By Claudia Villegas
En
la administración de Donald Trump nada parece ser aleatorio; todo está
planeado y el gobierno mexicano tendría que estar preocupado por la
defensa de la soberanía y la seguridad de sus ciudadanos, quienes ya de
por sí se encuentran en riesgo ante el vecino del norte.
En
línea con su promesa de cumplir todas y cada una de sus propuestas de
campaña, Trump amarró en el Departamento de Migración de Estados Unidos a
los operadores que le permitirían controlar procesos en el gobierno
mexicano e información estratégica que, hasta hace algunos meses, se
encontraban fuera de su alcance.
La situación, sin embargo, cambia
radicalmente y para lograr esa vigilancia de extranjeros no sólo
participa el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, sino también el
Legislativo.
Hace apenas unos días, la Oficina General de Control
del Congreso estadounidense (GAO por sus siglas en inglés) dio a conocer
un reporte de 45 páginas bajo el nombre Seguridad en la frontera.
El Departamento de Migración avanza en la planeación de un sistema
biométrico de identificación; sin embargo, los retos permanecen.
Ahí,
los auditores del Congreso reconocieron que con la Agencia de Servicios
Migratorios de Canadá se han dado pasos importantes desde la firma de
un acuerdo en octubre de 2012, que les ha permitido el intercambio de
registros de los visitantes que llegan a través de cruces fronterizos
entre ambos países.
Sin embargo, en el caso de México – refiere la
GAO – la frontera sur de Estados Unidos permanece vulnerable y no
“presenta las mismas oportunidades” de control que con Canadá. La razón
de este retraso, de acuerdo con el reporte, es que México no cuenta con
la infraestructura fronteriza y la tecnología para la recopilación de
datos, lo que limita seriamente los esfuerzos de seguridad del gobierno
estadounidense.
Por ello, la GAO reporta que funcionarios del
Departamento de Migración de ese país aseguran que ya iniciaron las
discusiones con sus contrapartes en el gobierno mexicano para comenzar
la operación de un “plan piloto” en territorio mexicano y fronterizo
para “capturar” información de viajeros que lleguen a su país.
El
objetivo será alcanzar el mismo nivel de información que se obtiene
gracias a los acuerdos fronterizos e informativos con Canadá. Además, el
Departamento de Migración también explora otros métodos y tecnologías
para obtener toda la información biográfica y biométrica de los
visitantes que llegan a ese país a través de la frontera con México.
En
San Diego, refiere la GAO, el Departamento de Migración de Estados
Unidos inició un plan piloto para aplicar pruebas biométricas de salida.
Sería para este año fiscal 2017 cuando las autoridades migratorias
entreguen los primeros resultados de estas pruebas de reconocimiento
facial, de huellas digitales y captura de iris.
En 2015, cuando se
realizaron las primeras pruebas para la captura de información
biométrica en San Diego (Otay Mesa), defensores de derechos humanos
manifestaron su inconformidad. Pero el obstáculo, desde entonces, lo
representaba la ausencia de tecnología para generar grandes y robustas
bases de datos. Pero eso cambiará gracias al Instituto Nacional
Electoral (INE), que encabeza Lorenzo Córdoba, quien está dispuesto a
colaborar con las autoridades de EU.
Licitan información de mexicanos
El
Congreso mexicano tendría que solicitar al INE la información de la
licitación internacional para la “Solución de identificación biométrica
mediante 2 y 10 huellas dactilares e imagen fácil”, cuyo fallo se dio a
conocer el pasado 20 de junio.
Si bien el proceso comenzó desde el
primer trimestre de 2016, se trata de un proyecto planeado desde hace
varios años. Resulta que el contrato por más de 14 millones de dólares
(un monto relativamente pequeño tomando en cuenta la importancia de la
información biométrica) fue adjudicado a la empresa Morpho, que aquí
representa Rafael Luengo Bengoa y que es filial del grupo francés
Safram, un activo contratista del Departamento de Defensa de Estados
Unidos, a través del cual se busca –como lo ha anunciado una y otra vez
Trump- convertir a la información biométrica en la nueva arma para la
defensa de los intereses hegemónicos de su país.
La Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, bajo la
responsabilidad de Rosa Elena Martínez, otorgó ese contrato a Morpho
S.A.S luego de que en la licitación pública internacional abierta con el
registro LP-INE-012/2016 participaron otras compañías como NEC, experta
en tecnología bancaria; Informática el Corte Inglés y Grupo de
Tecnología Cibernética, este último resultó descalificado del proceso.
Casualmente,
en otras licitaciones como aquella que convocó la Secretaría de
Relaciones Exteriores para la elaboración de pasaportes con códigos y
medidas de seguridad digitales, Morpho participó en un consorcio con el
mismo Grupo de Tecnología Cibernética. En aquella licitación, tanto como
Morpho como el Grupo de Tecnología Cibernética, impugnaron el contrato
para la elaboración de pasaportes ante la Secretaría de la Función
Pública, sin que la queja prosperara.
Pero el dato más revelador
de entre los antecedentes de Morpho S.A.S tiene que ver con las ligas de
sus directivos con el equipo de transición de Donald Trump en 2016 y
ahora con los responsables de entidades como el Servicio de Migración de
Estados Unidos.
De acuerdo con el portal de periodismo de
investigación Intercept, Trump aseguró que el gobierno estadounidense
investigaría hasta el último rincón de las mezquitas y que controlaría
una poderosa base de datos de la gente que llega a su país desde Siria.
México no será la excepción.
El desarrollo de complejos
algoritmos, de tecnología para el reconocimiento facial y la expansión
de soluciones para verificar identidad, son sólo algunas de las
obsesiones de Donald Trump en la ejecución de las estrategias de las
agencias estadounidenses encargadas de la seguridad nacional.
Intercept
aporta datos relevantes sobre los vínculos de Trump con los accionistas
de la firma francesa Safran, filial de Morpho. Veámos: Michael T
Dougherty, expresidente y lobista de la Secure Identity & Biometrics
Association, es ahora ombudsman del Servicio de Migración. Antes,
Dougherty participó activamente en el equipo de transición de Trump.
Además
de contar con tecnología para recuperar datos biométricos que ya
también fue adquirida en India, Morpho ha sido criticada por desarrollar
una herramienta que asemeja un buscador como Google dedicado a capturar
y almacenar información sobre potenciales terroristas, buscando
información de reconocimiento facial. Esta herramienta estaría atentando
seriamente contra la privacidad.
Otro nombre relevante es el de
Brad Buswell, un exdirectivo de Morpho Detection, subsidiaria de Safran,
quien también fue clave en un contrato para equipo de detección en el
sector transporte. Buswell también formó parte del equipo de transición
de Trump.
Otro más: John Sanders, cabeza de Pramantha Solution,
especialista en inteligencia geoespacial, también fue parte del grupo de
apoyo de Trump en los días posteriores a su victoria en las elecciones
estadounidenses. En Estados Unidos el presupuesto para tecnología
asociada a la captura de datos biométricos es de 65 millones de dólares y
van por más.
El argumento del gobierno estadounidense para
impulsar las tecnologías de información biométrica se centra en el alto
índice de mexicanos que ingresan legalmente pero que, al terminar su
periodo como turistas o viajeros de negocios, simplemente deciden
quedarse.
De acuerdo con la información del Departamento de
Migración y Seguridad Interior de Estados Unidos, en el año fiscal 2015
más de 2 millones 896 mil 130 mexicanos llegaron a Estados Unidos. De
ese número, más de 45 mil 272 decidieron violar las leyes migratorios y
exceder su tiempo de estancia o permanecer en ese país, lo que
constituye una tasa de permanencia ilegal de 1.56 por ciento, apenas
inferior al de otros países de Asia (1.74 por ciento). En ese año, más
de 500 mil extranjeros llegaron a Estados Unidos sin que fuera posible
recuperar información biométrica y localizarlos fácilmente.
El
INE, con su más reciente licitación, coloca en charola de plata los
datos más sensibles de la población mexicana. Será una empresa
extranjera con fuertes vínculos con el gobierno de Trump la que controle
una base de datos que debería ser considerada como seguridad nacional.
Bancos extranjeros, por cierto, también se frotan las manos para tener
acceso a estas bases de datos que, como ya confirmamos, no están seguras
y ponen en riesgo la integridad de millones de mexicanos.
Claudia Villegas
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