidió al Senado exhortar a la Suprema Corte para que resolviera
rápidamente las controversias, lo cual sucedió. A esas reformas de los
gobernadores priistas se les llamaron “paquetes de impunidad” y el
concepto no podía encerrar mejor la intención de esos corruptos que hoy
siguen en libertad.
Hoy, Peña Nieto y el Senado están construyendo su propio paquete de impunidad y no parece haber quien los pare.
En los próximos días, el Senado podría aprobar la designación del Primer Fiscal Anticorrupción, en un proceso sin transparencia ni participación ciudadana efectiva.
Desde el pasado mes de octubre, el Senado aprobó que sea su cúpula,
la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien proponga al pleno a
una sola persona para ser Fiscal Anticorrupción; es decir, la
designación prácticamente la estarían arreglando los coordinadores Emilio Gamboa del PRI, Fernando Herrera del PAN, Miguel Barbosa (o Dolores Padierna o Raúl Morón) del PRD y Carlos Puente del Partido Verde.
A pesar de que organizaciones de la sociedad civil pidieron que se
instalara un comité ciudadano que evaluara a las candidatas y candidatos
en sus comparecencias y propusiera una lista de personas idóneas para
ocupar el cargo, las comisiones de Justicia y Anticorrupción del Senado, han decidido reducir la participación de ese comité a testimonial,
prohibiendo la incidencia real sobre la decisión de la Junta de
Coordinación Política e iniciado las comparecencias esta semana, para
designar al Fiscal Anticorrupción la próxima semana.
Pablo Escudero, Presidente del Senado, puso desde diciembre el chantaje y
el sentido de urgencia, desde una mentira: “Cada día que no tenemos al
fiscal general (sic) ahí, dejamos de hacer una persecución acuciosa de
posibles delitos en materia de corrupción”.
Es mentira que Javier Duarte no esté en la cárcel o que no se persiga
a César Duarte y a Roberto Borge por no haber un Fiscal Anticorrupción.
Llevar a la justicia a esos y otros funcionarios corruptos, sería
posible si hubiera voluntad del actual titular de la PGR.
La reforma política de 2014, obligó al Senado a designar al Fiscal
Anticorrupción para ocupar ese encargo solo hasta el 18 de noviembre de
2018. Si no se hizo la designación antes, es porque se ha negociado
políticamente su nombramiento y justo ahora parece haber un arreglo a
cambio de avanzar en temas de una reforma más grande: la de la PGR, que
en la misma reforma política de 2014, se estableció que habría de
transformarse en la Fiscalía General de la República, para garantizar su
autonomía y de la cual dependería el Fiscal Anticorrupción.
De ahí la petición de distintas organizaciones, académicos y
activistas agrupados en el Colectivo #FiscalíaQueSirva, para avanzar en
el diseño de un nuevo modelo de investigación penal con procesos,
mecanismos y personal que garanticen romper el modelo de persecución
penal que tradicionalmente ha sido dirigido a derribar adversarios
políticos y no a investigar delitos que involucran a altos funcionarios.
Se necesita que la nueva Fiscalía General sea autónoma desde su diseño,
pero antes de ello, debe reformarse un artículo transitorio de la
Constitución que establece que el Primer Fiscal General será quien, en
el momento de declarar la creación de la Fiscalía General, sea titular
de la PGR.
El actual Procurador es Raúl Cervantes Andrade, el
“Fiscal Carnal”, designado por Peña Nieto el pasado mes de octubre y
ratificado en menos de 24 horas por el Senado, del cual formaba parte.
Cervantes es primo hermano del Consejero Jurídico de la Presidencia y ex
abogado general del PRI, ¿alguien podría creer que sería un fiscal
autónomo y que perseguiría con imparcialidad a los miembros de su
partido? Tras las críticas a su nombramiento, el mismo Peña Nieto envió
al Senado una iniciativa de reforma al artículo transitorio que daba el
pase automático de Cervantes a la Fiscalía General de la República, que
ni siquiera ha sido dictaminada por el Senado.
