La
red de tiendas y farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) está en ruina. También,
en vías de extinción: desde 2013 opera un plan deliberado –pero
caótico– para cerrar definitivamente este servicio, que buscaba dar
cobertura en un esquema de tienda de autoservicio pero con precios
justos a derechohabientes y al público en general.
En
2015 se resintió la estrategia, cuando en las tiendas y farmacias se
agudizó el desabasto de productos. En ese año, diversos proveedores
señalaron que se les adeudaban millones de pesos y por ello no surtían
productos a la red.
Oficialmente, los objetivos del sistema de
abasto conocido como Superissste “son vender productos básicos y bienes
de consumo, así como medicamentos y materiales de curación, a los
mejores precios posibles en relación con las condiciones vigentes en el
mercado; concertar y realizar programas de comercialización y acceso a
bienes y productos en condiciones y precios preferentes; y organizar
sistemas y mecanismos de crédito al consumo aprovechando en las
capacidades financieras y operativas del Instituto”.
No obstante
su importancia –pues en México abundan personas en condición de pobreza y
miseria que requieren de este tipo de tiendas–, la quiebra es
inminente: actualmente quedan 70 unidades abiertas, pues entre 2014 y
2015 cerraron 311 (87 en 2014 y 224 en 2015), lo que generó además la
pérdida de más de 540 empleos.
El proceso de cierre ha sido un
caos en perjuicio del erario del ISSSTE, revela el más reciente informe
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Aunado a ello, el
sistema departamental presenta un serio problema de liquidez, que aún se
traduce en desabasto de mercancías en las unidades de venta.
El
año auditado coincide con el de la mayor crisis: 2015. Y lo que revela
la Auditoría Superior es desolador: al 31 de diciembre, el saldo de
proveedores sumó 1 mil 331 millones 493.5 mil pesos. Pero hasta en esta
cifra encontró inconsistencias el órgano fiscalizador, pues resultó
superior en 6.6 por ciento (82 millones 121.6 mil pesos) respecto de los
1 mil 249 millones 372.3 mil pesos reportados en el sistema BAAN, de la
Jefatura de Departamento de Egresos y Recepción de Documentos. La deuda
se trasladó al ejercicio 2016 y hasta la fecha en la que la ASF
concluyó la auditoría, el Superissste no acababa de saldarla.
Deuda en renta
Los
adeudos del Superissste no se limitan a proveedores, también incluyen a
arrendadores de inmuebles. Y es que entre las anomalías detectadas por
el máximo órgano de fiscalización está el hecho de que 178 unidades de
venta cerradas reportaron un saldo pendiente de pago por arrendamiento
por 26 millones 434 mil pesos.
De acuerdo con el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2017, el ISSSTE destinará este año 108 millones
187 mil 992 pesos a “fortalecer la infraestructura inmobiliaria de las
unidades de venta del Superissste, a efecto de disponer de instalaciones
apropiadas para el desarrollo de las actividades comerciales”. Dinero
que podría quedar comprometido por esos adeudos.
Pero el Instituto
y el Superissste parecen no darse cuenta de la situación: la versión
oficial apunta que la red de abasto continúa “brindando sus servicios en
cumplimiento del objeto para el que fue creado el Superissste, y su
principal acción se concentra en garantizar el abasto en las tiendas,
por medio de un nuevo esquema de trabajo con los proveedores y de la
renovación de productos, a fin de brindar servicios y productos de
calidad”.
Plan de desmantelamiento
Aunque el
desmantelamiento avanza, uno de los mayores problemas es que carece de
planeación, programa de trabajo y ruta crítica, advierte la ASF. O al
menos eso es lo que detectó en el proceso de supresión de 224 unidades
de venta ocurrido en 2015.
Ejemplo de ello es que a las
autoridades del Superissste se les “olvidó” evaluar oportunamente las
hojas de devolución de mercancía de las tiendas cerradas. Y pues como no
se trata de su dinero, causaron un daño patrimonial por 927.3 mil pesos
entre 2012 a 2015.
Y es que la negligencia derivó en que los
auditores encontraran diversos productos de la canasta básica y
abarrotes en proceso de descomposición y contaminados, lo que
“representa un riesgo sanitario y genera fauna nociva en la unidad de
venta”.
Durante la inspección, “no se observaron acciones
oportunas de ofertación de la mercancía para su venta, acciones de
seguimiento ni inventario de clasificación de mercancía apta para venta o
desecho de productos o, en su caso, destrucción de mercancía, cuyo
costo debía ser cargado al proveedor, conforme a la normativa”.
Y
como en México reina la impunidad, nadie se preocupó por obedecer los
mínimos lineamientos. “Por lo anterior, la entidad fiscalizada tendrá
que absorber el costo de la destrucción y, considerando que la revisión
representó tan sólo el 8 por ciento (18 unidades de venta) de las 224
unidades de venta suprimidas, el costo de la destrucción y el importe de
las devoluciones en resguardo no ofertadas será muy alto”, señala la
ASF.
Como era de esperarse, el Superissste también “perdió”
mercancía. Según un acta circunstanciada de hechos, “en la Gerencia
Regional Sureste se observó que en la unidad de venta 103 Campeche, la
mercancía en resguardo –por 28.1 mil pesos– se remitiría a la unidad de
venta 174 Mérida; dicho documento careció de la firma del gerente de la
unidad, quien señaló que no recibió la mercancía, por lo que no se
comprobó su destino final, y la Subdirección de Control y Supervisión no
proporcionó información al respecto”.
Y otros productos
“aparecieron de la nada”. “Se comprobó que en la zona metropolitana
[tienda de Vértiz, en la Ciudad de México] se encontraron 1 mil 688
piezas de mercancía no relacionadas en el acta de entrega-recepción, de
las cuales se desconoce el precio, toda vez que no contaron con hoja de
devolución”. Así, el cochinero en el Superissste.
Nancy Flores
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