Lo que ha venido sucediendo en el país desde
hace ya 35 años puede ser catalogado, sin temor a equivocarnos, como
estancamiento económico con regresiva distribución del ingreso. El
modelo neoliberal en el país ha dejado un rastro de lento crecimiento de
la productividad del trabajo y, por consiguiente, de la producción;
creciente desigualdad, exclusión y marginalidad. Hoy en día cerca del 60
por ciento de la ocupación se concentra en la llamada economía
informal, propia de actividades de muy baja productividad y de
remuneraciones misérrimas.
Frente a esto las
clases populares, principalmente obreros urbanos y campesinos, han
mantenido una actitud más bien pasiva con breves episodios de rebeldía
social. Un modelo así sólo puede sostenerse si existe una apatía total
de la población. O bien, si emergen protestas, por la vía de la
represión abierta: ejemplos recientes son el caso de Atenco (2006),
Trabajadores de Luz y Fuerza (2009), estudiantes de Ayotzinapa (2014),
jornaleros de San Quintin (2015) y el movimiento magisterial-Nochixtlán
(2016), por mencionar algunos. Y ante hechos recientes, como el
“gasolinazo”, pareciera que a las protestas se suman capas medias
enfurecidas. Y es posible que los brotes de rebeldía y descontento
social sean más prolongados e incluso permanentes. Por otro lado,
también cabe esperar una respuesta dura del gobierno: el uso de la
coacción física. Esta respuesta se mantiene latente (como amenaza
implícita), abierta en los casos señalados y a veces, disfrazada: se
dice que el culpable es la delincuencia y los grupos del narcotráfico.
El problema del narcotráfico y la delincuencia organizada se tornó
grave en el país durante la primera década del nuevo siglo. Si bien ha
existido desde años precedentes es durante el sexenio del presidente
Felipe Calderón cuando se desborda. Los cuerpos mutilados, colgados y
miles de civiles “dañados colateralmente”, junto a tropas y escuadrones
del ejército y la policía federal acaparando las calles de diversas
regiones del país fue lo característico del sexenio. Como promedio
anual, se llegó a una cifra que gira entre los 40-50 mil personas
muertas por año.
La llamada guerra contra el narco fue un
incentivo fuerte para el descomunal incremento del gasto de gobierno en
actividades de seguridad nacional e impartición de justicia y orden
público. El gasto pasa de 142 mil 484 millones de pesos en 2006 a 284
mil 400 millones de pesos en el 2012. Es decir, se incrementó en
¡100.0%! en tan sólo seis años.
En los últimos tres años del
gobierno de Vicente Fox (2003-2006) el gasto señalado había aumentado en
cerca de 32.0, y en los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña
Nieto el gasto ha aumentado en 26.0%. Dada la disponibilidad de las
cifras no hemos podido ir más atrás de 2003, pero según datos del
Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo el
gasto militar (no incluye otros rubros que aquí se han tomado en cuenta)
como porcentaje del PIB era de 0.48% en el año 2000. Tan sólo en el
periodo que va de 2003 a 2015, el gobierno gastó, en promedio, 215 mil
495 millones de pesos en actividades de seguridad nacional e impartición
de justicia y mantenimiento del orden público [1], gasto que representa
1.7% del producto interno bruto.
Los gastos realizados en
actividades de seguridad nacional se incrementaron en 148.3%, es decir, a
una tasa cercana al 8.0% promedio anual. Mientras que el gasto
realizado en impartición de justicia y orden público lo hizo en 261.0%,
lo equivalente a 11.3% promedio anual.
Para dimensionar el
crecimiento fortísimo de los gastos de seguridad, se puede comparar con
el crecimiento del PIB. En el periodo, el producto se incrementó en
36.0%, es decir, a un ritmo de 2.4% promedio anual. El producto agrícola
(primer gran sector) creció en 18.1%, o sea, a una tasa de 1.3%
promedio anual. Por su parte, sector industrial (manufacturero en
específico) se expandió en 30%, lo que significa un ritmo anual de 2.0%.
Dado esto, se puede observar que los gastos de seguridad nacional
crecieron a un ritmo de poco más de tres veces el del PIB (3.3), de 6
veces mayor al del sector agrícola y de cuatro veces el ritmo del
producto industrial. A estos ritmos de crecimiento los gastos de
seguridad nacional se duplicarán en 9 años, mientras que el PIB
necesitará de ¡30 años! Para duplicarse.
En los cuadros que
siguen (1 y 2) se muestra la evolución de los diversos gastos de
“seguridad” y cuál es su importancia relativa en relación a algunos
indicadores macroeconómicos básicos.
El gasto de gobierno en
seguridad nacional representaba 3.27% del gasto de gobierno total en
2003, se redujo para 2006 a 2.7% para terminar el sexenio de Calderón en
3.4%; en 2013 se mantenía en 3.11%. Los gastos en impartición de
justicia y mantenimiento del orden público pasaron de 9.14% a 12.64%
sobre el gasto de gobierno total. Esto puede explicarse por los elevados
sueldos que perciben los jueces y magistrados, así como el tremendo
despilfarro que se realiza en las operaciones de los juzgados
(papelerías, oficinas, transportes, etc.), así como los elevados gastos
que representa mantener las saturadas prisiones del país.