Por todo lo anterior es que Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía
General, van de la mano. De hacerse la designación del Fiscal
Anticorrupción en estos días, su autonomía sería de papel, pues en los
hechos dependería presupuestal y operativamente de la PGR de Raúl
Cervantes y apenas estaría ocupando su asiento, cuando en noviembre de
2018 tendría que salir. En esos términos, el anhelado Fiscal
Anticorrupción, sería una figura decorativa de la PGR,. De ahí que
Carmen Aristegui se refiriera a un Fiscal en esas condiciones como un
“Florero”, cuando entrevistaba a César Chávez, el ex visitador de la PGR
que preparó un informe sobre graves violaciones al proceso en el caso
Ayotzinapa, que fue cambiado tras ser destituido. Chávez es uno de los
30 aspirantes a Fiscal Anticorrupción y ha dirigido su crítica a los
problemas institucionales de la PGR y su falta de autonomía. Es
sintomático que un ex funcionario de la PGR insinúe corrupción de la
institución, mientras participa en el proceso de designación del Fiscal
Anticorrupción, ¿no?
El Acuerdo de las Comisiones del Senado ante las que están
compareciendo las candidatas y candidatos, estableció que el Comité
Técnico de Acompañamiento estaría integrado por ciudadanos propuestos
por las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron los procesos
legislativos del Sistema Nacional Anticorrupción. Todas las
organizaciones declinaron la participación por no existir condiciones
para una designación transparente y entonces el Senado llamó a seis
académicos y al ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, para integrar
un comité sin capacidad real de incidencia, para tratar de legitimar el
proceso. Un Comité Florero para elegir a un Fiscal Florero.
Y mientras la designación del Fiscal Florero avanza, se negocian, en
lo oscuro, asuntos de la Reforma a la PGR. Por eso el colectivo
#FiscalíaQueSirva ha exigido al Senado, la cancelación del proceso de
designación del Fiscal Florero hasta que no se avance, de cara a la
Sociedad, en las reformas necesarias para lograr un diseño institucional
de la nueva Fiscalía General, que logre un cambio sustantivo respecto
de la PGR y reduzca la impunidad de delitos de alto impacto social; así
como para contar con un proceso público de designación del Fiscal
General que garantice la elección de una persona con base en su
independencia, su mérito y su prestigio. Se pide lo lógico: crear una
institución donde quepan un Fiscal Anticorrupción y un Fiscal General
autónomos, antes de cualquier designación.
El PAN en el Senado afirmó el pasado domingo que no se nombrará al
Fiscal Florero hasta que no se culmine a legislación pendiente que
garantice la autonomía de la Fiscalía General y la independencia de su
titular; sin embargo, si las comparecencias se realizan esta semana sin
modificar el acuerdo que permite que la Jucopo haga una sola propuesta
de Fiscal Anticorrupción al Pleno; y no se permite que la sociedad
incida efectivamente en la generación de una lista de candidatas y
candidatos, la amenaza de que el nombramiento se haga de un momento a
otro seguirá latente, una vez que hayan recaído los dictámenes de
idoneidad de las 30 candidatas y candidatos que quedan.
El Senado debería parar el proceso de designación y corregir los
errores y deficiencias. El Fiscal Anticorrupción ocupará una silla del
Sistema Nacional Anticorrupción, pero no debe ser un simple adorno del
mismo. Es preferible que Cervantes se siente en esa silla como titular
de la PGR mientras se crea una Fiscalía que sirva, a que el sentido de
urgencia haga que los temas prioritarios se pongan en una negociación
simplona y opaca de la cúpula senatorial.
El próximo viernes 17 de marzo, #FiscalíaQueSirva
comparecerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
Washington, para exponer estos temas. Se ha invitado a representantes
del Senado a estar presentes en la audiencia, como parte del Estado
Mexicano.
Si el Senado hace caso omiso y avanza en la designación, se
consolidará como autor del paquete de impunidad de Peña Nieto y los
funcionarios corruptos del sexenio. Es increíble que sigan sin entender
que la sociedad ya no merece más de lo mismo. Quizás haber metido la
reforma al sistema de procuración de justicia en la reforma política de
2014, fue un lapsus que explica cómo se ha usado ese sistema para fines
políticos. Un modelo que ya no aguanta más.
Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro
No hay comentarios.:
Publicar un comentario