By Centro Vitoria *
En
los últimos días hemos escuchado sendos debates sobre la iniciativa de
Ley de Seguridad Interior que presentaron el Partido Acción Nacional y
el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso, de principio, y a
los que respondieron con iniciativas similares Movimiento Ciudadano y
el Partido de la Revolución Democrática. Un reclamo del secretario de la
Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, bastó para movilizar a
los representantes de las bancadas partidarias, que en un tris
saltaron apresurados a congraciarse con el que parece ser un aliado
importante para que alguno de sus candidatos gane la silla presidencial
en las próximas elecciones y se mantenga ahí todo el sexenio.
Por
encima de la voz del secretario de la Defensa Nacional no parece haber
voz ciudadana que alcance la potencia suficiente para ser escuchada y
atendida. Las víctimas civiles de esta “guerra”, cuyo clamor diario
escuchamos en las calles, noticieros, foros y asambleas, no tienen un
ejército detrás y no les basta un reproche para mover a un Congreso. Las
Fuerzas Armadas, en cambio, tienen viento favorable para
permanecer en las calles, carreteras, estaciones migratorias y
estratégicos puestos de responsabilidad pública en el control de la
seguridad, con el consecuente crecimiento de su poder fuera de los
márgenes de vigilancia civil.
Personas defensoras de derechos
humanos, investigadores e investigadoras, intelectuales y víctimas de la
acción de los militares hemos exigido, no de ahora, sino de años, el
retiro programado de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública.
Programado porque sabemos que hay lugares del país en donde
las instituciones civiles fueron carcomidas por la corrupción, pero no
sólo de las policías, también de quienes ostentaban cargos de
representación. Esa corrupción endémica, endemoniada, fue la
justificación perfecta para quienes veían y aún ven en el ejército a “la
única institución incorruptible” en un país en el que torcerse es la
regla.
Si observamos con más detenimiento nos daríamos cuenta de
que poco o nada sabemos de lo que sucede dentro de las Fuerzas Armadas y
sus abogados trabajan para que se mantengan así las cosas: herméticas,
reservadas, en secreto y opacidad. De ahí que se conserve está imagen en
lo general pulcra, que no se puede tocar ni con el pétalo de una solicitud de información o una comisión de la verdad para el esclarecimiento de crímenes del pasado.
La
política de seguridad actual está dentro de ese terreno de lo
inaccesible y opaco: discusiones secretas, resultados oficiales
indecibles y ocultos, tan vergonzantes y atroces que sólo mediante
filtraciones algo llega a saberse entre la ciudadanía. Informes como el
publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el
reporte emitido por el Instituto Belisario Domínguez del Senado dan
cuenta del aumento de violaciones a derechos humanos en proporción
directa con el mayor número de efectivos militares involucrados en
tareas de seguridad pública. Con la ley que pretende aprobarse no
cambiará esta situación; por el contrario, se hará más profunda la
brecha entre el poder civil y el poder militar; se profundizará la
influencia política de los militares.
Pese a todo, es claro que
“la guerra contra el narcotráfico” no ha sido eficaz para desmantelar
las organizaciones criminales que trafican droga a Estados Unidos;
tampoco ha bajado el volumen del producto que se introduce en aquel país
y los indicadores demuestran que el consumo de drogas de los
estadunidenses ha ido en aumento; lo que sí ha ocurrido es que mientras
se dotó a las Fuerzas Armadas de mayor presupuesto y margen de maniobra,
las policías continuaron corrompidas, sin presupuesto y sin
capacitación suficiente; situación que no favorece la desmilitarización
del país y que representa una amenaza grave al cumplimiento de los
derechos humanos.
Por ello es preciso capacitar y fortalecer a las
policías civiles para que asuman honrada y eficazmente la tarea de
salvaguardar la seguridad pública en el país; paralelamente habrá que
dialogar y trabajar en una propuesta de retiro programado de las Fuerzas
Armadas así como repensar la política de drogas. Desde luego, nada de
lo que decimos aquí se logrará a punta de plumas y micrófonos, será
necesaria la organización y la movilización de las personas para
defender su derecho a la paz, la democracia, la libertad y la vida
frente a esta verdadera amenaza.
Sayuri Herrera Román*/Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
*Colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (www.derechoshumanos.org.mx); maestra en derecho
[OPINIÓN]
Contralínea 530 / del 12 al 18 de Marzo 2017
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