No se
debe olvidar que gran parte de este gasto no se esfuma y ya, sino que
con cargo a dicho gasto el gobierno adquiere metralletas, rifles,
fusiles, chalecos antibalas, cascos y visores de guerra, tanques, etc.,
es decir, un arsenal a disposición del brazo armado del Estado. Otra
parte del gasto se destina a rubros administrativos y remuneraciones a
personal burocrático en juzgados, reclusorios y oficinas de control
policiaco y militar. Pero en conjunto, conforman un gasto necesario del
gobierno para mantener, en el largo plazo, el control y orden del
llamado “estado de derecho”.
Cuadro 1. Evolución
del gasto de gobierno en actividades de seguridad nacional, impartición
de justicia y orden público. Porcentajes.
| Actividades de Seguridad Nacional | Impartición de justicia y orden público | Total | |||||||
Periodo | | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
2003-2006 | Vicente Fox | 5.9 | 1.9 | 0.3 | 41.1 | 12.2 | 1.1 | 31.8 | 9.7 | 1.38 |
2006-2012 | Felipe Calderón | 103.8 | 12.6 | 0.4 | 98.5 | 12.1 | 1.2 | 99.6 | 12.2 | 1.60 |
2012-2015 | Enrique Peña Nieto | 15.1 | 4.8 | 0.4 | 28.8 | 8.8 | 1.5 | 25.9 | 8.0 | 1.91 |
Notas: A: variación porcentual del periodo; B: tasa de crecimiento promedio anual; C: relación sobre PIB, en porcentajes.
Fuente: elaborado a partir de datos de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, series en precios corrientes.
La situación que así se va perfilando es llamativa.
Primero, tenemos que el modelo neoliberal se traduce en bajos ritmos de
crecimiento (se puede hablar de una situación de cuasi-estancamiento),
amén de que funciona con una capacidad de absorción ocupacional que es
prácticamente nula. En este ámbito, la población que no encuentra un
trabajo formal busca diversas salidas: a) migrar al extranjero (a
Estados Unidos en especial); b) se transforma en vendedor ambulante u
otros modos que asume la informalidad y marginalidad; c) se desliza a
actividades ilegales: narco, robo, secuestros, etc.
Ante esta
situación, sobretodo la del tipo c), hemos visto que el sistema responde
aumentando fuertemente sus gastos en seguridad. O sea, una situación
que el mismo sistema genera, da lugar a un gasto adicional para “cubrir”
los mismos daños del sistema.
La lógica parece siniestra: primero se crean los criminales y luego las fuerzas policiales y militares que los deben perseguir.
Segundo: estos gastos en la llamada seguridad, son gastos que en términos económicos responden al denominado “trabajo improductivo”.
Es decir, el personal de todo tipo comprometido en tareas policiales,
militares y conexas, es ajeno a las tareas de producción. Por lo mismo,
su existencia obliga a trasladar parte del excedente generado en el
sector productivo a la mantención de estas actividades. En las cuales se
consumen productos, pero no se generan productos. ¿Cuánto excedente
consumen estas actividades? La relación de estos gastos respecto a la
plusvalía generada por el sistema es una buena aproximación. En el año
2003 representaba 1.86% de la plusvalía. Al inicio del sexenio de
Calderón (2006) se encontraba en 1.76%, para terminarlo en 2.24%. Con
Peña Nieto esta relación fue de 2.48%, dato para 2013.
De aquí
la pregunta: ¿no sería más eficaz aplicar estos recursos a la
acumulación, a crear las ocupaciones productivas que el sistema no viene
siendo capaz de generar? Hablar de esa eventual reasignación de
recursos es sencillo. Pero, ¿el sistema será capaz de impulsar tales
medidas? Esto, parece bastante menos sencillo. Peor aún, quizá sea
imposible en los marcos hoy vigentes.
Cuadro
2. Evolución del gasto de gobierno en actividades de seguridad nacional,
impartición de justicia y orden público. Porcentajes.
| Actividades de Seguridad Nacional | Impartición de justicia y orden público | Total | |||||||
Periodo | | D | E | F | D | E | F | D | E | F |
2003-2006 | Vicente Fox | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 9.7 | 1.1 | 1.4 | 12.7 | 1.38 | 1.80 |
2006-2012 | Felipe Calderón | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 10.9 | 1.2 | 1.6 | 14.1 | 1.60 | 2.09 |
2012-2015 | Enrique Peña Nieto | 3.2 | 0.4 | 0.5 | 12.4 | 1.5 | 2.0 | 15.6 | 1.91 | 2.48 |
Nota: D: relación sobre gasto en Consumo de Gobierno; E: relación sobre PIB; F: relación sobre masa de plusvalía anual.
Fuente: Cuadro previo y masa de plusvalía estimada por el autor (tesis de doctorado).
Nota:
[1] Contempla actividades de prevención y combate de la delincuencia y el
narcotráfico a través de cuerpos de seguridad pública (policías),
juzgados y tribunales, reclusorios y control de tráfico vehicular. Así
como las actividades de seguridad nacional realizadas por el ejército,
la marina armada, fuerza aérea y la guardia nacional.
Juan Salazar Vázquez. Doctorante, Facultad de Economía-UNAM.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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